Boletín # 10 | Los Ortega Murillo quieren silenciar la voz de la Iglesia

En los últimos días, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestró y desterró a otros siete sacerdotes, de las diócesis de Matagalpa y Estelí, encabezadas por el obispo Rolando Álvarez, también desterrado y desnacionalizado. Con ellos, el número de religiosos desterrados en los dos últimos años asciende a 46; y a ellos se suman al menos 200 obligados a exiliarse.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense-CDN, el secuestro y destierro de sacerdotes y monjas, es parte de una política violatoria del derecho a la libertad religiosa que la dictadura Ortega Murillo impuso desde hace varios años, y aunque es más agresiva contra la Iglesia católica, afecta a la evangélica y a la morava de la Costa Caribe.

La confrontación no es casual, se remonta en el tiempo por la actitud firme y profética que la jerarquía católica ha mantenido. Basta recordar la carta que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) le entregó a Ortega en mayo de 2014, externando sus preocupaciones por la problemática social, institucional, de derechos humanos y por las amenazas que ya recibían algunas Iglesias.

Desde 2018 los Ortega Murillo elevaron el tono de su discurso de odio contra la Iglesia y algunos jerarcas católicos. Sin embargo, en mayo y a petición de ellos, los obispos jugaron un papel primordial durante el Diálogo Nacional; pero también acompañando y protegiendo de la violencia estatal a miles de ciudadanos que protestaron en las calles.

Las represalias no se hicieron esperar. En 2019 pastores con gran reconocimiento, entre ellos el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, fueron amenazados, perseguidos y forzados a abandonar el país. Y muchos templos fueron cercado por la Policía, entre ellos la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, donde varias madres de personas prisioneras políticas, realizaban una huelga de hambre demandando su liberación.

Los ataques se prolongaron, en julio de 2020 en medio de la pandemia de covid-19, en la Catedral de Managua un atentado destruyó la imagen de la Sangre de Cristo, venerada desde hace casi cuatro siglos.

En marzo de 2022, una nueva escalada provocó la expulsión del representante del Vaticano, monseñor Waldemar Sommertag. Cinco meses después, la Policía cercó y luego secuestró al obispo Álvarez, lo juzgaron y condenaron a 26 años de cárcel por supuestos delitos contra la patria y lo mantuvieron preso hasta febrero de 2024, cuando lo despojaron de su nacionalidad y lo desterraron.

En 2023, después que el papa Francisco los calificó como una dictadura grosera, rompieron relaciones con el Vaticano, retiraron a la Embajadora, cerraron la Embajada, y le pidieron a la Santa Sede que cerrara su nunciatura en Managua.

En ese contexto cerraron y confiscaron universidades, propiedades, emisoras de radios, y organizaciones sociales y benéficas católicas y evangélicas. Y se incrementaron las amenazas, persecución y encarcelamiento de líderes religiosos, lo que obligó al menos a 200 sacerdotes y monjas a huir de Nicaragua.

Uno de los ataques más relevantes de 2023 fue la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), la disolución de la Compañía de Jesús que la administraba y la expulsión de sus sacerdotes. Esta se sumó a la expulsión de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, las Hermanas Dominicas de la Anunciata, las Hijas de Santa Luisa de Marillac y otras congregaciones.

Otras denominaciones religiosas también son víctimas de la represión. En diciembre de 2023, encarcelaron a once integrantes de la organización Puerta de la Montaña y los condenaron falsamente por lavado de dinero. La iglesia morava en la Costa Caribe también es perseguida.

La violación a la libertad religiosa se extiende a los ciudadanos. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa (USCIRF), presentaron informes en los que denuncian los ataques y persecución contra las denominaciones religiosas y las prohibiciones para que los ciudadanos practiquen sus creencias y realicen sus actividades con libertad.

Para la CDN la batalla que el régimen Ortega Murillo libra contra las creencias y la libertad religiosa constituye un crimen de lesa humanidad, porque viola flagrantemente un derecho fundamental. Sin embargo, en su afán totalitario se olvida que la fe y las creencias religiosas constituyen uno de los pilares fundamentales de la población, y que la relación con sus pastores es profunda, por lo que podrán cerrar los templos, pero no confiscarán la fe y la esperanza, ya que a pesar de la violencia estatal la Iglesia sigue acompañando y guiando espiritualmente a los nicaragüenses.

¿Hasta dónde llegará la dictadura en contra de las Iglesias en Nicaragua?

En los últimos días, el caso de Nicaragua volvió a ser noticia internacional por una nueva ola represiva en contra de la religión, expresada a través de encarcelamientos y destierro de sacerdotes al Vaticano, y la cancelación jurídica de asociaciones católicas y evangélicas.

Las principales agencias de noticias del mundo y portales católicos, incluidos los de la Santa Sede publicaron los más recientes ataques perpetrados por el régimen Ortega Murillo.

Lo que no es nuevo, es el ataque contra la religión y la libertad de culto indistintamente de que la Iglesia sea católica, evangélica o morava. A todas las atacan sin piedad.

En la primera etapa del sandinismo en los 80, la Iglesia sufrió los ataques de la revolución a través de encarcelamientos, acusaciones públicas y destierro de sacerdotes, y desplazamiento de comunidades, entre otros.

En esta segunda etapa que empezó en 2007, Daniel Ortega primero quiso tener una relación menos frontal. A pesar de esto, a través de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), la jerarquía católica mantuvo una posición pública consecuente con la situación del pueblo nicaragüense y sus demandas por el deterioro de la institucionalidad democrática.

A raíz de la crisis sociopolítica de 2018 y del papel que los obispos jugaron en el primer Diálogo Nacional, protegiendo las demandas y la vida de miles de ciudadanos que protestaron, Ortega retomó su hostilidad contra el catolicismo y lo ha llevado a niveles inimaginables, a tal grado que los acontecimientos actuales nunca se habían registrado en la historia del país.

Ahora la tónica es: líderes religiosos y laicos presos, incomunicados o desterrados; el representante del papa expulsado; asociaciones religiosas canceladas; medios de comunicación religiosos cerrados y confiscados; celebraciones masivas fuera de los templos prohibidas; bienes muebles e inmuebles expropiados; presencia policial en las actividades limitando la libertad de culto; y líderes religiosos bajo permanente vigilancia, amenazas y chantajes.

División y represión son las dos caras de la moneda que el régimen acuña desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018. Unos pocos líderes católicos y evangélicos, operan bajo sus directrices; el resto, la mayoría enfrenta una represión dramática.

El dilema es, guardar silencio para proteger a los que siguen en el país, o alzar la voz en nombre de los perseguidos, sabiendo que habrá consecuencias. Es decir, los que no se venden tienen que callarse o pagar las consecuencias. No hay espacio de maniobra, son rehenes de la dictadura igual que el resto del pueblo nicaragüense.

Como resultado de lo anterior, la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), designó a la dictadura Ortega Murillo dentro de la categoría de Países de Especial Preocupación, lo que significa que comete violaciones sistemáticas, continuas y atroces contra el derecho a la libertad de religión o creencia. Ahora Nicaragua está junto a China, Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte y otros, en la lista de los 17 países que violan la libertad religiosa.

La libertad religiosa fue desmantelada igual que la de expresión, la de organización, la de asociación y la autonomía universitaria. Esto sucedió ante los ojos de la comunidad internacional sin mayor costo para los violadores.

En este contexto cabe preguntar: ¿Hasta dónde llegará la violación sistemática de los Ortega Murillo contra las Iglesias y las libertades, incluida la religiosa? ¿Hasta dónde permitirá la comunidad internacional que lleguen? Esto parte de entender que el de Nicaragua no es un régimen democrático, sino una dictadura y como tal deben tratarla.

Como sugiere el informe de la USCIRF, para ejercer la presión necesaria para frenar estos abusos, se debe hacer un esfuerzo conjunto entre países y organizaciones, acompañado de sanciones sobre personas y agencias gubernamentales violadoras de estos derechos.

En la Concertación Democrática Nicaragüense-CDN, estamos conscientes que ya no es momento de comunicados, pero el silencio tampoco es la solución, porque en el largo plazo, el costo será mayor. Latinoamérica está en riesgo si permiten que las dictaduras de Nicaragua y Venezuela se sigan consolidando. Es hora de que la comunidad internacional actúe para preservar no solo la libertad religiosa sino la democracia en toda la región.