Nicaragua bajo los Ortega-Murillo: un Estado renegado del Derecho Internacional
Nicaragua rompió con la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciando la Carta Constitutiva de ese organismo, para tratar de evadir los mecanismos políticos y diplomáticos fundamentales, para la defensa de la democracia y la promoción y mantenimiento de la convivencia pacífica del Continente. Con su renuncia pretende desobligarse de los principios y valores de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática.
Además, la dictadura Ortega-Murillo continúa en desacato permanente de las resoluciones y recomendaciones del Sistema Interamericano que han emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Meseni y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). Así lo señaló expresamente el presidente saliente de la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA, Ricardo Perez Manrique.
Nicaragua tampoco ha atendido las recomendaciones del Sistema Universal, emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC por su sigla en inglés), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El régimen Ortega-Murillo ha irrespetado las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares; irrespetó la inmunidad de las sedes diplomáticas de OEA y de la República de Taiwán en Managua y se apoderó de sus bienes; y restringió el derecho a designar nacionales de Nicaragua como cónsules honorarios. Expulsó de forma injustificada a los embajadores del Vaticano y de Países Bajos, sin que los mismos hubieran infringido sus obligaciones.
La violación sistemática y generalizada de los derechos humanos constituye una infracción grave del derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario; y aparta a Nicaragua de los países civilizados obligados a regir su conducta bajo los principios fundamentales del derecho internacional; está ampliamente documentado la violación al derecho internacional humanitario, entre estos, el asesinato de al menos 350 personas, la tortura contra los presos de conciencia y la persecución contra las voces disidentes y de oposición.
Asimismo, irrespeta tratados universales y regionales en materia de derechos humanos, incluido el Pacto de San José, en lo referido al irrespeto de todas las categorías de derechos humanos.
La dictadura Ortega-Murillo incumple diversos Tratados Internacionales suscritos y ratificados, entre ellos el de apatridia, ya que convirtió al país en una fábrica de apátridas cuyo número crece diariamente con los desnacionalizados de facto a los que impide retornar al territorio nacional afectando a los países donde estos se ven obligados a refugiarse.
También viola la Convención Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Convención Americana, desacatando incluso las resoluciones del Comité Contra la Tortura de la ONU, con quien se han negado a cooperar.
De forma flagrante el régimen Ortega-Murillo irrespeta la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pues diseñó una estructura con ramificaciones en cuatro continentes para promover el tráfico ilícito de migrantes irregulares, a través de nuevas rutas aéreas que los trasladan al Aeropuerto Internacional de Managua, para que desde ahí continúen su travesía por tierra hacia la frontera sur de los Estados Unidos.
Además, promueve la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad a quienes ha premiado con ascensos en sus cargos dentro de instituciones públicas, negando así el acceso a la justicia a las víctimas; y desobligándose de promover procesos ajustados a derecho en tribunales independientes.
Los Ortega-Murillo desconocen los principios fundamentales contenidos en la Carta de la ONU, tales como el que proscribe el uso de la fuerza para apoderarse del territorio de otro Estado; el del respeto a la soberanía y las fronteras reconocidas internacionalmente; y el que resguarda la obligación sobre la convivencia pacífica de los Estados, ya que apoya la invasión rusa a Ucrania, y reconoce territorios de Ucrania y Georgia, que Rusia se ha anexado por la fuerza. Nicaragua es uno de los tres países que reconocen y tienen relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del Sur.
Nicaragua viola de forma reiterada los derechos sindicales y empresariales, incumple los convenios en materia de derecho al trabajo, de manera especial el Convenio 87 sobre la libertad sindical y el derecho a la sindicación, que implementa la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nicaragua enfrenta graves desafíos medioambientales, como la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y la pérdida de biodiversidad, que se exacerban por la explotación indiscriminada de recursos naturales en áreas protegidas. El incremento de la minería contribuye a agudizar la crisis medioambiental y provoca el desplazamiento de comunidades indígenas. No obstante, Nicaragua rechazó los compromisos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, decisión que evidencia su falta de interés por preservar el medio ambiente y posiciona al país al margen de los compromisos internacionales en materia de protección ambiental y derechos humanos.
También incumple los principios rectores y las aspiraciones de los pueblos del istmo en materia de democracia y derechos humanos, especialmente los relacionados a garantizar una Centroamérica en paz, democracia, desarrollo y libertad conforme el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica. Además, pretende instrumentalizar el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en beneficio de su alineamiento con potencias extra regionales, lo que incrementaría el riesgo de convertir a la región en un espacio de confrontación internacional.
Al establecer un régimen dictatorial desvinculado de toda practica democrática, incumple cláusulas democráticas contenidas en los tratados comerciales, suscritos con la Unión Europa (UE) y Norte América.
Al renegar de los valores y principios del derecho internacional que aseguran la convivencia pacífica de las naciones, el régimen Ortega-Murillo pone en riesgo la paz, la seguridad y la estabilidad regional.
Es por ello que la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde), consciente de que es la comunidad internacional la llamada a salvaguardar la vigencia y el respeto al derecho internacional; y ante la impunidad que promueve la dictadura Ortega-Murillo, le pide contribuir a que los culpables de estos crímenes de lesa humanidad, sean llevados ante las diferentes posibilidades que ofrece la justicia internacional, ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y la jurisdicción propia de los países que contemplan el principio de jurisdicción universal.