Durante los años 2022, 2023 y parte de 2024 los Ortega Murillo, con el apoyo de Venezuela, Cuba, Rusia y otros países con regímenes totalitarios, organizaron la más importante y compleja operación para el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Para facilitar el tránsito por Nicaragua, la dictadura eliminó el requisito de visa previa a los cubanos y luego a ciudadanos de países de Asia y África. Esta práctica fortaleció la ruta terrestre tradicional a través del Tapón del Darién y la marítima a través de la isla San Andrés en Colombia.

Así estableció una política de libre visado universal, mediante el pago de una tarjeta de turismo que se obtiene al ingresar al país por aire, mar o tierra, y la opción de obtener un permiso de tránsito temporal o salvoconducto, que permite movilizarse hacia la frontera norte, tras cancelar una tarifa de entre 150 y 300 dólares.

Posteriormente se agregaron rutas aéreas, la operación requirió una minuciosa preparación con contactos en diferentes países, con agencias de viajes, líneas aéreas y grupos especializados en el tráfico de personas para convertir, al Aeropuerto Internacional de Managua Augusto C. Sandino, en un hub al servicio del tráfico ilegal de migrantes.

Este mecanismo operó con apoyo de sus aliados, alrededor de 1,500 vuelos chárter, con orígenes tan diversos como Haití, India y Libia.

Siguen instrumentalizando la migración

Adicionalmente las líneas aéreas con rutas establecidas, especialmente la venezolana Conviasa, facilitaron el tráfico de migrantes desde Cuba y Venezuela. Se estima que entre 2022 y 2023 unos 628,700 migrantes usaron las facilidades de la terminal aérea internacional de Managua; que fue utilizada mayoritariamente por cubanos y venezolanos. Pero también por ciudadanos de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, Georgia, Vietnam, China, Kirguistán, Angola, Burkina Faso, Mauritania y Senegal, entre otros.

En junio del 2024 los Estados Unidos mediante presión diplomática y amenazas de suspensión de visa a propietarios y operadores de vuelos chárter, cerraron el flujo de estos vuelos. Pero no pudieron limitar las operaciones de Conviasa, ni los vuelos de las rutas regulares, operadas principalmente por aerolíneas latinoamericanas que mueven pasajeros de distintas nacionalidades, que tras realizar diversas escalas llegan hasta Nicaragua.

Si bien es notable la reducción del número de migrantes ilegales, por el impacto de las medidas impulsadas por la administración Trump, las facilidades institucionales que presta la dictadura Ortega Murillo y su política de guerra híbrida para atacar a Estados Unidos mediante la instrumentalización de la migración, continúan incólume.

Las facilidades del libre visado universal siguen siendo un atractivo para los migrantes que deciden arriesgarse, a pesar de las dificultades crecientes para ingresar a los Estados Unidos, como para el tránsito selectivo de agentes de los países que adversan a esa nación; o peor aún, los miembros de grupos terroristas, por lo que el hub de Managua, continúa seriamente golpeado, pero plenamente operativo.

La migración en la guerra híbrida

Según información del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, entre enero y octubre de 2025, ingresaron a ese país, provenientes de Nicaragua, en promedio unos 3,000 migrantes irregulares por mes. Entre los que se destacan los nacionales de Cuba, Haití, Venezuela, Irán, China, Camerún, Uzbekistán, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Etiopía y Siria, entre otros.

Estos datos son congruentes con los facilitados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), que reporta promedios mensuales de unos 30,000 migrantes detenidos, pero esta cifra incluye a mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

El 17 de noviembre el Departamento de Estado de los Estados Unidos reaccionó al flujo sostenido facilitado por Nicaragua. Le suspendió visas a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos que, gracias a la política migratoria permisiva de la dictadura Ortega Murillo, facilitan el traslado de migrantes a través de Nicaragua.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), las medidas que impulsa el Departamento de Estado contra particulares, ignoran los niveles de centralización del poder por parte de los Ortega Murillo; por tanto, la estructura criminal y sus coordinaciones internacionales para el tráfico de migrantes continuarán activas.

Mientras los Ortega Murillo observen que la migración irregular que promueven, sigue provocando una fuerte división en la sociedad estadounidense, y ellos no sean afectados directamente por las medidas del Departamento de Estado, o sientan el riesgo de perder el poder, en coordinación con sus aliados de regímenes totalitarios de Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba, continuarán instrumentalizando la migración irregular como un ejercicio de guerra híbrida para desestabilizar a su adversario.

Ortega y la persecución religiosa

En su informe de este año la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF por sus siglas en inglés), mantuvo a Nicaragua como país de «Particular Preocupación». Esta categoría, la de mayor severidad, implica que la persecución es sistemática, permanente, atroz y flagrante, y está reservada para los países más violentos.

La USCIRF es una instancia federal, independiente, bipartidista que monitorea en todo el mundo, la libertad religiosa que es considerada un derecho humano universal. Además, recomienda al presidente de los Estados Unidos y al Congreso, la política exterior en lo referido a la libertad de culto. Sus reportes han provocado la presión diplomática e incluso la imposición de sanciones a países violadores.

El más reciente informe señala al régimen Ortega Murillo como uno de los principales violadores de los derechos religiosos en el mundo; y recomienda, entre otras medidas, sanciones financieras y el restablecimiento de la ley RENACER.

Los abusos de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica están bien documentados y han sido objeto de mucha atención en los medios de comunicación de Nicaragua y del mundo.

El régimen sandinista tiene un largo historial de abusos contra la religión y la Iglesia Católica en general. La humillación del padre Bismark Carballo y el irrespeto al santo padre San Juan Pablo II durante una misa solemne que celebró en Managua en 1983, son sólo dos de los más conocidos ejemplos, pero hay muchos más.

Solidaridad religiosa

En 2018 cuando surgieron las protestas y la Policía comenzó a asesinar a decenas de estudiantes y manifestantes jóvenes, el arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez les dijo a los cientos de manifestantes que estaban refugiados en la Catedral de Managua: “no caigan en la intimidación, no se dejen llevar por la violencia, la lucha de ustedes es justa y la Iglesia los apoya.  No solamente los apoya, sino que les instamos a seguirla… La causa de ustedes es por la justicia social, sigan creyendo en la fuerza de la paz y la no violencia”.

Pero Ortega retomó la represión de antaño, pero a partir de 2018 con mucha más fuerza. Casi trescientos sacerdotes y religiosos están en el exilio, unos fueron expulsados y a otros no les han permitido regresar al país. Les congelaron las cuentas bancarias a las parroquias católicas, les cerraron las obras sociales y prohibieron realizar procesiones.

Confiscaron arbitrariamente centros de estudios superiores pertenecientes a organizaciones religiosas, entre ellos la Universidad Centroamérica (UCA); expulsaron del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag; y la serie de abusos que han cometido contra los obispos y la Iglesia han sido extensamente documentados, y han provocado que la USCIRF mantenga a Nicaragua en la peor categoría de su informe.

La denominación de Nicaragua como uno de los países con la mayor persecución religiosa en el mundo, ocurre mientras el santo padre León XIV, a pesar del poco tiempo que lleva en el trono de San Pedro, ya se reunió con tres obispos exiliados: Báez, Rolando Álvarez y Carlos Herrera.

Consecuencias de la persecución religiosa

Según una publicación de El Pilar, medio especializado en temas religiosos, el interés del Vaticano con estas reuniones es enviar un mensaje claro a Ortega: solamente la Santa Sede determinará a quién nombra como obispo. Y al reunirse con los obispos mencionados confirma que, aunque exiliados, siguen en sus posiciones eclesiásticas y como tales continúan siendo líderes importantes de la Iglesia en Nicaragua.

A renglón seguido, según la publicación, el papa León XIV les dice a los Ortega Murillo que no se prestará al juego de nombrar obispos afines a ellos, como René Sándigo.

Por lo anterior, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), considera que la persecución religiosa generará para Nicaragua, algo más que expresiones políticas de repudio internacional. Por recomendación de la USCIRF el Gobierno de los Estados Unidos podría aplicar sanciones. Estas serían consideradas en virtud del proceso paralelo llevado a cabo por la investigación de la sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés).

Además, la política vaticana hacia Nicaragua está dando un giro. Está pasando de una cierta prudencia, a una política más activa y de mayor acercamiento con la jerarquía católica nicaragüense en el exilio.

Mientras tanto, en Nicaragua la Iglesia Católica perseguida, continúa evangelizando y apoyando a un pueblo que, aunque sometido, siempre será mariano, católico y cristiano, a pesar de los intentos de la dictadura Ortega Murillo de imponer su voluntad autoritaria y callar la voz profética de los obispos y otros pastores religiosos.