A las puertas del séptimo aniversario del inicio de la crisis sociopolítica de abril de 2018, que todavía le pasa factura al pueblo nicaragüense, una de las principales consecuencias es que Nicaragua sufrió el éxodo más grande de su historia.

En el país no existe posibilidad de elegir autoridades en procesos electorales democráticos, entonces la gente optó por votar con sus pies. Ante el cierre de los espacios democráticos, con la represión cargada de odio aplicada a cualquiera que no piensa como los dictadores, con una narrativa populista creada para sus seguidores y una economía formal decreciente, Nicaragua es ahora un país sin futuro. 

Por esto, desde el inicio de la crisis cerca del 15 % de la población abandonó el país y por ende a sus familias, mientras otra parte también aspira migrar. El principal destino es Estados Unidos, a donde llegaron, entre 2018 y 2024 aproximadamente 563,000 nicaragüenses. 

Antes de 2018 la migración histórica acumulada de nicaragüenses en Estados Unidos fue de 300,000 personas. La crisis, ya casi duplica esa cantidad en sólo seis años, esa es una realidad que no se puede esconder ni ignorar y lo más grave es que la situación no mejora. 

Al contrario, cada día Daniel Ortega y Rosario Murillo destruyen más el país, amparados en el poder de las armas y la complicidad de la Policía y el Ejército, instituciones que a cambio garantizan el enriquecimiento de sus altos mandos.

Alianzas con otras dictaduras

La dictadura Ortega Murillo decidió alejarse de los países democráticos y adherirse al grupo de las peores dictaduras del mundo, fortaleció alianzas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. No solo eso, al no lograr imponer sus caprichos se retiró este año de cinco organizaciones en el ámbito internacional.

En febrero, terminó de enterrar la democracia con la entrada en vigencia de una nueva Constitución que concentra los poderes y decisiones en Ortega y en Murillo, que ahora son copresidentes. 

Durante los primeros meses de 2025 siguieron los ataques y confiscaciones contra la Iglesia, especialmente la católica, pero también la evangélica y morava. Nicaragua está ahora en la lista de países de especial preocupación porque la persecución religiosa sigue profundizándose.

Como parte de los nuevos instrumentos de represión, tal como lo refleja el más reciente informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Nicaragua (GHREN), están la expulsión y la denegación de entrada a ciudadanos, decisión que busca mantener el temor a flor de piel. A la mayoría de nicaragüenses le aterra salir del país, por miedo a sumarse a los que de un momento a otro se quedaron sin país, sin bienes y sin familia. 

Escalada represiva continúa

La privación arbitraria de la nacionalidad y la denegación de protección son parte de este nuevo repertorio represivo. Un crimen de lesa humanidad, la apatridia, es ahora una medida común que aplican los Ortega Murillo a quienes consideran enemigos.

La represión a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) continúa, ni las organizaciones de sandinistas o que trabajaban de la mano con ellos se salvan; las amenazas, acoso y vigilancia son el pan de cada día; el fantasma de las confiscaciones es una realidad que forma parte del esquema; y para mantener aterrorizados a los que consideran enemigos, las acciones represivas trascienden las fronteras.

Por ello, no es casualidad que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se haya expresado de manera categórica contra las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y que el departamento de Estado americano le sugiera a sus ciudadanos que eviten viajar a Nicaragua. Tampoco, que haya una investigación en el Departamento de Comercio americano sobre la sección 301, por las violaciones a los derechos humanos; ni que en el Congreso de Estados Unidos, republicanos y demócratas tengan una posición compartida sobre Nicaragua.

En medio de esta crisis, la administración Trump revocó el programa migratorio de alivio humanitario del parole que benefició a unos 93,000 nicaragüenses. De verse obligados a regresar, una buena parte de ellos enfrentará un miedo razonable sustentado en años de persecución y represión que han sido corroboradas internacionalmente, y recientemente reactivados por las amenazas y expresiones de odio que Murillo expresa contra los exiliados. 

 Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) consideramos que, ante el continuo deterioro democrático, la escalada represiva y la feroz persecución, es urgente que se revise esta decisión, ya que en Nicaragua nada esta normal y son muchos los riesgos que enfrentarán los miles de nicaragüenses que tendrían que volver.

Diálogo con un mandato claro de la OEA

En declaraciones recientes brindadas por Albert Ramchand Ramdin, secretario general electo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó que cuando asuma la conducción del organismo espera establecer comunicaciones con Nicaragua y Venezuela, para monitorear sus desarrollos, a pesar de que ambas dictaduras han denunciado la Carta Constitutiva para dejar de ser miembros de la OEA.

Las declaraciones del canciller surinamés Ramdin, contemplando la posibilidad de abrir un diálogo con Nicaragua, las brindó en una entrevista a un medio paraguayo, y ocurrieron en un contexto en el que los Ortega Murillo continúan avanzando en su propósito de aislarse de las naciones democráticas y retirarse de todo organismo internacional -como en su momento lo hicieron con la OEA-, que se atreve a recordarles sus obligaciones en materia de derechos humanos y democracia, a revelar información que contradiga sus estadísticas engañosas o se niega a cumplir sus deseos. 

Esto los llevó a retirarse recientemente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

En sus declaraciones el futuro secretario general de la OEA reiteró que “es importante demostrar de clara manera el beneficio de la OEA en términos de defensa de la democracia, en defensa de los derechos humanos y el papel que la OEA tiene en seguridad y migración”; recordando que la OEA es y debe seguir siendo un club de naciones democráticas.

La diplomacia busca soluciones 

Como diplomático de larga trayectoria y vasta experiencia, el embajador Ramdin conoce perfectamente la obcecación totalitaria de los Ortega Murillo que los llevó a convertir a Nicaragua en un Estado forajido que desconoce el derecho internacional. No obstante, está convencido de la importancia de la acción y de la iniciativa ya que, si no lo intenta, no tendrá posibilidad de éxito, pues tal como lo expresa la sabiduría popular “el que no arriesga, no gana”.

La diplomacia busca soluciones que parecen imposibles, no se detiene ante las dificultades y baraja entre salidas creativas para alcanzar sus objetivos, que en el caso de Nicaragua están claramente establecidos en las más recientes resoluciones emitidas por la OEA.

El 8 de noviembre de 2023, a pocos días de hacerse efectiva la salida de Nicaragua del organismo, el Consejo Permanente resolvió continuar prestando especial atención a la situación del país, para promover y fomentar el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de sus ciudadanos; ya que el país sigue siendo parte de las Convenciones Interamericanas ratificadas libremente, entre ellas el Pacto de San José y otros compromisos derivados de las normas consuetudinarias, que los obligan conforme los principios del derecho internacional.

En junio de 2024, durante la Asamblea General celebrada en Paraguay, recordando que la crisis democrática y de derechos humanos de Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de la región, el plenario resolvió por consenso, urgir al régimen nicaragüense a cesar toda violación a los derechos humanos; restaurar las instituciones democráticas, especialmente el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos; acatar las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que permanentemente son desacatadas.

Es la lucha de todos los demócratas

Además, instruyó al Consejo Permanente e instó a los Estados miembros a mantenerse atentos a la situación de Nicaragua y a facilitar iniciativas de diálogo, negociación y visibilización, que contribuyan a la recuperación de la democracia.

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), a pesar de estar consciente de que la dictadura cerró toda posibilidad de debatir y fortaleció su modelo totalitario, al auto aprobar una nueva Constitución regresiva en materia de derechos humanos y democracia, expresa su reconocimiento a la disposición del nuevo secretario general Ramdin, de establecer comunicación con los Ortega Murillo para cumplir los objetivos de las resoluciones mencionadas.

Este esfuerzo debe llevar a la restauración de la democracia, de la libertad y de la justicia que permitan poner fin a la impunidad de las instituciones del Estado y demás actores que cometen graves violaciones a los derechos humanos. Conseguir estos propósitos es la razón que nos convoca y nos satisface que la OEA a través de sus nuevas autoridades nos acompañen en nuestra lucha, que es la de todos los demócratas de América.