El primer Consejo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica, celebrado en Bruselas el 14 de julio de 2025, fue presentado como un hito histórico en las relaciones birregionales. Sin embargo, su tono ceremonial esconde una realidad menos alentadora: el encuentro no representó un avance sustantivo, sino el cumplimiento tardío de una formalidad posibilitada por la entrada en vigencia plena, en mayo de 2024, del Acuerdo de Asociación (AdA) que se aplicaba parcialmente desde hace doce años.

El AdA se firmó en 2012 y desde entonces se aplicó únicamente el Pilar Comercial. Su vigencia plena hasta 2024, con la entrada en vigencia de los Pilares de, Diálogo Político y Cooperación, evidencian una prolongada inercia política en Centroamérica y en ciertos Estados miembros de la UE.

Esta primera reunión a nivel ministerial cumple un trámite técnico que no generó instrumentos jurídicos vinculantes ni innovaciones normativas.

El comunicado emitido en ella abunda en afirmaciones generales —valores compartidos, cooperación, integración—, pero carece de compromisos específicos, mecanismos de implementación o calendarios concretos. Expresiones como “dar forma al camino a seguir” y “diálogo reforzado” son diplomáticamente cómodas, pero sustancialmente vacías.

No hace alusión a la necesidad de un enfoque diferenciado para los seis países centroamericanos, a pesar de sus perfiles institucionales contrastantes; y la representación de Nicaragua, encabezada por el viceministro de Fomento, Industria y Comercio en lugar del canciller, refleja falta de voluntad política o tensiones no resueltas en torno a los valores democráticos exigidos por la UE.

Sin rendición de cuentas

Además, menciona principios como los derechos humanos y el Estado de derecho de forma general, sin establecer herramientas de monitoreo, exigencias específicas o la participación de la sociedad civil; y no aborda la regresión democrática de la región ni vincula fondos o cooperación a condiciones políticas verificables.

Menciona “conflictos y crisis” sin posicionamientos claros sobre los ejes de tensión global como Ucrania, Taiwán y los autoritarismos en América Latina, entre otros.

Los compromisos con el multilateralismo y la soberanía resultan poco convincentes sin enfrentar divergencias reales entre las políticas europeas y las realidades centroamericanas.

Invoca la Agenda de Inversiones Global Gateway, pero no anuncia nuevos fondos, ni detalla alianzas público-privadas o indicadores de impacto.

El mercado regional del sector eléctrico aparece como proyecto clave, pero sin alusión a los obstáculos técnicos, financieros y políticos que lo mantienen bloqueado.

Por tanto, más que un punto de inflexión, esta reunión parece un ejercicio de coreografía diplomática para maquillar años de inmovilismo. Consolida visibilidad, pero no velocidad. A menos que se generen mecanismos vinculantes, metas diferenciadas y compromisos verificables, el Consejo corre el riesgo de convertirse en un eco de formalismos sin efecto real.

Ahora que la totalidad del AdA está vigente y a propósito de ese primer Consejo de Asociación, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), envió una misiva a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pidiendo que invoque los requisitos vinculantes del Pilar de Dialogo Político para establecer mecanismos de cooperación bajo el AdA.

La cláusula democrática

Cabe señalar que el Artículo 1 del AdA establece como elemento esencial la Cláusula Democrática que dice: “el respeto a los principios democráticos, los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Estado de derecho constituyen un elemento esencial de este acuerdo. El incumplimiento por una de las partes de dichas obligaciones permitiría a la otra parte adoptar las medidas pertinentes, incluida la suspensión total o parcial del acuerdo”.

Eso significa que esta cláusula establece como condición sine qua non, el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, que como lo expresó la CDN en la misiva, son violados de manera flagrante por la dictadura Ortega Murillo con crímenes de lesa humanidad incluidos. Así lo han documentado el Comité de los Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Expertos de Derechos Humanos para  Nicaragua (GHREN).

El llamado que le hizo la CDN a la señora Kallas, en base a lo establecido en el Acuerdo y en el actuar histórico de la UE, debe “establecer un conjunto de puntos de referencia como la liberación de los presos políticos, la restauración de la independencia judicial y el acceso sin restricciones de observadores electorales internacionales”, que deben cumplirse antes de continuar las negociaciones sobre la asignación de fondos o la ampliación de preferencias comerciales.

Este mismo llamado se les hizo a los doce eurodiputados que visitaron Costa Rica del 21 al 23 de julio, para impulsar el Diálogo Político con Centroamérica. 

La CDN confía en que más allá de la retórica, la Alta Representante, los Gobiernos de la UE y los eurodiputados mantengan firme su compromiso de defender la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en Nicaragua y el resto de la región centroamericana.

Dispuestos a todo: la represión transnacional de la dictadura Ortega Murillo

Hace poco más de un mes los sicarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo asesinaron a sangre fría en Costa Rica a Roberto Samcam, un destacado opositor nicaragüense refugiado en ese país y nacionalizado español. Él nunca dejó de denunciar los crímenes del régimen, especialmente el involucramiento del Ejército y los paramilitares en la represión interna y fue uno de los primeros en denunciar la represión transnacional y el funcionamiento de células de espionaje en el país vecino.

El asesinato atroz de Samcam no fue el primer intento de la dictadura para silenciar voces y activismo de oposición. En 2021 y 2024, intentaron asesinar a Joao Maldonado, quien milagrosamente sobrevivió a dos atentados. También están las muertes no esclarecidas de Jaime Luis Ortega Chavarría en 2024; Erick Antonio Castillo en 2023; Rodolfo Rojas en 2022 y Alberto Olivas Aguilar en 2021.

Opositores, Organizaciones de Sociedad Civil y de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones actividades represivas como vigilancia, acoso, amenazas y agresiones físicas de parte de operadores de la dictadura en territorio costarricense. También hay denuncias de graves y excepcionales violaciones, entre ellas el destierro, despojo de nacionalidad y apatridia de facto, de una gran cantidad de nicaragüenses que se encuentran en diferentes países.

La represión transnacional es una práctica perversa de regímenes autoritarios e irrespetuosos del derecho internacional, como Rusia, Venezuela y Nicaragua. En este último caso, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), advirtió en el informe que emitió en febrero de este año, sobre la gravedad de este tipo de persecución en contra de los exiliados nicaragüenses.

El asesinato de Samcam

El asesinato de Samcam marca un punto de inflexión porque elimina cualquier duda sobre la represión transnacional y el funcionamiento de células de la dictadura en el exterior, particularmente en Costa Rica. Es un hecho que el régimen Ortega Murillo quiere sembrar el terror entre los exiliados, silenciar voces y paralizar las acciones en favor del cambio democrático.

Los niveles de planificación, organización y violencia que emplearon en todos los casos, particularmente en los de Maldonado y Samcam confirman que están dispuestos a todo.

El asesinato de Samcam fue condenado y rechazado por numerosos actores internacionales. El GHREN expresó su preocupación por la seguridad de los exiliados nicaragüenses; lo mismo hicieron más de treinta expresidentes iberoamericanos a través de un comunicado del Grupo IDEA; y la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso ofreció su colaboración a las autoridades costarricenses para esclarecer el asesinato.

Una coalición de más de diecinueve organizaciones de derechos humanos también demandó una investigación exhaustiva y considera el asesinato como una estrategia más amplia de represión transnacional. Otras organizaciones sociales nicaragüenses e internacionales también han condenado el hecho. La prensa internacional lo recogió y divulgó ampliamente, e incluso, por la gravedad del caso, dio lugar a editoriales en varios medios.

Asesinato violentó soberanía

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción para exigir al Gobierno una actuación diligente en el esclarecimiento del asesinato; pero no fue respaldada por la bancada oficialista, que siguió la posición del presidente Rodrigo Chaves que hasta la fecha guarda silencio, a pesar de las declaraciones de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la fiscalía costarricense que consideran el asesinato político como una línea de investigación. 

Otros actores costarricenses incluidos expresidentes y exfuncionarios de instituciones clave, han demandado públicamente que el presidente se pronuncie porque consideran que se violentó la soberanía y la seguridad de Costa Rica.

Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), consideramos que el asesinato de Samcam es la prueba fehaciente de que la dictadura de los Ortega Murillo opera con impunidad en Costa Rica. Ese fue un crimen transnacional complejo que toma ventaja de las condiciones desfavorables de seguridad que existen en ese país. Además, incrementa los riesgos y amenazas para los exiliados y opositores nicaragüenses y violenta la soberanía de un país vecino.

Por estas razones la CDN demanda una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato. Confiamos en que tanto el Gobierno de Costa Rica como el de España actúen con prontitud y eficacia para esclarecer este crimen, hacer justicia y proteger a la familia de Samcam. 

Pero también esperamos que las autoridades costarricenses y la comunidad internacional tomen acciones para la búsqueda de justicia y para que los miles de exiliados nicaragüenses que se encuentran en diferentes países, cuenten con la protección necesaria, para que la dictadura Ortega Murillo no pueda volver a cometer crímenes de este tipo.