A pesar de los esfuerzos de la dictadura Ortega Murillo por utilizar los espacios internacionales para vender una historia ajena a lo que ocurre y buscar que, en los espacios donde no puede manipular la verdad, la atención hacia Nicaragua se reduzca a la mínima expresión, la comunidad internacional continúa mostrando la realidad que se vive desde 2018.
El pasado 13 de febrero el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución que condena la represión de los Ortega Murillo, contra defensores de derechos humanos, opositores políticos y comunidades religiosas.
La semana pasada el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en el marco del 58 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó la actualización de su informe sobre Nicaragua.
Tanto la resolución del PE como el informe del GHREN comparten como denominador común que, desde 2018 la situación de Nicaragua se ha agravado de manera progresiva y sistematizada, la lista de violaciones sigue creciendo y el Estado de Nicaragua, para mantener el control absoluto, funciona como una máquina represiva contra la población.
No es casualidad que durante la presentación del informe del GHREN, entre los pocos países que defendieron a los Ortega Murillo, estuvieron las dictaduras más reconocidas del mundo, Corea del Norte, Irán, China, Rusia, Cuba, Venezuela y Bielorrusia.

Llaman a no ser indiferentes
La no injerencia fue el escudo esgrimido por ellas para defender las violaciones cometidas por su par de Nicaragua y las que cometen todos ellos. Sin embargo, se toparon con el principio de la no indiferencia asumido por la gran mayoría de países que defienden la democracia y condenaron los abusos de los Ortega Murillo.
Ese llamado a no ser indiferentes y sobre todo a actuar es el que caracteriza las recomendaciones del GHREN y del PE, que incluso comparten la mayoría de sugerencias. También, ambos hacen un llamado vehemente a la comunidad internacional y sobre todo a los países que abanderan la democracia y el Estado de derecho. Les piden dejar de ser testigos de esta crisis y actuar, tomando medidas concretas para detener los abusos y garantizar que los autores rindan cuenta por sus crímenes. Además, el GHREN está convencido de que “cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga”.
El GHREN pide que un país o un grupo de países lleven a los Ortega Murillo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en virtud de la Convención sobre la Apatridia; y el PE aconseja denunciarlos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes de lesa humanidad que cometen.
En el caso de la CIJ, Nicaragua es uno de los países que más ha recurrido a ella. Entonces, el desdén que muestran sobre los mecanismos internacionales de derechos humanos, se pondría a prueba si denuncian a los Ortega Murillo en un tribunal que tanto han utilizado.
Otra recomendación compartida es que, para contrarrestar la represión estatal nicaragüense, refuercen el apoyo a la sociedad civil, medios de comunicación independientes y defensores de derechos humanos. Incluso, el GHREN señala la necesidad de aumentar la asistencia financiera y técnica. Consideran que el aporte de estos grupos es fundamental y que se necesita de ellos.

Ampliar sanciones y restringir mercados
La resolución del PE solicita ampliar la lista de personas sancionadas e incluir a Ortega, Murillo y sus allegados; y el GHREN incrementar las acciones legales y sanciones contra las personas, instituciones y entidades responsables de los abusos.
La última recomendación que comparten es que se condicione, a parámetros de derechos humanos, el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados; es decir, suspender algunos derechos que otorgan el DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Además, el GHREN pide que las conclusiones de su informe sean tomadas en cuenta en la Consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en la recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) usado para justificar la cancelación masiva de Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Una sugerencia unilateral del GHREN es la necesidad de proteger a los nicaragüenses privados de nacionalidad, expulsados y a quienes le niegan el ingreso al país.
Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), agradecemos por estos invaluables aportes a la lucha por la democracia, esperamos que estas recomendaciones sean impulsadas por la comunidad internacional, y nos sumamos a los países y organizaciones que piden que en el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se renueve el mandato del GHREN y de la Oficina del Alto Comisionado.
La maquinaria unificada de represión de los Ortega Murillo

Casi siete años después del inicio de la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo continúa perfeccionando los mecanismos de represión y consolidando su poder totalitario. Con el propósito de subyugar a la ciudadanía para ejercer su poder y pleno dominio, puso a todas las instituciones al servicio del control de la sociedad y consolidó una maquinaria unificada de represión.
El modelo represivo pasó del estado policial al de terror y los mecanismos de coacción, manipulación, intimidación, vigilancia, discriminación, regulación, propaganda, manejo económico e imposición de la ideología oficial, convierten a cada ciudadano en su propio policía, paralizado por el temor, incluso de pensar y a la espera de que, en cualquier momento, con causa o sin ella, le afecten su vida y subsistencia.
La actualización del informe que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentó a finales de febrero en el marco del 58 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, identifica cuatro fases de represión.
La primera caracterizada por la violencia con que neutralizaron las protestas y la cantidad de muertos, heridos y encarcelados que provocó; la segunda más selectiva, enfocada en detener y enjuiciar arbitrariamente a opositores que podían entorpecer la tercera reelección de Ortega; paralelamente siguió cerrando los espacios de participación, la libertad de expresión y empujando a miles al exilio.
En la tercera, acabaron con cualquier vestigio de oposición, la escalada represiva contra la Iglesia católica incluyó la detención y destierro de líderes religiosos, incluidos tres obispos y la represión alcanzó incluso a antiguos colaboradores. Además, con el cierre de miles de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y partidos políticos, anularon los espacios de participación.

La meta es eliminar toda crítica
El GHREN considera que ahora, en la cuarta fase el objetivo es eliminar toda crítica y consolidar el control absoluto de los Ortega Murillo sobre las entidades del Estado y la población.
El perfeccionamiento de los mecanismos de represión incluye la expulsión y prohibición de ingreso a cientos de nicaragüenses, a los que privan arbitrariamente de su nacionalidad. Además, aceleraron la confiscación de bienes a organizaciones y personas víctimas de la represión, someten a las empresas al terrorismo fiscal y niegan derechos, servicios públicos y beneficios sociales a los opositores.
La represión sistemática consolidó el poder absoluto sobre la población mediante una represión generalizada y una extensa red que incluye vigilancia, hostigamiento, detenciones arbitrarias, juicios injustos y desapariciones forzadas.
En este esquema participan el partido FSLN y la totalidad del aparato estatal y está normado por una Constitución totalitaria que entró en vigencia recientemente. Ella socava la protección de los derechos fundamentales y concede poderes ilimitados y absolutos a los Ortega Murillo, ahora bajo la figura de copresidentes.
Con su nueva Constitución los Ortega Murillo consolidaron su poder dinástico, anularon la separación de los poderes Legislativo, Electoral y Judicial y con ello, suprimieron los contrapesos característicos de las democracias. Eliminaron la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación; y al supeditar la libertad de expresión a la seguridad, paz y bienestar, cerraron toda posibilidad de debatir y divulgar información veraz.

Ortega y Murillo son el núcleo de la represión
Los Ortega Murillo constituyen el núcleo de la estructura represiva y sus colaboradores desempeñan roles vitales en la transmisión de instrucciones y cadena de mando de los distintos niveles de su inmenso aparato represor.
El Ministerio del Interior y sus distintas dependencias, así como la Policía y el Ejército, realizan una labor fundamental en las violaciones de los derechos humanos y siempre están prestos a actuar cuando la subyugación por el terror no es suficiente para garantizar el control social.
Esto ocurre mientras la comunidad internacional sigue sin acoger las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos que, ante la gravedad de los abusos, sugieren activar los mecanismos de justicia internacional, para que Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices, paguen por los delitos que cometen y cesen las permanentes violaciones a los derechos humanos, que ofenden a toda la humanidad.
Ante el incremento de los mecanismos represivos de la dictadura Ortega Murillo, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), se suma al llamado del GHREN que pide a los países dejar de ser testigos y pasar a una acción global urgente, poniendo en práctica las recomendaciones que ellos, el Parlamento Europeo y otros organismos internacionales hacen para frenar estos abusos, pero también para hacer que los responsables sean juzgados en tribunales internacionales.