El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), define el tráfico ilícito de personas como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado” para obtener un beneficio económico o de otro orden material. La actividad supone la existencia de grupos criminales altamente organizados que operan de forma transnacional con grandes ganancias que, en muchos casos, violan los derechos humanos de los migrantes. Es por ello que es considerada un delito de crimen organizado transnacional.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha facilitado el tránsito de miles de migrantes irregulares que se dirigen hacia Estados Unidos y se lucra de ello a través de dos mecanismos. El primero consiste en facilitar y permitir el paso de miles de migrantes, previo pago de entre 150 y 200 dólares por persona para recibir una tarjeta de turismo que les permite transitar, por vía terrestre desde la frontera sur que Nicaragua comparte con Costa Rica, hacia el norte. En abril de 2024, Honduras reportó que más de medio millón de migrantes irregulares, principalmente venezolanos, cubanos, haitianos, ecuatorianos y de otros países de Latinoamérica e incluso de Europa, Asia y África, ingresaron a su territorio procedentes de Nicaragua.
La segunda modalidad consiste en permitir el aterrizaje de vuelos chárter provenientes de distintos países de América, Europa Asia y África, que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto C. Sandino, cargados de migrantes que usan el país para acortar su travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos.
En este caso, es evidente que esos vuelos cuentan con el beneplácito de la dictadura Ortega Murillo, y que existe una “infraestructura” logística transnacional para operarlos, así como una red de colaboradores internos que se encargan de recibir a los migrantes, llevarlos a hospedajes para que descansen, y luego trasladarlos hasta la frontera norte para que sigan su viaje en dirección a Estados Unidos. En este caso, los migrantes también pagan entre 150 y 200 dólares por la tarjeta de turismo que les permite permanecer en el país hasta por cuatro días.
De acuerdo con datos oficiales, solamente en los primeros tres meses de 2024, a Nicaragua arribaron 198,500 pasajeros y a finales del 2023, reportes periodísticos dieron cuenta que en tres días aterrizaron 36 vuelos comerciales procedentes de Haití. Adicionalmente, el régimen ha eliminado el requerimiento de visa a ciudadanos de muchos países, entre ellos Cuba, Haití, Catar y Angola, entre otros.
Esta situación preocupa al gobierno de Estados Unidos que en reiteradas ocasiones ha advertido a la dictadura Ortega Murillo sobre las consecuencias de sus acciones, que incluso, ya se tradujeron en advertencias a las líneas aéreas que operan los chárter, y en restricción de visa a los operadores de transporte aéreo, terrestre y marítimo que faciliten esta actividad.
El régimen Ortega-Murillo decidió seguir desafiando abiertamente las advertencias de Estados Unidos y a partir de mayo comenzó a recibir vuelos directos procedentes de Libia, con migrantes de diferentes nacionalidades.
Y mientras el tráfico de migrantes sigue agudizando la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos en su frontera sur, en Nicaragua está provocando un crecimiento exponencial en las recaudaciones por trámites migratorios. El tráfico de personas se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos e inescrupulosos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se aprovechan del anhelo de miles de migrantes que salen de sus países con la meta de llegar a Estados Unidos.
Efectivamente, en los últimos años Centroamérica se ha convertido en una región de tránsito de grandes flujos de migrantes de distintas nacionalidades, que atraviesan casi toda la región para llegar a Estados Unidos. Pero en Nicaragua es distinto, al ofrecer el Aeropuerto Internacional de Managua como puente aéreo para acortar la travesía, promueve el incremento del flujo de migrantes provenientes distintos continentes, para usarlo como instrumento político para azuzar las confrontaciones con Estados Unidos; pero a la vez lo aprovecha como medio de enriquecimiento ilícito del clan familiar Ortega-Murillo.
La cara política del tráfico de migrantes a través de Nicaragua
Detrás del tránsito de miles de migrantes irregulares que la dictadura nicaragüense ha facilitado, hay un importante componente económico; sin embargo, este esquema también incluye componentes políticos relevantes que se deben entender y resaltar.
Hasta antes del 2021, la ruta que ocupaban los migrantes era a través de algunos países de América del Sur, desde donde emprendían el recorrido por tierra, cruzaban la selva ubicada entre Colombia y Panamá, conocida como el Tapón del Darién, y seguían a través de Centroamérica y México hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
El Tapón del Darién tiene condiciones naturales complejas, y está plagado de bandas criminales y narcotraficantes. El robo y la violencia sexual son el pan de cada día y es necesario contratar “coyotes” para realizar la travesía, que puede durar entre 3 y 15 días.
A pesar de estos peligros, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 2022 y 2023 más de 750 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Haití, Senegal, India y otras naciones, arriesgaron sus vidas en esa ruta para llegar a Estados Unidos.
El régimen Ortega Murillo vio en la desesperación de estas personas, una oportunidad económica. A partir del 2021 abrió una opción de tránsito que evade el Tapón del Darién. Eliminó el requisito de visa, primero a los cubanos, siguió Haití, India, Senegal, hasta llegar a Catar.
Actualmente los ciudadanos de más de veinte países de todos los continentes, son beneficiados con esta decisión política de Daniel Ortega que fomenta la migración irregular hacia Estados Unidos. Los ciudadanos de estos países llegan en avión a Nicaragua sin dejar rastro, porque no les sellan sus pasaportes, y desde ahí siguen la travesía por tierra hacia el norte.
Evitar los riesgos que conlleva cruzar el Tapón del Darién y reducir los días de viaje al utilizar el puente aéreo por Nicaragua tiene un precio muy alto, que se traduce en enormes ganancias para el régimen Ortega Murillo, y todos los integrantes de la cadena logística que interviene en este tráfico de seres humanos.
Pero esta no es la primera vez que Ortega utiliza la crisis migratoria como arma política. En 2015 le cerró el paso a miles de cubanos que usaban la ruta aérea, La Habana-Ecuador-Panamá y desde ahí seguían por tierra hacia Estados Unidos. En aquel momento les trancó el paso para vanagloriarse ante Estados Unidos, de haber convertido a Nicaragua en el muro de contención de los migrantes y del narcotráfico.
Entonces no es casualidad que ante este cambio de política, la suspensión del visado haya comenzado con los cubanos. Actualmente la isla enfrenta enormes dificultades y carencias económicas; la gente está hastiada y a pesar de la represión, está perdiendo el miedo a expresar su descontento públicamente.
Una de las respuestas a esta crisis es permitir la salida de los que quieran irse y puedan pagar por la opción menos riesgosa que les ofrece Ortega. Lo mismo sucede con los venezolanos, ahora pueden volar a Nicaragua sin pasar por el Tapón del Darién.
Y en el caso de los nicaragüenses, desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, se ha producido el éxodo más grande de la historia del país, con la salida de aproximadamente el 13 por ciento de la población.
De esta manera los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, estimulan la migración irregular para reducir el descontento interno, seguros de que eso les garantizará una mayor permanencia en el poder. Y de paso, se benefician indirectamente de las remesas que los migrantes les envían a sus familias.
Es tan grande el beneficio de esta estrategia, que abrieron la ruta y crearon la logística necesaria para que los migrantes se movilicen sin problema. Incluso, hace pocas semanas anunciaron una nueva ruta aérea entre Caracas-La Habana y Managua que adicionará frecuencias a los vuelos que ya existían.
La estrategia de Ortega es tan eficaz que antes de 2021, los migrantes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), superaban en 2.5 veces a los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. A partir del 2021, con la habilitación del puente aéreo por Nicaragua, los de estos tres últimos países superan hasta en 2 veces a los del Triángulo Norte.
La estrategia resultó tan efectiva, que se exportó a Europa, Asia y África, la cadena de trata de personas ahora es transcontinental. Solo en las últimas semanas, aterrizaron en Managua tres vuelos chárter de una línea aérea de Libia, vinculada a personas relacionadas con el gobierno de Rusia.
El régimen de Vladimir Putin declaró que Estados Unidos es un país enemigo y en el caso de Ortega no solo ha expresado que tiene una alianza con Rusia, sino que la está promoviendo.
En adición a lo expuesto, el fomento de esta alternativa de tránsito para la migración irregular, ha producido un problema de orden social, económico y de seguridad dentro de Estados Unidos; donde en las elecciones de noviembre, uno de los temas más relevantes será la crisis migratoria y el flujo imparable de migrantes que sigue llegando a la frontera sur. Esto tiene múltiples consecuencias, una de ellas es la posibilidad de que entre esos migrantes se infiltren terroristas, que a futuro provoquen problemas de seguridad en el país.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense CDN-Monteverde, nada de esto es casualidad, y aunque hay un componente económico, también existen componentes políticos planeados cuidadosamente para utilizar la crisis migratoria como arma política. La CDN-Monteverde considera que, para evitar consecuencias más graves los países del área, incluido Estados Unidos, deben responder adecuadamente a esta estrategia de Daniel Ortega, tanto en el ámbito económico como el político; y hacerlo antes de que genere consecuencias irreversibles.