Uno de los pilares que sostiene a la dictadura Ortega Murillo, es el financiamiento que recibe de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI). A pesar de los altos niveles de represión y de los crímenes de lesa humanidad, que según organismos internacionales ha cometido, y del manejo discrecional de los recursos, la dictadura no ha dejado de recibir financiamiento externo, de manera que a inicios de 2024 se contaban en Nicaragua al menos 97 proyectos financiados por las IFI.
En plena crisis sociopolítica el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobaron 57 de esos proyectos y entregaron unos 5,082 millones de dólares para ejecutarlos, detalla el estudio: El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos, elaborado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
Un análisis realizado por Manuel Orozco de Diálogo Interamericano señala que, desde el inicio de la crisis en 2018, las fuentes de financiamiento del régimen han disminuido, pero no cesado. De tal manera que los 371 millones de dólares que recibió en 2022 equivalen a la mitad de los 725 millones obtenidos en 2017. Esta disminución solo fue interrumpida por la pandemia de covid-19, ya que en 2021 le entregaron 936 millones para atender la emergencia.
El estudio de Orozco muestra que las fuentes de financiamiento bilateral han cesado y también las donaciones. Los recursos que siguen llegando son de préstamos de bancos multilaterales, principalmente del BCIE que se convirtió en su principal prestamista. A estos se sumó recientemente el endeudamiento con China, su nuevo aliado autocrático, con el que se calcula que al cierre de 2024 habrá formalizado unos 900 millones de dólares.
El principal argumento de las IFI para seguir financiando al régimen Ortega Murillo es que cumple con sus compromisos, que las IFI se rigen por criterios financieros, no están sujetas a influencias políticas y que no pueden intervenir en los asuntos internos de los países. El régimen ha aprovechado este posicionamiento para mantener relaciones cordiales e incluso cercanas con estas entidades, especialmente con el BCIE, por la cercanía con su expresidente ejecutivo Dante Mossi.
La continuidad del financiamiento ha provocado que desde 2020 la deuda externa se haya incrementado. Según reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN) al cierre del primer semestre de 2024 totalizó 15,272 millones de dólares, dinero que los nicaragüenses tendremos que pagar en los próximos años.
Diversos actores sociales y políticos, y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han señalado que ese financiamiento contribuye a sostener y recrudecer la vigilancia y persecución a los nicaragüenses, particularmente a los considerados opositores. También han denunciado la falta de transparencia en la ejecución de esos fondos y la ausencia de auditorías de las IFI sobre los préstamos otorgados, aun cuando existen cláusulas y mecanismos que obligan la rendición de cuentas.
En el contexto de un Estado policial y la radicalización de la represión, la dictadura ha utilizado esos recursos para incrementar los presupuestos de la Policía y demás órganos de persecución ciudadana.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomendó a las IFI que condicionen la entrega de préstamos al respeto a los derechos humanos.
Otros defensores de derechos humanos y dirigentes opositores coinciden con este planteamiento y agregan que se deben activar los mecanismos para una estricta supervisión del manejo del dinero que recibe la dictadura, porque las IFI tienen la responsabilidad de velar por el respecto a los derechos humanos y evitar que los recursos que entregan se usen para violentarlos.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) considera que a los actores nacionales, principalmente a la oposición le corresponde realizar más y mejores acciones de incidencia; utilizar los mecanismos establecidos por las IFI para promover una activa auditoría social; y demandar que se transparente la información sobre los fondos otorgados al régimen Ortega Murillo.
También demandar que se revisen los proyectos en ejecución para verificar que los recursos se están utilizando debidamente; exigir que se atiendan las denuncias hechas por los actores nicaragüenses y concitar el apoyo de los Gobiernos que participan en esas instancias para que jueguen un rol más activo de supervisión y auditoría sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Es tiempo de autoevaluación y cambio para la comunidad internacional
El agravamiento de la crisis que enfrentan Nicaragua y Venezuela nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunidad internacional para buscar soluciones ante la falta de resultados sobre esos esfuerzos.
Cuando hablamos de comunidad internacional lo primero que debemos hacer notar es la falta de interacción y congruencia en relación a la forma en que entienden y responden a estas crisis los Gobiernos, parlamentos, organizaciones regionales, defensores de derechos humanos, organismos judiciales y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI).
En Latinoamérica hay países que asumen posiciones comprometidas con la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos; otros por razones ideológicas argumentan el respeto a la soberanía de cada país y dan la espalda ante la gravedad de los hechos; y algunos se hacen de la vista gorda porque tienen intereses económicos con ambas dictaduras.
Estas realidades se reflejan en las votaciones de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), donde a Nicaragua le tomó seis años de destrucción de la democracia y violación sistematizada de los derechos humanos, conseguir una votación de consenso para condenar los desmanes de la dictadura. En el caso de Venezuela tuvo que realizarse una segunda votación para condenar el fraude electoral. Este actuar repercute en la imagen y rol de la organización, pero sobre todo afecta a la región porque se establecen peligrosos precedentes que ponen en riesgo la democracia.
También está el caso de México que abandera el principio de la no intervención para justificar su falta de actuar, sin importarle que es afectado directamente al convertirse en el epicentro de una crisis humanitaria que ha dejado a miles de migrantes nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos en un limbo migratorio en ese país. Mientras estas crisis no se resuelvan ese problema se seguirá agudizando.
El actuar de los regímenes de Nicaragua y Venezuela ha sido cuestionado y denunciado públicamente en múltiples oportunidades por parte de Gobiernos, organismos políticos, sociedad civil y actores relevantes en el ámbito de los derechos humanos. Algunas de estas condenas han ido acompañadas de sanciones dirigidas a personas e instituciones, que desafortunadamente no han tenido la efectividad deseada.
En el caso particular de Nicaragua, ocurre lo mismo con las recomendaciones emitidas por diversos actores como el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los parlamentos de la Unión Europea, el británico y el americano, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) y otros, que siguen esperando que los Gobiernos, únicas instancias con capacidad de impulsarlas, decidan ponerlas en práctica.
Las IFI no están exentas de esta realidad y deben valorar sus actuaciones. No pueden seguir justificando el apoyo financiero a estos regímenes basados en la interpretación de reglamentos internos.
La investigación: El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos, realizada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), llama a las IFI a no seguir ignorando lo que está sucediendo y a reconocer que el respeto a la democracia y a los derechos humanos es económicamente relevante y debe considerarse al momento de tomar decisiones. Especialmente si estas decisiones, garantizan la inyección de fondos a estas dictaduras que los utilizan para oxigenarse e incluso para reprimir a sus ciudadanos.
En septiembre de este año, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un nuevo préstamo de 130 millones de dólares para el régimen Ortega Murillo, bajo el argumento de que es para desarrollo humano e infraestructura social. La decisión contó con el voto de los gobernadores de todos los países de la región, incluidos Guatemala y Costa Rica. Ambos países dieron sus votos a pesar que sus gobernantes critican de manera pública y contundente al régimen nicaragüense. Actúan bajo la premisa de que si no le aprueban los préstamos entonces Nicaragua no aprobará los suyos. A esto solo se le puede llamar “institucionalidad secuestrada”.
La falta de interacción y congruencia entre los actores internacionales ha permitido que estos regímenes se sientan inmunes y con carta blanca para reprimir a sus ciudadanos y aferrarse al poder a cualquier costo.
En la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) creemos que es momento de que la comunidad internacional haga un alto en el camino para comenzar a trabajar de manera conjunta entre países, parlamentos, instituciones y organismos de derechos humanos. Es tiempo para que unánimemente impulsen las recomendaciones emitidas por instancias especializadas y sobre todo, para aplicar medidas de presión o retorsión que frenen el incumplimiento de obligaciones internacionales de países como Nicaragua que destruyen la democracia y violan los derechos de sus ciudadanos.