En septiembre conmemoramos la independencia de Centroamérica y el Día Internacional de la Paz, por lo que es un tiempo propicio para recordar el Acuerdo de Esquipulas II, que se firmó para buscar una paz firme y duradera mediante la democratización, cese al fuego, diálogo, reconciliación y desarme.
Esquipulas no se contempló como un lugar de paso que podemos olvidar, es un destino de permanencia y referencia constante para garantizar la paz y la estabilidad regional que actualmente están en riesgo, porque la violencia estatal impuso un auténtico régimen de terror en Nicaragua y a la vez destruyó los esfuerzos de reconciliación nacional promovidos por Esquipulas.
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica acertadamente establece que “el desarrollo sostenible del istmo solo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los Derechos Humanos y garantice la seguridad jurídica”; y que las “situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos, afectan también a todos los Estados de la región y sus habitantes”.

Esto compromete a todos los Estados del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a preservar y fortalecer los valores y principios de la integración como región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
Solamente revitalizando Esquipulas podemos dejar atrás nuestra historia de confrontación, violencia y dolor, pero esto solo es posible con más democracia, respeto a los derechos humanos, justicia y progreso para todos. Sin embargo, las dictaduras y el autoritarismo amenazan nuevamente nuestra región.
El régimen Ortega Murillo pretende fortalecer su sistema de represión y crimen aliándose con el bloque de países totalitarios en busca de protección, apoyo financiero, militar y respaldo para su modelo contrario al diseño acordado en Esquipulas, a costa de involucrar a toda la región en una nueva guerra fría, donde nuestros pueblos pondrán las víctimas y nuevamente se dejarán de lado las aspiraciones e ideales contenidos en el protocolo de Tegucigalpa y demás tratados y acuerdos que lo desarrollan; empujando una nueva carrera armamentista que afectaría el gasto social indispensable para la población menos favorecida.
La ruptura democrática provocada por los Ortega Murillo, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desnacionalización y apatridia, confiscación, ausencia absoluta de libertad de expresión y prensa y cierre de todos los espacios de participación, afectan a todas las naciones del istmo. La impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad y el incumplimiento de los acuerdos regionales, constituyen un mal precedente y atentan contra la paz que tanto costó alcanzar.

La pretensión de la dictadura Ortega Murillo de instrumentalizar la secretaría general del SICA, el Parlamento Centroamericano y demás instituciones del sistema, al servicio de su modelo autoritario y alianzas estratégicas con Rusia y China, atentan contra el legado de los acuerdos que nos permitieron superar décadas de guerra, destrucción y atraso. Solo el espíritu de Esquipulas impregnado en cada uno de los habitantes de la región y defendido por los gobiernos democráticos puede garantizarnos el futuro que soñamos.
En su reciente gira por Centroamérica los integrantes de una delegación de la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), promovieron la idea de que la paz es un bien regional que debemos preservar y que solo puede estar soportada por el irrestricto respeto a los derechos humanos y por una democracia próspera con procesos electorales libres e inclusivos que reflejen la voluntad popular. Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, trabajadores, empresarios y pueblo centroamericano, a evitar que las pretensiones de los Ortega Murillo se concreten y a defender su libertad y su futuro en paz y prosperidad.
Los resultados de la diplomacia inclusiva

Durante el 57 periodo de sesión del Consejo de Derechos Humanos, que concluye en octubre, Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, manifestó en referencia al Diálogo Interactivo sobre Nicaragua: “seguimos profundamente preocupados por el constante y generalizado retroceso de la situación de derechos humanos”.
Una frase de Albert Einstein muy utilizada dice: “si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. Traer a colación esta frase de Einstein es válido, porque desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua la constante es lo que manifestó el señor Salazar: el retroceso sistemático de la situación de los derechos humanos. Cada año el cierre del espacio cívico es más grave que el anterior.
Cabe reconocer que gracias a la gestión de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala -este último los recibió-, recientemente excarcelaron a 135 presos políticos a quienes les quitaron la nacionalidad y confiscaron sus bienes, como lo hicieron con los 222 desterrados en febrero de 2023.
Aparte de estas dos operaciones de excarcelación y la salida de un grupo de religiosos a través de negociaciones con el Vaticano, que le han generado rédito político al régimen, disminución de sanciones y el silencio de la Iglesia, no hay ningún otro resultado de esa política inclusiva, y se puede decir permisiva, que la comunidad internacional ha mantenido hacia Nicaragua durante seis años de crisis.

Y mientras la comunidad internacional sigue llamando al régimen Ortega-Murillo a dialogar y retomar el cauce democrático, este sigue consolidando su dictadura y empujando acciones que ponen en riesgo la democracia de la región y la seguridad de Estados Unidos. Y lo hace sin pagar ningún costo ante una política internacional inefectiva, que ahora permite que estas acciones se repliquen en Venezuela.
La salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) no fue una decisión ligera ni emotiva. En noviembre de 2021, tras anunciar su salida, inició un proceso de incorporación plena a lo que denominan el nuevo orden mundial, que no es más que un club de países autocráticos y dictatoriales que trabajan de forma organizada y conjunta para fortalecerse y debilitar la democracia. Apuntalan este esfuerzo Rusia, China, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La mayor interacción de Nicaragua es con Rusia y China, que la usan como su puente en América para desarrollar la estrategia política contra Estados Unidos y los países democráticos de la región.
Como parte de este esquema las visitas de funcionarios nicaragüenses a Rusia y China y viceversa, son recurrentes, el posicionamiento político de los Ortega Murillo es de apoyo incondicional a su discurso y actuación; firman acuerdos de cooperación y formación, inclusive en el ámbito militar y de seguridad, que le permiten a estos países usar territorio nicaragüense para realizar espionaje. Además, Nicaragua encabeza los esfuerzos para que ambos países se conviertan en actores relevantes de la institucionalidad
centroamericana; incluso la promoción del tráfico de migrantes irregulares hacia Estados Unidos es parte de la estrategia conjunta que promueven.

Los Ortega-Murillo también impulsan una política muy activa con otros países, especialmente de Asia y África, de cara a conseguir su voto en foros políticos-globales donde se venden como un país “soberano” para evitar condenas y donde también buscan nuevas alternativas de financiamiento.
No es casualidad que en los últimos meses establecieran relaciones con los talibanes fundamentalistas que controlan Afganistán; o que hayan nombrado embajadores en Vietnam, Corea del Norte, Zimbabue, Irán, Líbano, Ghana, Togo, Níger, Benín y Burkina Fasso, entre otros. Todos países con los que no existen relaciones comerciales ni posibilidad de establecerlas.
Tampoco es casualidad que ante el cierre de las fuentes de financiamiento por parte de las Instituciones Financiera Internacionales (IFI), igual que muchos países africanos, ahora se endeude y le entregue el país a China. En menos de un año la Asamblea Nacional aprobó préstamos por aproximadamente 800 millones de dólares con ese país.
A cambio de este financiamiento Nicaragua entregó a compañías chinas decenas de concesiones mineras que ya alcanzan 52 mil hectáreas. Además, ahora el país está invadido por almacenes chinos que desplazan a pequeños comerciantes nicaragüenses.
Todo esto ocurre mientras la comunidad internacional democrática sigue haciendo exactamente lo mismo desde 2018.
Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), consideramos que es momento de replantear esta estrategia y de actuar para respaldar la lucha de los pueblos nicaragüenses y venezolanos y proteger la democracia regional y la seguridad, incluso de Estados Unidos.