El 21 de noviembre de 2024, Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron su modelo autoritario mediante la aprobación apresurada en primera legislatura, de una nueva Constitución que desmantela los principios democráticos y profundiza las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Esta reforma no solo normativiza las prácticas represivas, sino que refuerza un aparato estatal diseñado para garantizar el control social de la dictadura, facilitando la persecución contra toda voz crítica.

Entre los cambios destaca la creación de la Policía voluntaria que incorpora dentro del aparato estatal a las fuerzas paramilitares que actúan como brazo represivo del régimen. Este nuevo cuerpo de seguridad, con amplias facultades, opera bajo un esquema de militarización de la seguridad pública que subordina el orden civil a intereses partidistas. Esta medida consolida el Estado policial apoyado por un Ejército dispuesto a actuar como pilar del autoritarismo.

Otro aspecto central es la concesión de facultades absolutas a Ortega y Murillo para decidir quién es ciudadano nicaragüense. Mediante una redacción ambigua la reforma les otorga la potestad de revocar la nacionalidad a opositores o disidentes, dejándolos en un estado de indefensión jurídica. Esta herramienta se suma al arsenal represivo para silenciar a quienes se atrevan a disentir.

Reforma consolida la dinastía

En el ámbito de los medios de comunicación, la reforma constitucionaliza el concepto de “noticia falsa” como mecanismo de censura. Este término, definido de manera arbitraria se utiliza para la persecución penal de periodistas y medios independientes, restringiendo la libertad de expresión. Asimismo, la criminalización de la información crítica a través de medios digitales, busca consolidar un monopolio propagandístico en manos del régimen.

La figura de “copresidencia”, que otorga a Rosario Murillo un rol equiparable al del presidente, es otro eje central de esta reforma. Con ello, se consagra la concentración del poder en un núcleo familiar, agravado con la facultad de que ellos designen a vicepresidentes, eliminando cualquier vestigio de independencia institucional y consolidando una dinastía.

Además, suprime la separación de los poderes del Estado y destruye los contrapesos esenciales para un sistema democrático. Los Ortega Murillo asumen la función de coordinadores supremos de los poderes judicial, legislativo y electoral, ahora devaluados a órganos, y se constituyen en un poder único y absoluto. 

Subordina garantías individuales a los intereses políticos

Nicaragua deja de ser un Estado social de derecho para convertirse en un Estado dícese revolucionario, donde la diarquía se asigna un poder arbitrario y se considera fuente de derecho por encima de su misma Constitución y de los tratados internacionales.

La violación del principio de no regresión en materia de derechos humanos, pilar fundamental del derecho internacional, que prohíbe cualquier retroceso en el nivel de protección alcanzado, se evidencia de manera alarmante en esta reforma. Estas, derogan derechos fundamentales, limitan su contenido y establecen restricciones incompatibles con los estándares internacionales, subordinando las garantías individuales a los intereses del proyecto político de la dictadura.

Este enfoque, basado en una concepción estatalizada de paz y seguridad, contraviene el carácter indivisible, interdependiente y progresivo de los derechos humanos, erosionando el núcleo esencial de derechos que ningún Estado debe desconocer bajo ninguna circunstancia.

En el ámbito de los derechos humanos, la desvinculación de Nicaragua de los sistemas de protección universal e interamericano, al derogar la disposición que les otorgaba valor de norma constitucional a los contenidos en las principales declaraciones y tratados, pretende que los ciudadanos no puedan acogerse a su protección y asegurar impunidad, ante los tribunales nacionales, a los crímenes de lesa humanidad.

Reforma elimina el pluralismo político

Mientras que la eliminación de la prohibición de la tortura, formaliza prácticas represivas como herramienta de persecución y castigo; y la pérdida de independencia del poder Judicial y de los jueces en particular, más la eliminación de buena parte de las garantías constitucionales, imposibilitan la aplicación del debido proceso, el derecho a la defensa y la protección judicial efectiva.

Por último, la inclusión de símbolos partidistas como la bandera del FSLN en la identidad oficial del Estado, refuerza la subordinación total de la institucionalidad pública al proyecto político de los Ortega.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la captura del Estado por parte de una familia con poder centralizado y absoluto, donde no se reconocen los derechos del ciudadano y se elimina el pluralismo político mediante una nueva Constitución descaradamente totalitaria, constituye una seria amenaza al sueño de una América democrática, que debe obligar a los seres libres del continente a detener el proyecto autocrático mundial de conducirnos de la civilización a la barbarie.

FMI no refleja la realidad nicaragüense

A la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), le preocupa la declaración que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió el 22 de noviembre en el marco de la consulta del Artículo IV de 2024 para Nicaragua, pero comprendemos que las conclusiones preliminares son el primer paso que será seguido por el análisis del equipo técnico y las discusiones de los directores ejecutivos.

Cabe señalar que durante la estancia de la misión, la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) emitió dos circulares, instruyendo a las instituciones estatales que prioricen la compra de tecnología, equipos y maquinaria de fabricantes chinos, por sobre otros orígenes; y el 19 de noviembre, el régimen Ortega Murillo envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional parcial que en realidad es una reforma total, que elimina el modelo democrático de la nación.

La CDN espera que en las discusiones de los directores y durante la redacción del informe final, se considere que no es posible separar las condiciones políticas del comportamiento económico. Las continuas violaciones de derechos humanos, la impunidad por crímenes de lesa humanidad, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y la cancelación arbitraria del 80 por ciento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluidas las asociaciones empresariales, afectarán la Inversión Extranjera Directa (IED) más temprano que tarde.

Reforma impone modelo totalitario

La misión recomendó mejorar el Estado de derecho y la independencia judicial, pero el régimen respondió con medidas para evadir sanciones personales, que ponen en riesgo las transacciones internacionales y pueden tener efectos devastadores en el sistema bancario y la recepción de remesas. La nueva Constitución que elimina el Estado de derecho y la prohibición de la tortura impone un modelo totalitario regresivo en materia de derechos humanos.

Los ganadores del Premio Nobel de economía 2024 argumentan que las instituciones tienen un impacto crucial en el desarrollo económico. Su investigación distingue entre instituciones inclusivas que promueven la participación económica y política y el crecimiento sostenido, y las extractivas que concentran el poder y obstaculizan el desarrollo. La reforma constitucional aprobada en primera legislatura, es un claro ejemplo de retroceso hacia una institucionalidad excluyente y extractiva.

Es incomprensible que la declaración de la misión del FMI haya elogiado el desempeño económico y las políticas «prudentes», tres días después que el régimen envió al poder Legislativo la nueva Constitución, que subordina los poderes del Estado a la pareja cogobernante, pone fin al equilibrio de poderes y elimina los pesos y contrapesos que deben funcionar en las democracias.

La declaración del equipo del FMI pronostica que en 2025 la inversión pública sostendrá el crecimiento económico, pero no considera que tras el retiro de las principales fuentes de financiamiento externo, el Programa de Inversión Pública depende mayoritariamente de la recaudación fiscal, cuyo crecimiento es resultado de una voracidad que mantiene a las empresas sometidas a chantajes y cargos abusivos.

No analiza efectos que provocará migración masiva

La misión no analizó la estructura del gasto público, donde una parte significativa se destina a las fuerzas represivas, sacrificando gastos cruciales en educación y salud; ni profundiza en los efectos económicos y sociales que provocará a mediano y largo plazo la migración acumulada de cerca del 20 por ciento de la población.

Además, destacó que el avance regulatorio en materia de blanqueo de capitales carece de una eficaz implementación. Pero este esfuerzo palidece en comparación con el deterioro del entorno, donde según indicadores internacionales crece la corrupción y la falta de transparencia.

Las circulares de la DGCE son una flagrante violación a la «Preferencia Centroamericana» establecida en el Tratado de Managua, el Protocolo de Guatemala, el DR-Cafta, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA) y otros Tratados de Libre Comercio (TLC) con México, Canadá, Colombia, Panamá y Chile. Infringen a través de medidas discriminatorias, los compromisos adquiridos en estos convenios y abren la posibilidad a conflictos comerciales que repercutirán en el desempeño económico. 

Declaración del FMI se aleja de la realidad

La reforma a la Ley de Migración y Extranjería reafirma las violaciones a las Convenciones de derechos humanos, y al Estatuto de los Apátridas al legalizar el retiro de la nacionalidad e impedir el retorno de los migrantes.

La CDN considera que la declaración de la misión del FMI se alejó de la realidad al omitir información relevante para el análisis de la economía. Su capacidad técnica estuvo afectada por la eliminación de las organizaciones empresariales y económicas con las que anteriormente mantenían canales útiles de comunicación.

Esperamos que el reporte final incluya información actualizada, análisis de economistas independientes y recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo que respecta al clima empresarial, para una evaluación más realista de la situación en Nicaragua.