Los Ortega Murillo quieren silenciar la voz de la Iglesia
En los últimos días, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestró y desterró a otros siete sacerdotes, de las diócesis de Matagalpa y Estelí, encabezadas por el obispo Rolando Álvarez, también desterrado y desnacionalizado. Con ellos, el número de religiosos desterrados en los dos últimos años asciende a 46; y a ellos se suman al menos 200 obligados a exiliarse.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense-CDN, el secuestro y destierro de sacerdotes y monjas, es parte de una política violatoria del derecho a la libertad religiosa que la dictadura Ortega Murillo impuso desde hace varios años, y aunque es más agresiva contra la Iglesia católica, afecta a la evangélica y a la morava de la Costa Caribe.
La confrontación no es casual, se remonta en el tiempo por la actitud firme y profética que la jerarquía católica ha mantenido. Basta recordar la carta que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) le entregó a Ortega en mayo de 2014, externando sus preocupaciones por la problemática social, institucional, de derechos humanos y por las amenazas que ya recibían algunas Iglesias.
Desde 2018 los Ortega Murillo elevaron el tono de su discurso de odio contra la Iglesia y algunos jerarcas católicos. Sin embargo, en mayo y a petición de ellos, los obispos jugaron un papel primordial durante el Diálogo Nacional; pero también acompañando y protegiendo de la violencia estatal a miles de ciudadanos que protestaron en las calles.
Las represalias no se hicieron esperar. En 2019 pastores con gran reconocimiento, entre ellos el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, fueron amenazados, perseguidos y forzados a abandonar el país. Y muchos templos fueron cercado por la Policía, entre ellos la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, donde varias madres de personas prisioneras políticas, realizaban una huelga de hambre demandando su liberación.
Los ataques se prolongaron, en julio de 2020 en medio de la pandemia de covid-19, en la Catedral de Managua un atentado destruyó la imagen de la Sangre de Cristo, venerada desde hace casi cuatro siglos.
En marzo de 2022, una nueva escalada provocó la expulsión del representante del Vaticano, monseñor Waldemar Sommertag. Cinco meses después, la Policía cercó y luego secuestró al obispo Álvarez, lo juzgaron y condenaron a 26 años de cárcel por supuestos delitos contra la patria y lo mantuvieron preso hasta febrero de 2024, cuando lo despojaron de su nacionalidad y lo desterraron.
En 2023, después que el papa Francisco los calificó como una dictadura grosera, rompieron relaciones con el Vaticano, retiraron a la Embajadora, cerraron la Embajada, y le pidieron a la Santa Sede que cerrara su nunciatura en Managua.
En ese contexto cerraron y confiscaron universidades, propiedades, emisoras de radios, y organizaciones sociales y benéficas católicas y evangélicas. Y se incrementaron las amenazas, persecución y encarcelamiento de líderes religiosos, lo que obligó al menos a 200 sacerdotes y monjas a huir de Nicaragua.
Uno de los ataques más relevantes de 2023 fue la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), la disolución de la Compañía de Jesús que la administraba y la expulsión de sus sacerdotes. Esta se sumó a la expulsión de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, las Hermanas Dominicas de la Anunciata, las Hijas de Santa Luisa de Marillac y otras congregaciones.
Otras denominaciones religiosas también son víctimas de la represión. En diciembre de 2023, encarcelaron a once integrantes de la organización Puerta de la Montaña y los condenaron falsamente por lavado de dinero. La iglesia morava en la Costa Caribe también es perseguida.
La violación a la libertad religiosa se extiende a los ciudadanos. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa (USCIRF), presentaron informes en los que denuncian los ataques y persecución contra las denominaciones religiosas y las prohibiciones para que los ciudadanos practiquen sus creencias y realicen sus actividades con libertad.
Para la CDN la batalla que el régimen Ortega Murillo libra contra las creencias y la libertad religiosa constituye un crimen de lesa humanidad, porque viola flagrantemente un derecho fundamental. Sin embargo, en su afán totalitario se olvida que la fe y las creencias religiosas constituyen uno de los pilares fundamentales de la población, y que la relación con sus pastores es profunda, por lo que podrán cerrar los templos, pero no confiscarán la fe y la esperanza, ya que a pesar de la violencia estatal la Iglesia sigue acompañando y guiando espiritualmente a los nicaragüenses.