Nicaragua es uno de los países más beneficiados con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA. En 2002, antes de la entrada en vigencia del convenio, Nicaragua exportaba a Estados Unidos 487 millones de dólares. Desde entonces y hasta la fecha, esa cifra se multiplicó por ocho. Actualmente Estados Unidos es el destino del 55 % de las exportaciones totales del país.

Gracias al crecimiento del comercio, la generación de empleo también es notable. Antes de la implementación del tratado, 54 empresas que operan bajo el régimen preferencial de zona franca empleaban a 41 mil personas.

Durante los años previos a la aprobación del tratado y especialmente después de su entrada en vigencia, se dio el mayor registro de empresas en el régimen de zona franca, y con ello la generación de empleos. Para 2007, es decir, un año después de la entrada en vigencia del tratado, 121 empresas empleaban a 84 mil trabajadores.

El sector siguió creciendo sostenidamente hasta la actualidad, cuando unas 170 empresas ofrecen unos 120 mil empleos directos. Se calcula que cada empleo directo genera tres empleos indirectos.

Además, por el dinamismo que le inyectó el CAFTA, la economía nicaragüense está más diversificada. Por ejemplo, sectores como el de ensamblaje de arneses automovilísticos, que antes no existían, ahora representan un porcentaje importante de las exportaciones. Otros sectores como el tecnológico, la agroindustria, alimentos, financiero y el turismo, también tuvieron un crecimiento sostenido producto del CAFTA.

El CAFTA demostró el potencial exportador

El tratado también ayudó a establecer mejores prácticas laborales y ambientales. Al estar sujetos a las legislaciones y tratados internacionales, y al escrutinio de los mercados internacionales, los inversionistas deben acogerse a las normativas establecidas en el tratado. Las violaciones sistemáticas a la libertad sindical y gremial por parte del régimen Ortega Murillo por lo tanto violentan el espíritu del convenio.

A pesar de las políticas nocivas del régimen en contra de los derechos fundamentales de nicaragüenses y extranjeros; y de las flagrantes violaciones que deterioran el clima de negocios y afectan a los inversionistas, que han sido ampliamente documentadas en los informes anuales del Departamento de Estado de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales, el DR-CAFTA demostró el enorme potencial exportador de Nicaragua.

En adición a las violaciones internas, la política hostil del régimen Ortega Murillo hacia los Estados Unidos está contribuyendo a que actualmente el tratado enfrente un alto riesgo de ser suspendido.

Durante la discusión del CAFTA, cuando Daniel Ortega lideraba la oposición, hizo muchos esfuerzos para evitar que se aprobara. Dicha negativa se manifestó, cuando en 2005, los diputados que representaban al Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, votaron en contra de la aprobación del convenio.

Actualmente, la política exterior de la dictadura Ortega Murillo, de acercamiento a países rivales de Estados Unidos, entre ellos, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, no ha pasado desapercibida en las esferas políticas norteamericanas. Cada vez son más las voces que cuestionan la justificación de darle un trato preferencial a un régimen que se ha declarado enemigo de los Estados Unidos.

Los Ortega Murillo pueden evitar suspensión del CAFTA 

Las recomendaciones presentadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), son resultado de la gran cantidad de violaciones demostradas y expuestas en el otro artículo de este boletín. De estos hallazgos, también se derivan las acciones que la dictadura Ortega Murillo, tendría que impulsar para evitar que le suspendan a Nicaragua los beneficios del CAFTA.

Lamentablemente, el poco interés sobre el bienestar del pueblo que muestran los dictadores, su ambición de mantener el poder a toda costa y la posición de comodidad económica por parte de la familia Ortega Murillo, hacen poco probable que la dictadura emprenda alguna acción correctiva.

De ser así, los Ortega Murillo serán los causantes de la suspensión de los beneficios del tratado; y también serán los responsables de no actuar para evitar la suspensión del convenio.

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), manifiesta su profunda preocupación por las consecuencias que las medidas que contempla la USTR provocarán a la población nicaragüense, que ya sufrió demasiada represión, asedio, destierro, confiscación y violación de sus derechos. En adición, si las medidas se aplican, los Ortega Murillo causarán más dolor a la población nicaragüense mediante el desempleo y pobreza que esas generarán.

La investigación 301 y el contexto de crisis de la dictadura Ortega Murillo

Los hallazgos de la investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), con base en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, indican que las acciones, políticas y prácticas represivas, incluidos los abusos de la dictadura Ortega Murillo a los derechos humanos,  laborales, las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho, son irrazonables, e imponen una carga y restringen el comercio de Estados Unidos.

Las medidas que propone la USTR para frenar estos abusos van desde la imposición de un arancel del 100 % a todos los productos que Nicaragua exporta a Estados Unidos, hasta suspender al país los beneficios que le otorga el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA.

El informe de resultados de la investigación, señala tres grandes hallazgos, en virtud de los cuales el comercio de Estados Unidos con Nicaragua resulta inviable:

Los principales hallazgos

1. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió o permitió abusos contra los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Estos incluyen reprimir la libertad de asociación y negociación colectiva; interferencia en las organizaciones de trabajadores y empleadores; confiscación de activos y eliminación de la ciudadanía de miembros de organizaciones de trabajadores y empleadores; despidos y arrestos arbitrarios; trabajo infantil y forzoso; trata de personas. También abusos en el lugar de trabajo, que incluyen deducciones y robo de salarios, y represalias por reclamar violaciones de derechos.

Estas violaciones se exacerban por el cierre de más de 5 mil Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que brindaban diversos servicios, entre ellos de prevención del trabajo infantil y forzoso, y el apoyo a las víctimas. Los datos más recientes muestran que el 47 % ciento de los niños nicaragüenses de entre 10 y 14 años trabajan, y realizan trabajos peligrosos, incluso en operaciones de minería de oro, producción de grava y piedra triturada, y extracción de piedra pómez.

2. Incurrió en abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y propiedades estadounidenses. Reprimió a las organizaciones religiosas a través del cierre forzoso y la confiscación de instituciones y propiedades, incluyendo, por ejemplo, en agosto de 2023, el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por sacerdotes Jesuitas; y en 2024, al arrestar y juzgar a los líderes y expropiar los bienes de Puerta de la Montaña, una de las iglesias evangélicas estadounidenses con fuerte presencia en Nicaragua.

3. Desmanteló el Estado de derecho. Esto incluyó socavar la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial; imponer multas, cobrar impuestos atrasados inexistentes, realizar inspecciones aduaneras y emitir fallos arbitrarios o incorrectos; revocar el estatus legal a organizaciones empresariales y confiscar sus bienes sin que pudieran defenderse.

Informe refleja la realidad 

Estos hallazgos conclusivos del informe de la USTR, reflejan la realidad política de Nicaragua: el imperio de un régimen totalitario que abolió los derechos humanos de los ciudadanos, incluidos los derechos laborales inherentes a los trabajadores, y anuló cualquier límite al poder, cuya base angular es la independencia de los poderes del Estado. Esta configuración autocrática evidencia que el Estado de derecho –como señala el informe– fue desmantelado.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), es importante resaltar la coyuntura política en la que la USTR emite el resultado de su investigación, y las medidas que propone para frenar los abusos. En ese marco, en el que la dictadura promueve un traspaso del mando político en el marco de la sucesión dinástica, Murillo requiere asegurar cierta estabilidad interna; para conseguirlo, aprobaron reformas constitucionales que les garantizan el control totalitario para asegurar la sucesión.

Por otro lado, desataron un proceso de purgas internas contra viejas y destacadas figuras del Frente Sandinista, entre ellos comandantes de la revolución, guerrilleros históricos y funcionarios públicos que ahora están encarcelados, bajo imputaciones penales de traición a la patria y actos de corrupción.

Esto implica, que la posible imposición de las medidas que contempla la USTR, se implementarían en medio de la incapacidad del régimen de asegurar, en el plano político, la sucesión y de obtener algún margen de legitimidad.

La CDN reitera que, en el actual contexto, el resultado de la investigación demuestra que las medidas de presión, solamente son imputables a la dictadura Ortega Murillo; y son instrumentos para evitar que regímenes autoritarios actúen con total impunidad y sin ninguna consecuencia por su actuar.