El Fondo Monetario Internacional (FMI) define como captura de un Estado, los esfuerzos que realizan empresas o clanes, “para moldear las leyes, políticas y reglamentos del Estado en su propio beneficio”, y a la vez, “proporcionar ganancias ilícitas privadas a los funcionarios públicos”. Esta descripción retrata lo que hizo Daniel Ortega con la institucionalidad, para convertir la captura del Estado, en uno de los cinco pilares que lo sostienen en el poder a través de la represión y la exclusión. Los otros cuatro pilares son: la criminalización de la democracia, la propaganda del miedo y las mentiras, el monopolio de la violencia y el aislamiento internacional.

La captura del Estado recauda recursos para beneficiar al régimen a través de cuatro vertientes, mediante el uso de: los organismos del Estado; las leyes aprobadas para confiscar; la fuerza, el miedo y la inseguridad jurídica; los ingresos fiscales y el endeudamiento externo.

• El uso de organismos estatales autónomos para el auto enriquecimiento o el enriquecimiento del círculo de poder es extensivo. Incluye actividades como las utilizadas en el manejo del consorcio de empresas de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) y de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) para controlar el mercado de los combustibles y los cerca de 4 mil millones de dólares que les dejó el convenio petrolero con Venezuela. Otro método incluye el uso de testaferros, que actúan como directores o accionistas, de empresas que permiten las transacciones opacas del régimen y son recompensados con contratos públicos.
• El uso de la Ley 1040 y de la Ley 1055 aprobadas para reprimir, han sustentado la confiscación de universidades, empresas y bienes de personas naturales y jurídicas. Esto refleja la ausencia de seguridad jurídica y la amenaza permanente de perderlo todo y terminar en la cárcel, que enfrenta permanentemente el sector privado.
  
• La apropiación de los ingresos tributarios para sostener el sistema cleptocrático, incrementa la extorsión fiscal a las empresas; y se alimenta también de la creciente recaudación de impuestos indirectos provenientes del uso de las remesas que, por la migración forzada provocada por la represión, se han duplicado desde el estallido de la crisis en 2018. Además, no hay redistribución justa ni transparente de los ingresos. Por ejemplo, algunos trabajadores de empresas que operan bajo el régimen de Zona Franca, han denunciado que les retienen sus aportes salariales, pero estos no se registran en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
  
• El uso del endeudamiento externo para invertir en actividades que contrastan con las necesidades de desarrollo del país, pero benefician a empresas del círculo de poder, es evidente. Más de 75 de cada cien dólares que se asignan al Programa de Inversión Pública, se gastan en la construcción de carreteras en lugar de privilegiar la inversión social. Entre 2017 y 2023, el gasto en Inversión Pública relacionado con obras de infraestructura pasó del 29 al 54 por ciento del total; y el gasto en educación se mantuvo estancado.

La falta de escrutinio de los préstamos internacionales, el incremento de las remesas familiares cuyo uso en el consumo aporta el 20 por ciento de los ingresos fiscales a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la extorsión fiscal, presentan un panorama claro de la captura del Estado.

Es vital auditar las cláusulas contractuales de estos préstamos. Exigimos que los financiadores externos rindan cuentas del uso de estos recursos, y que suspendan los préstamos que no benefician al pueblo, sino al clan Ortega Murillo.

Para conocer más detalles sobre el tema puede leer el estudio: Captura de Estado en Nicaragua: El caso de la presión internacional

La comunidad internacional sigue actuando ante los abusos de la dictadura Ortega Murillo

La rebelión social de abril 2018 provocó la más cruel respuesta represiva por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes primero asesinaron a decenas de ciudadanos para infundir miedo y paralizar las protestas. Ante el fracaso, recurrieron al encarcelamiento, confiscación, destierro y más recientemente, a la desnacionalización de las personas opositoras. Desde que la dictadura asumió el poder en el 2007, anuló los derechos ciudadanos y las libertades públicas, y luego capturó el Estado para sostenerse en el poder.

El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU); la Organización de Estados Americanos (OEA); el Congreso de Estados Unidos; el Parlamento Europeo; el Parlamento del Reino Unido, y los ministros de Relaciones Exteriores del G-7, han hecho llamados y emitido una serie de recomendaciones dirigidas a gobiernos y organismos internacionales para que reaccionen y actúen contra los abusos de la dictadura Ortega-Murillo.

Estas recomendaciones coinciden y reafirman la posición y sugerencias que la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde), a través de su labor de cabildeo, ha planteado en los últimos años, en foros internacionales y ante diversos actores políticos y sociales.

Estas abarcan diferentes ámbitos, pero sobresalen las referidas a la sensibilización, justicia y democracia. E insisten en que se utilicen los foros internacionales para denunciar las violaciones a los derechos humanos y presionar por la salida democrática a la crisis, a través de elecciones libres y observadas con plena vigencia de los derechos ciudadanos.

La OEA creó un Grupo Voluntario, abierto a la participación de los Estados miembros, para mantener su mirada sobre Nicaragua; y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seguir presentando informes periódicos, para impulsar acciones que garanticen el ejercicio efectivo de la democracia representativa, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

El Congreso Americano amplió los plazos y presiona para que el Ejecutivo implemente las leyes bipartidistas Nica Act y Renacer. Además, promueve el trabajo conjunto de los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, y la Santa Sede, la Cruz Roja Internacional y la ONU, en busca de una solución a la crisis nicaragüense.

Las recomendaciones referidas a la justicia establecen que el Estado debe rendir cuentas en virtud de sus obligaciones con las convenciones internacionales; y para poner fin a la impunidad, impulsar procesos legales contra los responsables de los abusos y crímenes, ante la justicia nacional e internacional. También se revisarán las opciones para llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Además, ampliar las sanciones contra las instituciones y personas involucradas en las violaciones a los derechos humanos y los crímenes.

Otras son, revisar el DR-Cafta con Estados Unidos y otros acuerdos comerciales vigentes; que, al evaluar el cumplimiento de Nicaragua con las normas internacionales sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), tenga en cuenta que Ortega utiliza estos mecanismos para perseguir a los opositores, incluso fuera del país. Al Fondo Monetario Internacional (FMI), le piden incluir los temas de gobernanza, en la próxima evaluación periódica conocida como Articulo IV que le hará a Nicaragua.

Recomiendan incluir garantías de cumplimiento de derechos humanos en los contratos de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); para impedir que siga fortaleciendo al régimen Ortega Murillo.

Ante el cierre de casi 4 mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la mayoría de los medios de comunicación independientes que ahora informan desde el exilio, sugieren ayudarlos a fortalecer sus capacidades. Y a los estudiantes afectados por el cierre y confiscación de casi 40 universidades privadas, facilitarles condiciones para que retomen sus estudios en el exterior.

Además, garantizar refugio, identificación y movilidad a los cientos de personas que oficialmente o de facto, Ortega convirtió en apátridas; y apoyar a los países que han acogido a casi 800 mil nicaragüenses que han migrado. Los Cancilleres del G7 pidieron la liberación de los presos políticos, el cese de la represión generalizada contra la sociedad civil y los pueblos indígenas, y elecciones libres y justas.

La lista de entidades y países que comparten estas recomendaciones es amplia. Pero evitar que la crisis de Nicaragua se agudice y extienda a otros países, especialmente a Estados Unidos por la migración irregular, pero también por la política entreguista de Ortega con Rusia y China, requiere una intervención consecuente de la comunidad internacional, que en el corto plazo permita pasar de las palabras, a políticas y acciones específicas que pongan fin a los abusos del régimen Ortega Murillo.