Los esfuerzos recientes en el Congreso de Estados Unidos sobre Nicaragua
El Congreso de Estados Unidos a través de la Cámara Alta del Senado y la Cámara Baja de Representantes, han demostrado a través de audiencias, entrevistas con líderes y propuestas de Ley para poner más presión sobre Nicaragua, que siguen interesados en contribuir a resolver la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace seis años.
Las más recientes acciones son las propuestas de Ley 1881 del Senado y la propuesta de la Cámara HB 6954 (Restoring Sovereignty and Human Rights in Nicaragua Act of 2024), ambas bajo el mismo título.
Ambas propuestas incluyen contenidos similares, pero no idénticos, que una vez aprobados por los subcomités y sometidos a votación en los plenarios de cada Cámara entrarán al proceso de reconciliación de ley que generalmente es un trabajo menor.
En abril 2024 el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó su propuesta. El propósito del anteproyecto es, evaluar rendimiento y ajuste de cuentas ante las transgresiones del Estado nicaragüense frente a la ausencia de un Estado de derecho funcional y democrático.El anteproyecto está a la espera de ser calendarizado para la votación en el pleno del Senado después del receso del verano 2024. Se formuló para extender la vigencia de la Nicaraguan Conditionality Act hasta el 2030. El anteproyecto de ley tiene 8 ítems particulares que permitirán ejecutar acciones políticas de parte del gobierno de Estados Unidos.
Los ítems que extienden autoridad a la llamada Nica Act de 2018, mantienen aspectos referidos a las sanciones, que ahora se extienden (Sec. 103 y 104) hacia quienes han participado en los actos de represión hacia autoridades religiosas. También extiende sanciones hacia las estructuras del Ejercito a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Además, establece que debe escrutar la ejecución de los préstamos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estados Unidos no es miembro del BCIE, sin embargo, puede ejercer presión de manera indirecta sobre las decisiones financieras que tome la institución en beneficio del régimen.
La sección Title II referida al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (conocido como DR-CAFTA), introduce elementos presentes en la Ley Renacer relativos a revisar el convenio comercial. Es decir, que extiende y mantiene la temática. Lo importante es que el Congreso está enfatizando que el comercio con Nicaragua no puede seguir bajo los mismos términos en medio de una dictadura.
Un componente nuevo y de peso es el énfasis en la sección 203, donde se invoca la ley de comercio de 1974. Esta determina que si un socio comercial es un país que no se comporta como las economías de mercado, entonces Estados Unidos tendrá la discreción de imponer tarifas y otras medidas.
La ley estipula que “es la principal autoridad estatutaria en virtud de la cual Estados Unidos puede imponer sanciones comerciales a países extranjeros que violen acuerdos comerciales o incurran en otras prácticas comerciales desleales”. Además, “cuando fracasan las negociaciones para eliminar la práctica comercial infractora, Estados Unidos puede tomar medidas para aumentar los derechos de importación sobre los productos del país extranjero como medida para reequilibrar las concesiones perdidas”.
Otros componentes de la propuesta incluyen la colaboración con Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos. La sección 301 abre la puerta para apoyar al Movimiento Cívico Democrático.
La aprobación de esta propuesta de Ley es muy probable. Sin embargo, requiere de la aprobación del anteproyecto de Ley en la Cámara Baja. Este anteproyecto entrará a tres subcomisiones en el período posterior al receso de verano.
La probabilidad de aprobación de esta propuesta antes de fin de año o antes de las elecciones de noviembre 2024 es intermedia o más que probable.
