El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), documentó en su informe presentado el 23 de septiembre, el patrón sistemático y transnacional de represión que la dictadura Ortega Murillo dirige contra nicaragüenses exiliados. Lejos de limitarse a detenciones, procesos judiciales o asesinatos dentro del país, la persecución se extiende más allá de las fronteras, configurando un sistema de violaciones de “largo brazo”, diseñado para desmantelar vidas enteras y eliminar cualquier forma de oposición política. 

Este patrón incluye eliminación de la identidad jurídica, destierro, desnacionalización, confiscación de bienes, hostigamiento de familiares y, de manera creciente, violencia física contra exiliados, particularmente en Costa Rica.

La privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense constituye uno de los mecanismos más visibles de esta estrategia. Desde febrero de 2023 hasta la divulgación del reporte, despojaron de su ciudadanía mediante resoluciones judiciales, al menos a 452 nicaragüenses. La lista de afectados incluye dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, religiosos y empresarios. Esta medida la extendieron a un numeroso grupo de apátridas de facto que, al enfrentar precariedad migratoria y económica, les dificultan la supervivencia en el exilio.

La prohibición de ingreso al país afecta incluso a menores de edad, y obliga a algunas personas a pagar sobornos o firmar “cartas de arrepentimiento” para entrar. En 2024, una reforma a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, institucionalizó esta práctica al ampliar arbitrariamente, la facultad estatal de negar la entrada a nacionales y extranjeros considerados “riesgo social”.

Represión crea aislamiento

La represión transnacional también se manifiesta a través de vigilancia digital, mediante una red de monitoreo de redes sociales, interceptación de comunicaciones y campañas de difamación a través de “granjas de troles”. Con ello desacreditan a opositores, afectan sus procesos de asilo y siembran miedo en comunidades de exiliados. En Costa Rica y otros países esto provocó un clima de desconfianza y aislamiento entre los nicaragüenses.

El caso más alarmante es la violencia física contra los exiliados, con Costa Rica como escenario central. El asesinato, en junio de 2025 de Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército y crítico del régimen, marcó un punto de inflexión. 

Él denunciaba públicamente el rol encubierto del Ejército en la represión y la existencia de células que operan desde la embajada nicaragüense en ese país. Su asesinato a balazos en su domicilio, reveló el alcance letal de la represión transfronteriza. A este caso se suman el asesinato en Honduras de Rodolfo Rojas, y dos atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica.

La publicación de este informe coincide con el de la investigación de autoridades judiciales costarricenses, que señalan como presunto autor intelectual del crimen de Samcam a Pablo Antonio Robles Murillo, nicaragüense naturalizado en Costa Rica que tiene formación militar en Cuba y Rusia; está vinculado al Ejército de Nicaragua, a través de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar; y combatió en el Batallón Sócrates Sandino en los años 80. 

La investigación indica que se reunió con altos mandos del Ejército nicaragüense, pero no lo han detenido porque, según reportes periodísticos regresó a Nicaragua el 7 de agosto de 2025.

Represión exige respuesta urgente

La persecución transnacional, más visible en Costa Rica por ser uno de los principales destinos de los exiliados nicaragüenses, constituye una de las dimensiones más graves y recientes de la represión. El GHREN concluye que el modelo de represión expansiva pretende borrar la presencia política de la oposición en el exterior, y consolidar un sistema de impunidad y control absoluto. 

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), considera que esto exige mayores mecanismos de cooperación internacional y protección efectiva para las víctimas. Por tanto, se une al llamado que el GHREN hizo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad internacional, para que emitan una respuesta urgente, sustentada en el derecho internacional, que contrarreste esta represión transnacional.

Según el GHREN esto se lograría, implementando medidas integrales de protección para los exiliados que les garanticen procesos justos y expeditos de asilo y refugio; promoviendo programas focalizados en grupos vulnerables, que incluyan entre otros beneficios el acceso continuo a educación y reconocimiento profesional; y extendiendo la protección prevista a los apátridas por decreto.

También, reforzando el apoyo financiero y técnico a la sociedad civil y medios de comunicación; imponiendo sanciones dirigidas y realizando investigaciones que determinen la responsabilidad individual y la rendición de cuentas; e incluyendo las violaciones transnacionales en la negociación de acuerdos bilaterales, para articular respuestas coordinadas que frenen la impunidad y protejan a los exiliados.

ACNUDH confirma agravamiento de la crisis en Nicaragua

El más reciente informe sobre Nicaragua que presentó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), durante el 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ofrece una visión comprensiva de la crisis de los derechos humanos en el último año.

El documento es resultado de un trabajo difícil, porque al no tener acceso al país se realiza de manera remota y sin dejar de aplicar la rigurosa metodología aprobada en esa materia. Tampoco cuenta con la colaboración del régimen Ortega Murillo, que cesó su participación en el CDH. 

Pese a los obstáculos, evaluó la situación a la luz del derecho internacional y de la legislación nacional; y determinó que existe un persistente y alarmante deterioro del respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. También, una realidad marcada por el temor a las represalias, de parte de las víctimas y testigos de las graves violaciones, que dificulta aún más su labor.

El informe destaca la profundidad de la reforma que, mediante un proceso anómalo que no cumplió con el procedimiento establecido para un cambio de tal calado, modificó o derogó 185 de los 198 artículos de la Constitución anterior. 

Esto equivale a una reforma total que, al reducir los poderes Legislativo, Judicial y Electoral a entidades subordinadas a la Presidencia, conculcó la indispensable independencia de los poderes del Estado que garantiza la democracia. 

Reforma contribuyó al agravamiento

Con la reforma, el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos quedó constitucionalmente ratificado. Establecieron un modelo de Estado totalitario y centralizado, que eliminó protecciones fundamentales a los derechos humanos, entre ellas la prohibición de la tortura y derechos esenciales al debido proceso. 

Al eliminar entre otras medidas, la prohibición de la censura y otorgar al Estado amplias facultades para controlar el contenido de los medios de comunicación y redes sociales, conculcaron aún más la libertad de expresión y de prensa.

El análisis detalla minuciosamente que, la nueva Constitución desmanteló las normas que garantizaban el funcionamiento de una República democrática, y elevó a rango constitucional prácticas arbitrarias y abusivas que ya utilizaban. 

También aborda la restricción de espacios cívicos y democráticos, de los derechos a participar en asuntos públicos, la libertad religiosa, la libertad e integridad personal y a juicios justos. Incluso, los derechos de los pueblos indígenas, y los económicos, sociales, culturales y de género, que continúan seriamente afectados. 

Es especialmente preocupante que, en los patrones de violencia y amenazas utilizados durante la detención y reclusión de personas consideradas opositoras que el ACNUDH documentó, en 16 destacan la violencia sexual, torturas físicas y malos tratos. 

La descripción de los vejámenes refleja prácticas inhumanas. Diferentes formas de tortura diseñadas para causar dolor extremo, que dejan fuertes secuelas a las víctimas; y refleja las duras condiciones carcelarias que enfrentan los presos políticos, muchos de ellos en condición de desaparición forzada.

Nicaragua fabrica apátridas

El ACNUDH puso especial énfasis en la restricción del derecho a la libertad de movilización y a la nacionalidad. Documentó 52 casos de nicaragüenses a quienes, en el último año, le negaron arbitrariamente el ingreso al país, tanto por tierra como por aire. Ellos no recibieron ninguna notificación oficial y tampoco contaron con medios para impugnar la prohibición, ya que ordenan directamente a las líneas aéreas y empresas de transporte terrestre que no los trasladen.

Además, revela que la mayoría de afectados no denuncia estos abusos, por temor a represalias contra sus familiares que están en Nicaragua. Esto sugiere que la cifra de personas a las que impidieron ingresar es mayor. Incluso, un dirigente del sector turístico detalló a un medio de comunicación nicaragüense que ya afectaron a más de 7,000 personas con esta prohibición.

Esa cifra tampoco incluye a miles de nicaragüenses que, al negarles servicios consulares para renovar sus pasaportes, los convirtieron en apátridas de facto. Ellos se suman a los cientos que expulsaron del país y despojaron de su nacionalidad en forma expresa. Con estas prácticas la dictadura Ortega Murillo convirtió a Nicaragua en una fábrica de apátridas. 

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), reconoce la labor del Alto Comisionado y de su personal residente en Panamá, por su compromiso para seguir denunciando las contravenciones a normas internacionales de respeto a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en un contexto internacional adverso para defenderlos y protegerlos.

Además, considera que el informe permite conservar la esperanza de que en el futuro los nicaragüenses recibiremos protección internacional y llevaremos ante la justicia a los responsables de estos abusos.