El Parlamento Europeo (PE) es uno de los foros políticos más solidarios con el pueblo nicaragüense. Desde el inicio de la crisis socio política en 2018, la legislatura anterior aprobó siete resoluciones y recientemente en febrero de este año, la octava, que es la de más alto consenso y contundencia. Incluso grupos de izquierda que antes tomaron distancia, se sumaron a esta condena que, además pide acciones concretas para frenar los abusos de la dictadura Ortega Murillo y castigar los delitos de lesa humanidad que cometen.

La resolución pide entre otras acciones, que los países miembros de la Unión Europea (UE), de conformidad con el Estatuto de Roma, lleven a los Ortega Murillo a la Corte Penal Internacional (CPI) para que respondan por los crímenes de lesa humanidad. Esta acción abriría la puerta de la justicia para las víctimas y demostraría que, ante la gravedad de sus delitos, la investidura de jefe de Estado que ostenta Ortega no debe considerarse un escudo de impunidad. 

Los eurodiputados también pidieron que se active para Nicaragua, la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) que rige las relaciones comerciales y de cooperación entre Centroamérica y la UE.

Poner candados a la cooperación

Para evitar que la cooperación internacional, bilateral y multilateral, siga sosteniendo a la dictadura, recomiendan que la UE y los organismos multilaterales, incluyan entre los requisitos para recibirla, garantías específicas de respeto a los derechos humanos. Este candado debe evitar que el financiamiento internacional que reciben los Ortega Murillo, directamente o a través del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), siga fortaleciendo el modelo represivo y enriqueciendo a la dictadura familiar y su círculo de poder. 

En su resolución el PE denunció el uso de la apatridia y el exilio como arma contra las voces disidentes; pidió que se revoque la nueva Constitución de corte totalitario que aprobaron recientemente los Ortega Murillo para consolidar su poder dinástico; y que Nicaragua respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El 13 de febrero todos los grupos políticos, a mano alzada, votaron de forma unitaria a favor de esa resolución que condena las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos cometidas por Ortega y Murillo contra la población, opositores democráticos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil (OSC), y la persecución de líderes religiosos, principalmente de la Iglesia católica.

El documento exige la liberación inmediata de las personas presas por razones políticas, el restablecimiento del Estado de Derecho, de la personería jurídica de las casi seis mil OSC canceladas y las libertades y derechos de miles de exiliados, incluido su retorno seguro. Además, tras casi siete años de crisis en los que los países miembros de la UE esperaron, sin resultado, el retorno hacia la democracia, advierte que todas estas son condiciones previas esenciales para un posible diálogo significativo.

No es vinculante, pero tiene peso

Aunque las resoluciones del PE no son vinculantes, el respaldo unánime de todos los grupos políticos que lo integran le imprime un valor muy especial, que debe motivar al Ejecutivo de la UE, presidido por Ursula Von der Leyen, a tomar en cuenta que los llamados a restablecer las garantías y derechos ciudadanos no han tenido respuesta, y es momento de escuchar a la clase política europea y emprender las acciones que sugiere el PE, para frenar los abusos de los Ortega Murillo.

Son muchas las oportunidades de diálogo que la UE y la comunidad internacional han propiciado, pero la dictadura en lugar de reconsiderar su actuación, ha menospreciado e ignorado las recomendaciones de los foros políticos e incluso resoluciones vinculantes de organismos especializados en materia de derechos humanos, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Además, irrespeta flagrantemente sus compromisos con el derecho internacional y esto convierte a Nicaragua en un Estado que atenta contra la paz y la seguridad de la región e incluso del continente.Ante esta clara realidad la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), confía en que la presidenta Von der Leyen, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, tomen conciencia de que Nicaragua se convirtió en un Estado forajido, con el que es imposible llegar a un entendimiento a través del diálogo, y que se requieren acciones contundentes, como las que recomienda el PE, para garantizar el retorno del país a la senda democrática.

¿Qué hay detrás de los recientes informes?

En los últimos días salieron a luz una serie de informes, reportes e indicadores que ayudan a entender con mayor profundidad lo que sucede en Nicaragua a raíz de la crisis sociopolítica que inició en 2018 y los impactos que sigue provocando en el devenir del país.

Nos referimos entre otros, al Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición; al Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional y al del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la Consulta del Artículo IV de 2024 para Nicaragua. Todos ellos con amplia cobertura en los medios de comunicación nicaragüenses en el exilio y por supuesto, por la maquinaria de propaganda de la dictadura.

Lo primero que refleja la publicación de estos informes, es la sensibilidad de la dictadura Ortega Murillo a lo que dicen y por supuesto el esfuerzo que hacen para manipular su contenido.

Si los emisores de ellos publican lo que la dictadura dispone y “acuerda”, como sucedió con el lamentable reporte del FMI, su maquinaria propagandística hace un despliegue triunfalista y la institución se mantendrá en el país. Está claro que esa permanencia dependerá de seguir publicando lo que la dictadura quiera. Esto es lamentable para una institución como el FMI, que se hace de la vista gorda y además, colabora con un régimen que viola los derechos humanos y aniquiló la democracia y el Estado de derecho.

Consecuencias inmediatas y dañinas

Pero si la dictadura no está de acuerdo con las publicaciones, las consecuencias son inmediatas sin importar los efectos dañinos que cause la decisión.

Terminar la relación con la FAO y expulsarla del país tiene un impacto significativo, sobre todo para los beneficiarios de los programas que apoyaba. Este no es un tema solamente de hígado político, sino con consecuencias económicas para la población más vulnerable, que en sus diatribas el régimen dice proteger. 

Desde que inició la crisis, las donaciones al sector público se redujeron, especialmente las provenientes de fondos bilaterales (de país a país) que actualmente no representan ni el 10 % del total. Esto provoca que el peso de las donaciones recaiga ahora sobre las fuentes multilaterales, donde la FAO representaba el 15 % del total y era el tercer donante más importante, superado sólo por la Unión Europea (UE) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Aproximadamente 10 millones de dólares anuales se perdieron con la expulsión de la FAO.

No les importó perder eso, ni que los grandes afectados sean los más vulnerables. Así lo demuestra el programa Agradapta que a través de la FAO beneficiaba a 11,661 familias en 110 comunidades de diez municipios del Corredor Seco de Nicaragua. Estas familias necesitan de este programa para comer y sobrevivir. 

Un tercer punto para destacar es que a los Ortega Murillo les molesta que no pueden seguir ocultando la realidad que provocan sus decisiones y el daño que ellas causan a la población y al bienestar del país. La realidad que presentan los informes que no logran manipular es irrefutable.

Llevan 18 años en el poder

Los trillados discursos para culpar a los 16 años de gobiernos neoliberales por los rezagos que enfrenta el país se caen por su peso, ya que ellos sólo en esta etapa llevan 18 años en el poder; y el informe de la FAO demuestra que es poco o nada lo que han logrado.

Contrario a lo que ocurre en el resto de América Latina y el Caribe donde se están reduciendo los porcentajes de la población subalimentada, en Nicaragua empeoraron. Casi el 20 % de la población tiene problemas alimentarios y eso es casi tres veces más que el promedio de la región. 

De hecho, los niveles de subalimentación ahora están por encima del 19.5 % que encontró Daniel Ortega cuando regresó al poder en 2007. La pobreza en lugar de reducirse creció, pasó de afectar a 1.1 millones de personas a 1.4 millones, las subalimentadas desde que Ortega asumió el poder.

Los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2024, muestran resultados similares. Entre 2017 y 2024 Nicaragua cayó 21 lugares, pasó del lugar 151 al 172 entre 180 países evaluados. Nicaragua ahora es el noveno país más corrupto del mundo, y forma parte de un grupo, la mayoría en conflicto o con altos niveles de restricción a las libertades y nula democracia. Todo esto eleva el muro que evita la entrada de nuevas inversiones y financiamiento más barato.

Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), seguiremos mostrando y denunciando la verdadera cara del régimen Ortega Murillo y no la historia complaciente de quienes se prestan al juego de la dictadura.