En los últimos noventa días Nicaragua fue noticia porque organismos internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos, publicaron informes y realizaron eventos que reflejaron las violaciones sistemáticas, masivas y generalizadas que comete el régimen Ortega Murillo.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), publicó un informe sobre las violaciones graves y abusos contra la comunidad universitaria; y otro sobre las violaciones y abusos de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias se pronunció sobre el caso de cuatro guardabosques indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones a los derechos de los privados de libertad y el destierro de 135 presos políticos; además, otorgó medidas cautelares a 9 de los casi 50 presos políticos que hay actualmente.
Análisis alternativo desenmascaró a la dictadura en el EPU
Previo al Examen Periódico Universal (EPU), la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, presentó un análisis alternativo que desenmascaró el informe oficial que la dictadura presentó con datos alejados de la realidad y que no respondieron los graves señalamientos de violaciones en su contra.
Durante el EPU, 51 países expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos, el cierre del espacio cívico y la persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), emitió sentencia condenatoria por violaciones a los derechos de pueblos rama y kriol, cometidos antes y durante la aprobación de la concesión canalera que la dictadura le entregó a Wang Jing en 2013.
En una audiencia la CIDH abordó el apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos en Nicaragua; y el Hudson Institute celebró un evento sobre persecución religiosa que incluyó la de Nicaragua. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resolvió enviar una comisión de alto nivel para verificar las violaciones a los derechos de los trabajadores y empleadores.
Los Ortega Murillo han desacatado todas las recomendaciones
Pero mientras la comunidad internacional está pendiente de lo que ocurre, la situación en Nicaragua sigue empeorando. En los últimos días secuestraron y desterraron al obispo Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y a tres artistas, y encarcelaron a un periodista, incrementando así el número de presos políticos y de apátridas de facto a quienes niegan el ingreso al país. Además, la Asamblea Nacional aprobó otra ley represiva contra la libertad de información. El Ministerio del Interior continúa clausurando ONG y confiscando sus bienes, y persisten las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas.
La violación generalizada comprende los treinta derechos contenidos en la Declaración Universal y la mayoría de los que se han reconocido, incluidos los de última generación. El régimen Ortega Murillo viola al menos 29 derechos y libertades incluidos en la Constitución Política, que de hecho la han vaciado de contenido.
Los Ortega Murillo han desacatado todas las recomendaciones y resoluciones en materia de derechos humanos emitidas por los organismos internacionales competentes, actuando como un Estado forajido, que no esconde su voluntad deliberada de incumplir sus obligaciones internas y externas.
Orden internacional no está preparado para frenar el avance del totalitarismo
Evidentemente los Estados forajidos como Nicaragua provocan grandes sufrimientos a sus pueblos al: arrebatarles sus libertades y derechos, deteriorar la economía, forzar la migración masiva de su población, y cometer delitos de lesa humanidad, como los constatados por los expertos del GHREN.
Tal como expresó el representante de Países Bajos durante el EPU, los Estados no pueden invocar el principio de soberanía, independencia y libre determinación, para violar los derechos humanos y constitucionales de sus ciudadanos.
Pero los Ortega Murillo pretenden justificar sus violaciones bajo esos principios, pretendiendo retroceder hacia un concepto propio de las monarquías absolutas, donde el dictador se apropia de la soberanía y la usa para violar los derechos del auténtico soberano.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), el edificio que sostiene el sistema internacional de protección de los derechos humanos está desequilibrado. Tiene dos columnas, una funcional bien cimentada que recibe las denuncias y elabora los informes. La otra endeble e infuncional, es la de la presión, retorsión y suspensión del financiamiento externo, indispensable para garantizar la no repetición y evitar la impunidad.
Esto evidencia que el actual orden internacional no está preparado para frenar el avance del totalitarismo y sancionar a los Estados forajidos. Mientras los financiadores externos no tomen conciencia de que el respaldo que otorgan, provoca un impacto adverso a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad continuarán cometiéndose.
Una decisión en la dirección correcta
El régimen Ortega Murillo tiene un afán desmedido por presentar a Nicaragua como un país de absoluta normalidad. Para ello destina una enorme cantidad de recursos para comprar todo lo que pueda a pesar de lo que la dictadura representa.
Esto incluye contratar artistas para dar conciertos, con una frecuencia nunca antes vista e incluso hacer que algunos de ellos hagan propaganda a su favor. En una práctica conocida como sportswashing, promueve un sinfín de eventos deportivos internacionales sin importar si se practican o no en el país. Con el mismo propósito, paga publirreportajes en medios de comunicación internacionales y envía delegaciones a cuanta feria se realiza en el exterior. Incluso, contratan firmas evaluadoras para tratar de conseguir calificaciones positivas en varios temas.
También, en los diferentes espacios internacionales de orden político y de derechos humanos sigue intentando mostrarse como respetuoso de los convenios, derechos y normas, y cuando es desenmascarado y/o considera que ya no puede obtener beneficios, opta por desvincularse como lo hizo con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero con el Sistema de Naciones Unidas todavía tiene vinculación, porque sigue recibiendo beneficios de órganos dependientes de la Asamblea General como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros. Aprovecha la falta de congruencia del Sistema ante este tipo de regímenes, a los que les permite oxigenarse con programas como los del PMA, sin tomar en cuenta que violan convenios y compromisos con otras agencias, como sucede con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT es la única agencia tripartita de la ONU
Dentro de la estructura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la OIT “está consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente”, y se encarga de promover y vigilar el cumplimiento de los convenios en material laboral suscritos por los Estados.
La OIT es la única agencia tripartita de la ONU, reúne a Gobiernos, trabajadores y empleadores de 187 Estados miembros, aunque en la realidad son menos los respetuosos del tripartismo. Entre los que irrespetan este esquema está el régimen Ortega Murillo y otros similares, donde ya no existe, porque eliminaron a las organizaciones de trabajadores y empleadores independientes.
Por haber eliminado este esquema, en 2023 la Organización Internacional de Empleadores (OIE), conforme los estatutos y normativas de la OIT, presentó una queja alegando el incumplimiento por parte de Nicaragua de los Convenios 87, 98, 111 y 144 vinculados a: la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; el derecho de sindicación y de negociación colectiva; la discriminación del empleo y la ocupación; y sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo).
Es la segunda vez que la OIE presenta queja contra Nicaragua, la primera fue en 1987 contra el régimen sandinista de aquel entonces, encabezado también por Daniel Ortega.
En la actual, la OIE expuso que en el ámbito laboral Nicaragua vive un momento crítico para la defensa de los derechos fundamentales, particularmente de la libertad de asociación; y para finales de noviembre de 2023 informó de la clausura de más de 2 mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Sólo un año después, ya son más de 5,500 las asociaciones de la sociedad civil canceladas. La cifra incluye el desmantelamiento total de las cámaras gremiales independientes, desde el nivel nacional hasta el más pequeño municipio del país.
En la queja demandan restablecimiento de libertades
En la queja se demanda el restablecimiento urgente de la libertad de asociación y el pleno respeto de los derechos humanos de sus miembros.
Irónicamente durante la reunión de seguimiento del caso, la dictadura de Nicaragua sólo contó con la defensa de Cuba, China, Irán y Rusia que con total desfachatez argumentaron que Nicaragua tiene, un Gobierno electo democráticamente que cumple con los convenios internacionales y respeta los derechos humanos; y calificaron la queja como una acción injerencista para desestabilizarlo.
En respuesta, el 5 de noviembre el Consejo de Administración de la OIT reiteró la profunda preocupación expresada por su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR); y deploró la ausencia de compromisos del régimen Ortega Murillo que no responde consultas ni facilita información, aunque si lo hace en el caso del PMA; y lo instó a tratar los temas planteados en la queja, a responder las comunicaciones y a facilitar la información solicitada. Además, decidió enviar una misión tripartita de alto nivel para que evalúe las cuestiones planteadas en la queja.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la decisión tomada por el Consejo de Administración de la OIT, es un paso en la dirección correcta ya que servirá para quitarle la máscara al régimen en este espacio y mostrar que lo menos que Nicaragua tiene es normalidad.