Para la mayoría de nicaragüenses 2024 finaliza con incertidumbre y temor. Familias divididas, algunas personas ni siquiera pueden comunicarse con sus seres queridos; personas presas, amenazadas, vigiladas o perseguidas; otras forzadas a abandonar el país para preservar su integridad, buscar oportunidades o por la falta de certeza en el futuro. Los responsables de esto son Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices.
Durante el 2024 la radicalización del régimen siguió escalando. Desterraron a Guatemala a 135 reos políticos. Nueve personas entre las que están los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Steadman Fagoth, están bajo desaparición forzada. Mantuvieron vigilados a cientos de ciudadanos dentro y fuera del país, a muchos los declararon apátridas de facto; y en las últimas semanas creció la lista de ciudadanos en arresto domiciliario sin acusaciones ni procesos judiciales.
Expulsaron a más monjas, seminaristas y sacerdotes, incluido el obispo de la Diócesis de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Herrera. La lista de organizaciones de la sociedad civil eliminadas siguió creciendo y también el control de las universidades confiscadas y las privadas que siguen funcionando, mientras en el sistema público imponen programas de adoctrinamiento a los estudiantes de primaria y secundaria.
Las alianzas con regímenes autocráticos siguen consolidándose, a Rusia, China, Irán se sumaron Afganistán, Corea del Norte y países de África, mientras se cierra la puerta a Gobiernos democráticos, foros e instancias de derechos humanos.
La sucesión dinástica
Para consolidar su estructura de poder y garantizar la sucesión dinástica aprobaron una nueva Constitución disfrazada bajo una reforma parcial; y otras leyes que legalizan las arbitrariedades que cometen desde hace varios años.
Nadie está seguro, una reciente actualización de la lista de personas presas por razones políticas señala que 25 de 49 son funcionarios del Estado o simpatizantes de los Ortega Murillo.
La dictadura pretende mantenerse sobre la base del temor y la violencia; aunque aparente lo contrario, el balance no le favorece. Está consciente que el descontento de la población y de sus bases está creciendo.
El financiamiento externo sigue escaseando y dificulta cubrir la brecha del presupuesto, porque sus aliados autocráticos no facilitan recursos. Las remesas que envían los casi 900 mil migrantes nicaragüenses se consolidaron como uno de los principales pilares de la economía, ya que dinamizan el consumo interno y garantizan el crecimiento.
Soplan nuevos vientos
Pero de parte de la comunidad internacional soplan nuevos vientos en relación a estos abusos. Quizás llegan más tarde de lo esperado, pero son recibidos con la esperanza de que anuncien nuevos y mejores tiempos.
En días recientes cuatro de los ocho países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) argumentando que el candidato de los Ortega Murillo, el excanciller Denis Moncada no cumple los estándares éticos necesarios, evitaron que lo nombraran secretario general de ese organismo.
El Vaticano ahora comparte con Estados Unidos la posición pública sobre la persecución religiosa en Nicaragua y Venezuela. El papa Francisco escribió una carta pastoral al pueblo de Nicaragua y en el marco de la celebración de su tradicional Gritería, llamó a buscar una solución a la crisis.
Además, tras casi un año en silencio el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, desde una iglesia de Nueva York retomó la transmisión de sus homilías a través de las redes sociales; y en los próximos días el obispo Rolando Álvarez celebrará en Sevilla, España su primera misa pública desde que lo excarcelaron y desterraron. Además, varias monjas dieron su testimonio público en un documental sobre los atropellos que sufrieron.
Redoblar esfuerzos en 2025
También es importante destacar que el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo se reunió con un grupo de desterrados y opositores para expresarles su apoyo; el presidente de Panamá José Raúl Mulino, señaló que Nicaragua es “un país que no tiene ni Dios ni ley”; y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, abrió una investigación sustentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Por más que la dictadura se esfuerce por demostrar la consolidación de su poder, la población está cansada de su proyecto político agotado y la comunidad internacional sigue demandando el restablecimiento de la democracia.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) considera que en 2025 es indispensable redoblar esfuerzos para concertar una alianza amplia entre los actores prodemocracia, para trabajar de manera coordinada y empujar líneas de acción compartidas, sostener con mayor empeño y efectividad la resistencia cívica e incrementar el respaldo de la comunidad internacional. La esperanza está de nuestro lado, nos acompaña a todos los que anhelamos un cambio democrático.
La relevancia de la investigación de la Sección 301
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), inició una investigación, audiencia y solicitud de comentarios públicos de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 que denominó: “Actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho”.
Durante los últimos años un sin número de voces de la oposición nicaragüense, centros de pensamiento como Dialogo Interamericano y entidades de derechos humanos y políticos, expresaron que por las múltiples violaciones a los derechos humanos y laborales cometidas por la dictadura Ortega Murillo, era necesario revisar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea (UE).
En ediciones anteriores de este boletín hemos expuesto que en más de cuarenta recomendaciones de organismos internacionales han planteado esta petición, sin encontrar eco entre los Estados. Incluso, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estado Unidos, sugirieron incluir en las evaluaciones de las relaciones comerciales con Nicaragua, el impacto de las violaciones a los derechos humanos, y exponer estas violaciones en el marco del DR-Cafta, para reevaluar los beneficios de Nicaragua bajo el acuerdo comercial.
Por ello, ahora aplaudimos la decisión de la USTR de abrir esta investigación que da respuesta a esos pedimentos y recomendaciones, pero también por el significado sin precedentes que esta supone.
Investigación sin precedentes
Es la primera vez que una investigación de este tipo tiene un ámbito tan extenso. Hasta ahora han sido puntuales, así lo reflejan los casos de: la madera china, las grandes aeronaves civiles de la UE o la carne vacuna de la UE. La de Nicaragua no está vinculada a un solo producto o mercancía, incluye derechos laborales, derechos humanos y el Estado de derecho. El mensaje es alto y claro.
Es que ya no es momento de desviar la mirada, ignorar o aparentar que no pasa nada y menos aún justificar, como lo hacen el Fondo Monetario Internacional (FMI), Standard & Poor’s y otras agencias calificadoras, que presentan datos macroeconómicos “aceptables” sin importar el costo que se paga en materia de derechos humanos y políticos, cuyas violaciones incluyen como lo señala la USTR: ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia contra miembros de grupos marginados.
Por la gravedad de esas violaciones no compartimos la declaración del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de Estados Unidos (NCTO, por sus siglas en inglés), que tras conocer la apertura de la investigación de la USTR condenó “enérgicamente las acciones del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”, pero pidió que el resultado del proceso no afecte al sector textil. Es decir, la condena es de la boca hacia afuera.
El NCTO argumenta que no se puede arriesgar el intercambio comercial de 350 millones de dólares entre la industria textil de Estados Unidos y Nicaragua, ni los 1,500 millones de dólares en comercio total de insumos textiles en la cadena de coproducción entre Estados Unidos, Nicaragua y el resto de países de la región DR-Cafta. Además, trata de meter miedo señalando que la imposición de aranceles al comercio de textiles beneficiaría a China.
Apoyar investigación de la USTR
Pero no menciona que China ya está en Nicaragua y que los Ortega Murillo están hipotecando el país a su favor. Tampoco le preocupa la “exportación” del capital humano, que desde 2018 ha provocado la migración de casi el 15 % de la población, ni el incremento de las remesas de mil a cinco mil millones de dólares y ni hablar del resto de violaciones.
Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), llamamos a la UE para que abra una investigación similar en el caso del AdA, sobre todo porque ese tratado tiene cláusulas de derechos humanos que se violan en Nicaragua.
Le pedimos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al GHREN que trabajen coordinadamente en esta investigación y presenten la información que han recopilado. Nosotros junto a otros grupos de la oposición, haremos lo propio apoyando de manera proactiva el desarrollo de la investigación.