El dilema de los países democráticos en la región
La situación actual en Venezuela trajo a la mesa un problema que hace mucho enfrentan los países del continente, ante la creciente represión y deterioro institucional que avanza en la región: seguir emitiendo pronunciamientos y promoviendo acciones focalizadas y de poco efecto o tomar acciones que realmente frenen el deterioro democrático no solo del país involucrado sino de toda la región, que cada vez tiene más Gobiernos autocráticos, que irremediablemente afectan el bienestar del continente y su población como un todo.
No es casualidad que la reciente resolución sobre Nicaragua que emitió la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Asunción Paraguay, previo a las elecciones de Venezuela, instó “a los Estados del hemisferio a redoblar sus esfuerzos por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos, poner fin a la persecución ideológica ya sea política o religiosa, la recuperación de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en Nicaragua, a través del diálogo constructivo para el cumplimiento por parte de Nicaragua en sus obligaciones en materia de derechos humanos, siempre dentro del marco del derecho internacional, con respeto al principio de no intervención en asuntos internos”.
Es muy relevante entender lo que ese párrafo implica. Le pide a los Gobiernos que actúen. La OEA está consciente que se llegó al punto en que la única manera de frenar las violaciones a los derechos humanos, para posteriormente recuperar la democracia es con acciones individuales y/o colectivas. Esto lo aprobaron los cancilleres de los países miembros.
Lo que se ha hecho durante los seis años de crisis de Nicaragua y en las últimas seis semanas en Venezuela, no ha tenido la respuesta deseada y el patrón de comportamiento de estos dos países sigue siendo claro y desafiante.
Le tomo seis años a la OEA plasmar en papel esa resolución sobre una crisis que inicio en 2018 y donde a pesar de los constantes pronunciamientos y llamados de la comunidad internacional, el deterioro democrático y la violación de los derechos humanos y civiles ha empeorado año con año. La respuesta del régimen Ortega Murillo ha sido la misma: oídos sordos, más represión y más violaciones. Lo mismo sucede ahora en Venezuela.
Y decimos que está plasmado en papel porque recientemente vimos cómo estos mismos países, en un primer intento, no pudieron aprobar una resolución sobre la situación en Venezuela que está viviendo una historia muy similar a la nicaragüense. Tuvo que haber presión al más alto nivel diplomático para que después de varios días, aprobaran esa misma resolución.
Sin embargo, días después algunas de las islas del Caribe (Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía) aparecieron en una declaración del Alba felicitando a Nicolás Maduro por haber ganado las elecciones de Venezuela, enviando con eso una señal contraria a lo plasmado en las resoluciones mencionadas.
Esto es parte del problema que enfrentan los países democráticos, porque la falta de acciones que provoquen impacto y los bajos costos que pagan los países por su comportamiento antidemocrático, inspiran a otros gobernantes, que solo les importa el beneficio particular sin importar las consecuencias, a replicar estas conductas; y esto complica aún más el panorama político de la región.
Por el futuro de la región no se debe permitir ese tipo de precedentes. Actualmente la región está amenazada. Antes fue Cuba, ahora es Nicaragua, Venezuela y otros que empiezan a enseñar su cara antidemocrática, entre ellos Honduras y Bolivia. Ya no son casos aislados. Ya no es un tema de principios democráticos de un país. Ahora estamos poniendo en riesgo la democracia y la seguridad de toda la región.
El tiempo mostró que lo hecho hasta ahora no funcionó. La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), considera que como lo planteó la resolución de la OEA, es tiempo de actuar y desde la sociedad civil trabajaremos para que esta recomendación se cumpla, no permitamos que los gobiernos democráticos de la región esperen otros seis años para actuar.