El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de su 353 reunión, celebrada en Ginebra del 10 al 20 de marzo, estableció una Comisión de Encuesta, que examinará las alegaciones de la queja presentada en 2023 contra el Gobierno de Nicaragua, señalado de incumplir los Convenios 87, 98, 111 y 144 del organismo.

Esta es una gran noticia especialmente por el lugar donde se origina, ya que la OIT es la única agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que aglutina a Gobiernos, empleadores y trabajadores; es la casa del tripartismo y ahí la dictadura ya no engaña a nadie. La decisión fue respaldada por los Gobiernos, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y los trabajadores, por lo que no es de extrañar que el régimen Ortega Murillo abandonara la OIT.

La Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT y generalmente se crea cuando un Estado miembro está acusado de cometer violaciones graves y persistentes, y se niega repetidamente a abordarlas.

Durante sus más de 100 años de existencia solo ha establecido 14 Comisiones de Encuesta y Nicaragua es el primer país al que le han creado dos; tampoco es coincidencia que al mismo Gobierno que continúa escribiendo en las páginas negras de la historia de la OIT.

La primera queja 

En junio de 1987 delegados de la OIE presentaron una queja contra el Gobierno revolucionario presidido por Daniel Ortega, que desde 1981 violaba los convenios 87, 98 y 144. En noviembre de 1989 el Consejo de Administración creó una Comisión de Encuesta para dar seguimiento al caso, pero al año siguiente, la victoria electoral de doña Violeta Barrios de Chamorro sobre Ortega revirtió el proceso. 

Ahora, desde 2022 nuevamente los empresarios aglutinados en la OIE denuncian las violaciones que comete y en 2023 presentaron una queja que sigue su curso en la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Ambas presentaron sus análisis al Consejo de Administración.  

La queja es por el incumplimiento de los Convenios, 87 de 1948, sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación; 98 de 1949, sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva; 111 de 1958, sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación); y 144 de 1977, sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo). Irónicamente, Nicaragua ratificó el Convenio 111 en 1981 y entró en vigor en 1982 durante el Gobierno de Ortega que hoy lo viola. 

Algunos temas que incluye la denuncia son, el persistente clima de intimidación y acoso a las organizaciones de trabajadores y empleadores independientes; el encarcelamiento y destierro de dirigentes empresariales; el cierre de las organizaciones empresariales; el clima de violencia, inseguridad e intimidación que propicia actos de discriminación en el empleo basados en la opinión política; y se tomó nota de las detenciones arbitrarias y continuas denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluida la discriminación por motivo de género.

Caso puede llegar a la CIJ

Actualmente Nicaragua es el único país, entre los 187 miembros de la OIT que no cuenta con representación de los empleadores. En las últimas conferencias para demostrar respeto al tripartismo, llevó a una asociación de empresarios sandinistas creada para suplantar al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y a otra organización afín, pero la maniobra no funcionó. Luego, en medio de la cancelación masiva de personerías jurídicas a las organizaciones empresariales independientes también anuló la de sus simpatizantes.

Durante los últimos tres años el Órgano de Gobierno de la OIT hizo una serie de recomendaciones a las que el régimen Ortega Murillo no respondió ni implementó; y aunque recientemente anunció su retiro, la organización dejó claro que sigue vinculada a través de los Convenios que ha ratificado y las obligaciones que se derivan de ellos. Además, cuando un país miembro denuncia al organismo queda sujeto a todas las obligaciones durante dos años. 

En la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), consideramos que el establecimiento de la Comisión de Encuesta es una decisión trascendental que se suma a otras iniciativas que la Comunidad Internacional promueve para frenar los abusos de los Ortega Murillo, entre ellos, la Investigación de la Sección 301 del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las recomendaciones del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), la resolución del Parlamento Europeo y el abordaje de la crisis en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Es importante señalar que las recomendaciones que genere la Comisión de Encuesta se presentarán a Nicaragua y si no las acepta, quedará abierto el camino para llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La Nicaragua de Ortega sin libertades

En enero de 2007 Daniel Ortega retomó el poder tras un receso de dieciséis años en los que asegura “gobernó desde abajo” mientras lideraba la oposición. Ahora, tras dieciocho años ininterrumpidos en el poder, según organismos especializados, entre ellos Freedom House, Ortega convirtió a Nicaragua en un país sin libertad. 

Aunque el deterioro democrático inició desde que Ortega retomó el poder, la crisis sociopolítica de 2018 lo aceleró hasta consolidar una dictadura dinástica que convirtió a los poderes del Estado en órganos bajo su control y eliminó cualquier vestigio de los contrapesos que caracterizan a las democracias. 

El deterioro fue tan brusco que en 2017, previo al inicio de la crisis que aún enfrenta el país, el informe anual de Freedom House le otorgó en Libertades Civiles una calificación de 47 puntos en una escala de 100. 

Aunque cuestionó que en el proceso electoral de 2016, Ortega sacó del juego a su principal contendiente, el Partido Liberal Independiente (PLI) para garantizar su segunda reelección para un tercer periodo y la elección de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta; y luego despojó de sus escaños a 16 diputados opositores, en Derechos Políticos le otorgó 14 puntos de una calificación posible de 40.

Mientras que en Libertades Civiles le otorgó 33 puntos en una escala de 60, ya que la libertad de expresión y de asociación seguía deteriorándose, especialmente porque algunos ambientalistas e investigadores que se oponían al proyecto del Canal Interoceánico fueron detenidos y otros expulsados del país.

Antes había libertades parciales  

Esas calificaciones ubicaron a Nicaragua entre los países con Libertades Parciales, pero siete años después, el deterioro es dramático. En su informe Libertad en el Mundo 2025, la organización le otorgó a las Libertades Civiles una calificación de 14 en una escala de 100, que lo consolida en el grupo de países Sin Libertades, al que descendió en 2019. 

Además, en Derechos Políticos sólo le dio 2 puntos de 40 y en Libertades Civiles 12 puntos en una escala de 60.

El deterioro democrático que empezó en 2007 empeoró a partir de 2018.  Las fuerzas del Estado, con ayuda de grupos armados, reprimieron las protestas antigubernamentales; los asesinatos, detenciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas que cometieron, derrumbaron el Estado de derecho.

Además, tal como lo aseguran otros organismos internacionales, como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, el régimen Ortega Murillo ha consolidado su poder mediante vigilancia, restricción de la libertad de prensa, arresto, exilio y desnacionalización de quienes se le oponen.

Freedom House atribuye el deterioro de los Derechos Políticos a que Ortega, Murillo, los diputados y otros cargos de elección popular, no fueron electos en procesos electorales libres y justos. El marco legal electoral no es justo y el organismo rector no lo aplica de manera imparcial; y a los ciudadanos no les permiten organizarse para participar en las elecciones.

Según Freedom House entre las violaciones más graves del 2024 figuran, en agosto, la cancelación de unas 1,500 Organizaciones Sin Fines de Lucro; con ellas las organizaciones cerradas desde 2018 superaron las 5,200.

Legalizaron la represión

En ese mismo mes expulsaron al Vaticano a 7 sacerdotes y en septiembre sumaron a la lista de desterrados a 135 personas que estaban presas por razones políticas. A todos los despojaron de la nacionalidad y convirtieron en apátridas.

En la Asamblea Nacional se reformaron varias leyes para legalizar la represión. El Código Penal para legitimar el procesamiento y confiscación de bienes a organizaciones y personas, a las que dentro o fuera de Nicaragua, las acusan de cometer delitos contra el Estado. Y la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, para ampliar su aplicación a las publicaciones en redes sociales e incluso procesar presuntos ciberdelitos cometidos en el extranjero.

Además, en noviembre aprobaron una reforma total a la Constitución que disfrazaron de parcial. La nueva Carta Magna entró en vigencia en febrero y según el GHREN le otorga poderes ilimitados a Ortega y a Murillo que ahora comparten el control del país bajo la figura de la copresidencia; y provocará consecuencias “nefastas y trascendentales” para los derechos humanos, porque eliminó el respeto a la dignidad de la persona humana como principio de Nación. 

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) es sumamente relevante que informes como el de Freedom House muestren la verdadera cara de la dictadura y las consecuencias que sus acciones provocan a los nicaragüenses; y que dejen al descubierto sus mentiras y mantengan, a nivel internacional, la denuncia tan necesaria en las actuales circunstancias.