El Congreso de Estados Unidos a través de la Cámara Alta del Senado y la Cámara Baja de Representantes, han demostrado a través de audiencias, entrevistas con líderes y propuestas de Ley para poner más presión sobre Nicaragua, que siguen interesados en contribuir a resolver la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace seis años.
Las más recientes acciones son las propuestas de Ley 1881 del Senado y la propuesta de la Cámara HB 6954 (Restoring Sovereignty and Human Rights in Nicaragua Act of 2024), ambas bajo el mismo título.
Ambas propuestas incluyen contenidos similares, pero no idénticos, que una vez aprobados por los subcomités y sometidos a votación en los plenarios de cada Cámara entrarán al proceso de reconciliación de ley que generalmente es un trabajo menor.
En abril 2024 el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó su propuesta. El propósito del anteproyecto es, evaluar rendimiento y ajuste de cuentas ante las transgresiones del Estado nicaragüense frente a la ausencia de un Estado de derecho funcional y democrático.
El anteproyecto está a la espera de ser calendarizado para la votación en el pleno del Senado después del receso del verano 2024. Se formuló para extender la vigencia de la Nicaraguan Conditionality Act hasta el 2030. El anteproyecto de ley tiene 8 ítems particulares que permitirán ejecutar acciones políticas de parte del gobierno de Estados Unidos.
Los ítems que extienden autoridad a la llamada Nica Act de 2018, mantienen aspectos referidos a las sanciones, que ahora se extienden (Sec. 103 y 104) hacia quienes han participado en los actos de represión hacia autoridades religiosas. También extiende sanciones hacia las estructuras del Ejercito a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Además, establece que debe escrutar la ejecución de los préstamos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estados Unidos no es miembro del BCIE, sin embargo, puede ejercer presión de manera indirecta sobre las decisiones financieras que tome la institución en beneficio del régimen.
La sección Title II referida al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (conocido como DR-CAFTA), introduce elementos presentes en la Ley Renacer relativos a revisar el convenio comercial. Es decir, que extiende y mantiene la temática. Lo importante es que el Congreso está enfatizando que el comercio con Nicaragua no puede seguir bajo los mismos términos en medio de una dictadura.
Un componente nuevo y de peso es el énfasis en la sección 203, donde se invoca la ley de comercio de 1974. Esta determina que si un socio comercial es un país que no se comporta como las economías de mercado, entonces Estados Unidos tendrá la discreción de imponer tarifas y otras medidas.
La ley estipula que “es la principal autoridad estatutaria en virtud de la cual Estados Unidos puede imponer sanciones comerciales a países extranjeros que violen acuerdos comerciales o incurran en otras prácticas comerciales desleales”. Además, “cuando fracasan las negociaciones para eliminar la práctica comercial infractora, Estados Unidos puede tomar medidas para aumentar los derechos de importación sobre los productos del país extranjero como medida para reequilibrar las concesiones perdidas”.
Otros componentes de la propuesta incluyen la colaboración con Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos. La sección 301 abre la puerta para apoyar al Movimiento Cívico Democrático.
La aprobación de esta propuesta de Ley es muy probable. Sin embargo, requiere de la aprobación del anteproyecto de Ley en la Cámara Baja. Este anteproyecto entrará a tres subcomisiones en el período posterior al receso de verano.
La probabilidad de aprobación de esta propuesta antes de fin de año o antes de las elecciones de noviembre 2024 es intermedia o más que probable.
Una buena legislación, requiere una efectiva implementación
El 16 de abril el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos presentó la iniciativa denominada: Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua (S.1881), trabajada de manera conjunta por los senadores Marco Rubio del partido Republicano y Timothy Kaine del partido Demócrata.
Tras el estallido de la crisis política nicaragüense del 2018, el Congreso estadounidense aprobó, ese mismo año la Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua, conocida como Nica Act; y tres años después, con apoyo de ambos partidos se aprobó la Ley de Reforzamiento de Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer.
Es importante destacar que la iniciativa presentada en abril, demuestra que en el Congreso se mantiene el respaldo bipartidista para seguir ejerciendo presión sobre la situación en Nicaragua, y para hacer pagar al régimen autoritario de los Ortega Murillo por los crímenes y abusos perpetrados contra los actores políticos democráticos, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones religiosas, los medios de comunicación y las instituciones académicas en Nicaragua y otros sectores de la sociedad.
La iniciativa propone el respaldo permanente al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hasta que se logre una solución a la crisis sociopolítica, que incluya el compromiso de realizar elecciones libres y observadas; el cese de la violencia; investigaciones independientes de los asesinatos cometidos durante las protestas; y la restauración de la ciudadanía y los derechos políticos y civiles, a los nicaragüenses despojados de estos, entre ellos los 222 excarcelados políticos que fueron expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero del 2023 y al grupo de 94 despojados de su nacionalidad el 15 de febrero del 2023.
Cabe destacar que a pesar de que este es un año electoral en Estados Unidos y que el mundo enfrenta dos conflictos bélicos de gran envergadura: Rusia-Ucrania e Israel-Hamas, la crisis de Nicaragua sigue presente y se mantiene en la agenda del Congreso estadounidense.
En las condiciones políticas actuales, esto es sumamente importante porque la crisis de Nicaragua ya no debe ser solo vista como un problema de orden interno, en un pequeño país del tercer mundo en el que se violan los derechos humanos constantemente y la democracia fue desmantelada; sino como un problema de seguridad incluso para Estados Unidos y el resto de Centroamérica.
Actualmente Estados Unidos y la región enfrentan una crisis migratoria sin precedentes, promovida por Daniel Ortega que eliminó el requisito de visa de ingreso a Nicaragua a los ciudadanos de Cuba, Haití, India y otros países de Asia y África, que además cuenta con el apoyo de los Gobiernos de Cuba y Venezuela. Esto ha provocado la llegada a suelo nicaragüense, por vía aérea de miles de migrantes que luego retoman, por tierra, su tránsito hacia Estados Unidos. El ingreso de miles de migrantes irregulares, está provocando una crisis de gran envergadura, con ramificaciones no solo socioeconómicas sino también en el ámbito de la seguridad interna para los estadounidenses.
Además, la entrega política-económica de Nicaragua con Rusia y China que se está concretando de manera acelerada, y que ha llevado a Ortega a expresar su apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania provocó que, en la iniciativa de ley, en la sección de la ampliación de las sanciones dirigidas, se incluyera este tema como uno de los nuevos motivos para sancionar.
En esa misma línea, podemos mencionar la fallida acusación de Nicaragua contra Alemania en la Corte Internacional de Justicia; el interés desmedido de Ortega de que Rusia y China sean parte del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN); y la entrega de más de 200 mil hectáreas de concesión minera a empresas chinas, entre muchos ejemplos recientes.
De ahí la importancia de esta iniciativa que extenderá la vigencia de la Nica Act hasta el 2030 y conjugará. tanto la Nica Act como la Ley Renacer, en esta nueva legislación que, además pretende darle más herramientas al Gobierno de Estados Unidos para golpear los pilares económicos que sostienen a la dictadura Ortega Murillo. Las presiones no estarán enfocadas únicamente en el sector minero, sino en cualquier otro que determinen las autoridades. Además, se contemplan estrategias diplomáticas dirigidas a restringir el financiamiento que recibe Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una revisión exhaustiva de la participación de Nicaragua en Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (conocido como DR-CAFTA).
Es importante destacar que esta iniciativa sugiere establecer esfuerzos diplomáticos conjuntos con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, así como con la Santa Sede, la Cruz Roja Internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la diáspora nicaragüense tanto en Estados Unidos como en Costa Rica.
Pero aún no podemos cantar victoria, quedan dos tareas pendientes. La primera es asegurar que la iniciativa continue su camino a través del Senado y la Cámara de Representantes para que luego llegue al presidente Joe Biden para que la firme y promulgue.
Desde la Concertación Democrática Nicaragüense CDN-Monteverde, enfocaremos nuestros esfuerzos para que esto ocurra en los próximos meses. La segunda y más importante tarea, es mantener vivo el mensaje de que una buena legislación sin una efectiva implementación no produce los resultados deseados. Por tanto, está en manos de la administración estadounidense, hacer que la voluntad de los legisladores de ambos partidos plasmada en esta legislación sea una realidad.