Tráfico ilícito de migrantes: el inescrupuloso negocio de la dictadura
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), define el tráfico ilícito de personas como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado” para obtener un beneficio económico o de otro orden material. La actividad supone la existencia de grupos criminales altamente organizados que operan de forma transnacional con grandes ganancias que, en muchos casos, violan los derechos humanos de los migrantes. Es por ello que es considerada un delito de crimen organizado transnacional.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha facilitado el tránsito de miles de migrantes irregulares que se dirigen hacia Estados Unidos y se lucra de ello a través de dos mecanismos. El primero consiste en facilitar y permitir el paso de miles de migrantes, previo pago de entre 150 y 200 dólares por persona para recibir una tarjeta de turismo que les permite transitar, por vía terrestre desde la frontera sur que Nicaragua comparte con Costa Rica, hacia el norte. En abril de 2024, Honduras reportó que más de medio millón de migrantes irregulares, principalmente venezolanos, cubanos, haitianos, ecuatorianos y de otros países de Latinoamérica e incluso de Europa, Asia y África, ingresaron a su territorio procedentes de Nicaragua.
La segunda modalidad consiste en permitir el aterrizaje de vuelos chárter provenientes de distintos países de América, Europa Asia y África, que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto C. Sandino, cargados de migrantes que usan el país para acortar su travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos.
En este caso, es evidente que esos vuelos cuentan con el beneplácito de la dictadura Ortega Murillo, y que existe una “infraestructura” logística transnacional para operarlos, así como una red de colaboradores internos que se encargan de recibir a los migrantes, llevarlos a hospedajes para que descansen, y luego trasladarlos hasta la frontera norte para que sigan su viaje en dirección a Estados Unidos. En este caso, los migrantes también pagan entre 150 y 200 dólares por la tarjeta de turismo que les permite permanecer en el país hasta por cuatro días.
De acuerdo con datos oficiales, solamente en los primeros tres meses de 2024, a Nicaragua arribaron 198,500 pasajeros y a finales del 2023, reportes periodísticos dieron cuenta que en tres días aterrizaron 36 vuelos comerciales procedentes de Haití. Adicionalmente, el régimen ha eliminado el requerimiento de visa a ciudadanos de muchos países, entre ellos Cuba, Haití, Catar y Angola, entre otros.
Esta situación preocupa al gobierno de Estados Unidos que en reiteradas ocasiones ha advertido a la dictadura Ortega Murillo sobre las consecuencias de sus acciones, que incluso, ya se tradujeron en advertencias a las líneas aéreas que operan los chárter, y en restricción de visa a los operadores de transporte aéreo, terrestre y marítimo que faciliten esta actividad.
El régimen Ortega-Murillo decidió seguir desafiando abiertamente las advertencias de Estados Unidos y a partir de mayo comenzó a recibir vuelos directos procedentes de Libia, con migrantes de diferentes nacionalidades.
Y mientras el tráfico de migrantes sigue agudizando la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos en su frontera sur, en Nicaragua está provocando un crecimiento exponencial en las recaudaciones por trámites migratorios. El tráfico de personas se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos e inescrupulosos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se aprovechan del anhelo de miles de migrantes que salen de sus países con la meta de llegar a Estados Unidos.
Efectivamente, en los últimos años Centroamérica se ha convertido en una región de tránsito de grandes flujos de migrantes de distintas nacionalidades, que atraviesan casi toda la región para llegar a Estados Unidos. Pero en Nicaragua es distinto, al ofrecer el Aeropuerto Internacional de Managua como puente aéreo para acortar la travesía, promueve el incremento del flujo de migrantes provenientes distintos continentes, para usarlo como instrumento político para azuzar las confrontaciones con Estados Unidos; pero a la vez lo aprovecha como medio de enriquecimiento ilícito del clan familiar Ortega-Murillo.