La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) rechaza la decisión del dictador Daniel Ortega de normar las transgresiones y arbitrariedades que comete desde hace varios años, contra la Constitución y los derechos humanos de los ciudadanos, mediante una fraudulenta y mal llamada reforma parcial a la Constitución Política con la que Nicaragua dejará de ser una República democrática regida por un modelo de Estado social de derecho para adoptar uno nuevo de dictadura constitucionalizada y supuestamente revolucionaria.
Con la reforma a la Constitución tramitada apresuradamente en la Asamblea Nacional y que se refrendará en enero, Ortega junto a su esposa Rosario Murillo, sepulta la institucionalidad democrática al eliminar los poderes del Estado y someterlos como órganos de su poder centralizado y absoluto, aboliendo cualquier posibilidad de balance o contrapeso al poder único de la Presidencia bicéfala.
Al institucionalizar la figura de copresidentes abre el camino para la sucesión dinástica en favor de Murillo y se arrogan ambos la facultad de nombrar vicepresidentes. Además, como parte de la operación familiar de captura del Estado y de su partido, imponen como símbolo patrio la bandera del FSLN, que ha causado división, muerte y dolor a los nicaragüenses.
Con su reforma la dictadura se pone el ropaje propio de los regímenes totalitarios con los cuales se ha alineado para buscar un nuevo orden mundial iliberal que desconoce la dignidad del ser humano.
La CDN llama a los nicaragüenses y a la comunidad internacional a desconocer y repudiar esta reforma total e ilegítima por su origen y por el procedimiento anómalo empleado para aprobarla, que es contrario a la tradición republicana del país y cuyo único precedente en la historia de América es la Constitución de François Duvalier, papa Doc, en Haití.
La reforma de Ortega constituye una regresión en materia de derechos humanos, por el retroceso normativo, restricción de derechos y deterioro institucional que afecta gravemente las garantías de los ciudadanos y protege únicamente la seguridad de los déspotas.
Los nicaragüenses nos rebelamos ante esta reforma que pretende consolidar el poder absoluto y arbitrario que han venido ejerciendo los co dictadores que se ven así mismos como los dueños del Estado.