Nicaragua rompió con la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciando la Carta Constitutiva de ese organismo, para tratar de evadir los mecanismos políticos y diplomáticos fundamentales, para la defensa de la democracia y la promoción y mantenimiento de la convivencia pacífica del Continente. Con su renuncia pretende desobligarse de los principios y valores de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática.
Además, la dictadura Ortega-Murillo continúa en desacato permanente de las resoluciones y recomendaciones del Sistema Interamericano que han emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Meseni y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). Así lo señaló expresamente el presidente saliente de la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA, Ricardo Perez Manrique.
Nicaragua tampoco ha atendido las recomendaciones del Sistema Universal, emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC por su sigla en inglés), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El régimen Ortega-Murillo ha irrespetado las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares; irrespetó la inmunidad de las sedes diplomáticas de OEA y de la República de Taiwán en Managua y se apoderó de sus bienes; y restringió el derecho a designar nacionales de Nicaragua como cónsules honorarios. Expulsó de forma injustificada a los embajadores del Vaticano y de Países Bajos, sin que los mismos hubieran infringido sus obligaciones.
La violación sistemática y generalizada de los derechos humanos constituye una infracción grave del derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario; y aparta a Nicaragua de los países civilizados obligados a regir su conducta bajo los principios fundamentales del derecho internacional; está ampliamente documentado la violación al derecho internacional humanitario, entre estos, el asesinato de al menos 350 personas, la tortura contra los presos de conciencia y la persecución contra las voces disidentes y de oposición.
Asimismo, irrespeta tratados universales y regionales en materia de derechos humanos, incluido el Pacto de San José, en lo referido al irrespeto de todas las categorías de derechos humanos.
La dictadura Ortega-Murillo incumple diversos Tratados Internacionales suscritos y ratificados, entre ellos el de apatridia, ya que convirtió al país en una fábrica de apátridas cuyo número crece diariamente con los desnacionalizados de facto a los que impide retornar al territorio nacional afectando a los países donde estos se ven obligados a refugiarse.
También viola la Convención Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Convención Americana, desacatando incluso las resoluciones del Comité Contra la Tortura de la ONU, con quien se han negado a cooperar.
De forma flagrante el régimen Ortega-Murillo irrespeta la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pues diseñó una estructura con ramificaciones en cuatro continentes para promover el tráfico ilícito de migrantes irregulares, a través de nuevas rutas aéreas que los trasladan al Aeropuerto Internacional de Managua, para que desde ahí continúen su travesía por tierra hacia la frontera sur de los Estados Unidos.
Además, promueve la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad a quienes ha premiado con ascensos en sus cargos dentro de instituciones públicas, negando así el acceso a la justicia a las víctimas; y desobligándose de promover procesos ajustados a derecho en tribunales independientes.
Los Ortega-Murillo desconocen los principios fundamentales contenidos en la Carta de la ONU, tales como el que proscribe el uso de la fuerza para apoderarse del territorio de otro Estado; el del respeto a la soberanía y las fronteras reconocidas internacionalmente; y el que resguarda la obligación sobre la convivencia pacífica de los Estados, ya que apoya la invasión rusa a Ucrania, y reconoce territorios de Ucrania y Georgia, que Rusia se ha anexado por la fuerza. Nicaragua es uno de los tres países que reconocen y tienen relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del Sur.
Nicaragua viola de forma reiterada los derechos sindicales y empresariales, incumple los convenios en materia de derecho al trabajo, de manera especial el Convenio 87 sobre la libertad sindical y el derecho a la sindicación, que implementa la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nicaragua enfrenta graves desafíos medioambientales, como la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y la pérdida de biodiversidad, que se exacerban por la explotación indiscriminada de recursos naturales en áreas protegidas. El incremento de la minería contribuye a agudizar la crisis medioambiental y provoca el desplazamiento de comunidades indígenas. No obstante, Nicaragua rechazó los compromisos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, decisión que evidencia su falta de interés por preservar el medio ambiente y posiciona al país al margen de los compromisos internacionales en materia de protección ambiental y derechos humanos.
También incumple los principios rectores y las aspiraciones de los pueblos del istmo en materia de democracia y derechos humanos, especialmente los relacionados a garantizar una Centroamérica en paz, democracia, desarrollo y libertad conforme el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica. Además, pretende instrumentalizar el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en beneficio de su alineamiento con potencias extra regionales, lo que incrementaría el riesgo de convertir a la región en un espacio de confrontación internacional.
Al establecer un régimen dictatorial desvinculado de toda practica democrática, incumple cláusulas democráticas contenidas en los tratados comerciales, suscritos con la Unión Europa (UE) y Norte América.
Al renegar de los valores y principios del derecho internacional que aseguran la convivencia pacífica de las naciones, el régimen Ortega-Murillo pone en riesgo la paz, la seguridad y la estabilidad regional.
Es por ello que la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde), consciente de que es la comunidad internacional la llamada a salvaguardar la vigencia y el respeto al derecho internacional; y ante la impunidad que promueve la dictadura Ortega-Murillo, le pide contribuir a que los culpables de estos crímenes de lesa humanidad, sean llevados ante las diferentes posibilidades que ofrece la justicia internacional, ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y la jurisdicción propia de los países que contemplan el principio de jurisdicción universal.
La OEA pide poner fin a la impunidad en Nicaragua
La Concertación Democrática Nicaragüense CDN-Monteverde, celebra la aprobación de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción Paraguay del 26 al 28 de junio, en la que 32 países miembros de forma unánime, pidieron el cese de la represión y la persecución política, y la liberación de todas las personas que están presas por razones políticas. Además, por primera vez el organismo abogó para que, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que el régimen Ortega-Murillo y sus cómplices cometieron en el marco de las protestas sociales, no queden impunes.
La decisión del organismo recuerda a sus países miembros que están obligados a establecer garantías individuales y colectivas en favor del restablecimiento de la democracia y la libertad de Nicaragua, demuestra que los esfuerzos del régimen Ortega-Murillo por desvincularse del organismo, renunciando a él, para evadir sus compromisos con la justicia internacional, fueron infructuosos.
Siete meses después de que se oficializó su salida de la OEA, la crisis de Nicaragua y la imperiosa necesidad de encontrar una salida cívica y pacífica, que le permita retornar al camino democrático estuvieron más presentes que nunca en la agenda de la Asamblea General.
En su resolución la OEA les expresa a los gobernantes nicaragüenses, que está alarmada ante su permanente desacato a las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para proteger a organizaciones y personas perseguidas y privadas de sus derechos y a otras que permanecen en prisión por razones políticas y se les irrespetan todos sus derechos.
Además, después de seis años del estallido de la crisis sociopolítica, por primera vez la OEA introdujo el tema de la impunidad en su resolución. Que por unanimidad los países miembros hayan ratificado que los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las protestas sociales, deben pagar por ellos, es un triunfo para las víctimas, sus familias y para el país.
Sabemos que esta nueva condena internacional que ahora se hizo de forma unánime, es fruto del trabajo de muchas personas, el apoyo de los representantes de los países miembros y de manera especial, el de los miembros del Grupo de Países Voluntarios para Nicaragua, con quienes trabajamos en los últimos meses, y lo seguiremos haciendo en el futuro.
A través de este trabajo conjunto con el Grupo de Países Voluntarios para Nicaragua, mantendremos informada a la comunidad internacional de los abusos que sigue cometiendo el régimen Ortega Murillo en contra de todas las organizaciones y personas que considera una amenaza contra su modelo autoritario. También seguiremos buscando una solución cívica y pacífica que, propicie la liberación plena de todas las personas que están presas por razones políticas, el retorno de Nicaragua a la senda democrática, y que garantice que los crímenes cometidos no queden en la impunidad.
La CDN-Monteverde agradece el apoyo de cada uno de los que hizo posible la contundencia de esta resolución, pero le pide su cooperación para concretar el siguiente paso, que es garantizar que los Estados del hemisferio emprendan las acciones individuales o colecticas que pide la resolución, para garantizar que cesen las violaciones a los derechos humanos, la persecución ideológica y el restablecimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho.
La CDN-Monteverde sabe que es una tarea difícil, pero no imposible y que con el apoyo de la comunidad internacional será más fácil lograrlo.