Nicaragua, junto a Venezuela y Cuba, representan un desafío constante para la comunidad internacional y de manera especial para los actores democráticos de América Latina. En estos momentos la atención internacional está puesta sobre Venezuela y los acontecimientos que se puedan desencadenar a partir de la pretensión de Nicolás Maduro de permanecer en el poder, a pesar de que el 28 de julio de 2024, perdió las elecciones presidenciales frente a Edmundo González Urrutia.

El 10 de enero de 2025, el mismo día en que el presidente electo Edmundo González debe tomar posesión en Venezuela, en Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo materializará una de las aberraciones jurídicas y políticas más grandes en la historia del país: aprobará en segunda legislatura una reforma a la Constitución que significa la instalación de un régimen político con un modelo de Estado totalitario, que además representa un retroceso fatal en cuanto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las implicaciones de estas supuestas reformas parciales que transformaron casi totalmente la Constitución, marcan un punto de inflexión en el proceso político de Nicaragua y deben servir como señal de alarma para la comunidad internacional, especialmente para los países de Latinoamérica, porque constituyen el basamento de una nueva dinastía familiar en la región. Este es un mal ejemplo para quienes, desde sus posiciones de poder, promueven proyectos autoritarios en la región, especialmente en Centroamérica, todavía aquejada por gobiernos y líderes autoritarios.

Se trata de un hecho de mayor importancia que no puede pasar desapercibido para los actores democráticos de la comunidad internacional, porque deja sentado un peligroso precedente para toda América Latina y el resto del mundo.

Seguiremos sumando esfuerzos

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), hace un fehaciente llamado a la comunidad internacional, a los Gobiernos y actores democráticos del hemisferio, de Europa y otras regiones del mundo, para que durante el 2025 mantengan a Nicaragua entre sus prioridades de acción y sigan acompañando a las organizaciones y la ciudadanía nicaragüense en su demanda de democracia, justicia y libertad.

En ese sentido, confiamos en que la administración de Donald Trump que asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, continúe respaldando las acciones de presión contra la dictadura de los Ortega Murillo. 

Además, esperamos que los gobiernos de los países de Europa se sumen para empujar acciones coordinadas contra la dictadura de Nicaragua; que los Organismos Financieros Internacionales (IFI), no sigan facilitando fondos que contribuyen al sostenimiento del régimen Ortega Murillo; y que los organismos internacionales de derechos humanos sigan acompañando firmemente las denuncias y búsqueda de justicia para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido los Ortega Murillo.

A nuestros hermanos venezolanos, les reiteramos nuestra solidaridad y esperamos que pronto se abran las puertas de un futuro, democrático y libre para su país y que esto suceda también en Nicaragua.

Mientras eso ocurre la CDN seguirá sumando esfuerzos junto a otros actores nicaragüenses, para alcanzar la ansiada transición hacia la democracia y el restablecimiento de los derechos y libertades ciudadanas. Una de las tareas que se mantendrá como prioridad, es la labor de incidencia internacional en busca de justicia para las víctimas y que los responsables de los crímenes no queden impunes. Los desafíos son grandes, pero el compromiso con la libertad de Nicaragua es mayor.

La nueva Constitución de los Ortega Murillo frente al comercio y la inversión

La dictadura de los Ortega Murillo refrendará en los próximos días una nueva Constitución de naturaleza totalitaria bajo un poder centralizado en una presidencia binaria que les asegura la sucesión dinástica, subordina a los anteriores poderes del Estado y los transforma en órganos bajo su coordinación. Esto bajo el concepto de una supuesta democracia directa, que se aparta del modelo republicano y democrático, tradicional en América Latina.

Nicaragua ya no se constituye en un Estado democrático y social de derecho comprometido con la preeminencia de los derechos humanos, la nueva Constitución lo proclama como un Estado revolucionario. Al eliminar el principio del Estado de derecho, se transforma en un sistema donde prevalecerá el autoritarismo, la arbitrariedad y la corrupción; sin respeto alguno para las normas jurídicas, sin balances ni contrapesos, donde las leyes se aplican para beneficio del régimen.

La subordinación de los anteriores poderes del Estado a la presidencia es grave para empresarios e inversionistas, ya que el sistema Judicial no garantizará juicios apegados a la ley en la solución de controversias.

Con un modelo de Estado que legalizó el totalitarismo y la arbitrariedad no puede existir confianza para emprender negocios, porque desapareció la capacidad de anticipar resultados futuros. Sin Estado de derecho es imposible garantizar la predictibilidad en los negocios, que para funcionar adecuadamente necesitan reglas claras, estables y aplicadas de manera justa e imparcial; y sin estas, solo puede generarse incertidumbre propia de un Estado revolucionario como el que se proclama en la nueva Constitución.

Cambiaron el capítulo 6

El capítulo 6 de la nueva Carta Magna que se refiere a la economía, no incluye los conceptos y garantías fundamentales para el respeto de la propiedad privada y un apropiado clima de negocios. Tampoco el modelo de alianza, diálogo y consenso, que existía entre el Gobierno y los empresarios, ni ninguna otra referencia al sector privado.

También quitaron la responsabilidad de proteger y fomentar las formas de propiedad y gestión económica empresarial privada; la promoción y tutela de la sana competencia entre agentes económicos; las referencias a la libre empresa y al libre mercado; y la posibilidad de impulsar proyectos público-privados, cuyo objetivo era facilitar las inversiones para el mejoramiento y desarrollo de infraestructura. 

Eliminaron el derecho de los trabajadores y de los sectores productivos privados a participar en la elaboración, ejecución y control de planes económicos, utilizado con el objetivo de mejorar la productividad. También las garantías de las diferentes formas de propiedad, incluida la privada, y la igualdad de derechos y prerrogativas de las mismas; y la igualdad de las empresas ante la ley y las políticas económicas del Estado.

En materia de derecho laboral o del trabajo, la nueva Constitución es como con todos los derechos humanos, totalmente regresiva en la protección y garantía de los mismos. Deja a los trabajadores en desigualdad e indefensión frente a sus pares de otros países.

No fomenta un adecuado clima de negocios

No prohíbe la discriminación salarial por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase. Tampoco establece vinculación entre el salario y la dignidad humana para garantizar un adecuado bienestar; ni la garantía de la estabilidad en el trabajo, que era un derecho adquirido. Esto incumple lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En teoría, mantiene la libertad sindical, pero no incluye la disposición de que ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinados sindicatos, ni renunciar al que pertenezca. Esto protegía a los trabajadores, frente a un régimen que los obliga a afiliarse a sindicatos oficialistas y restringe derechos y oportunidades a los que no cumplen esa imposición.

Al eliminar de la Constitución importantes principios en materia laboral, la Ley 516, Ley de Derechos Laborales Adquiridos queda sin soporte, a pesar que fue promulgada en un paquete de leyes necesarias para ser parte del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la nueva Constitución no fomenta un entorno empresarial saludable y sostenible, porque convirtió a Nicaragua en un país donde las reglas son inciertas y aplicadas de manera desigual, por cuanto el único interés de la dictadura Ortega Murillo, es la seguridad y la estabilidad de su régimen, mediante el control total de la sociedad y los negocios y está dispuesta a sacrificar el comercio y la inversión para sostenerse en el poder.