Daniel Ortega y Rosario Murillo llevan años violando de forma sistemática y generalizada, los derechos de la población, y diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), documentan y denuncian constantemente estos abusos. Pero los graves atropellos que cometen contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, han recibido menos atención.

Los Ortega Murillo desmantelaron la institucionalidad democrática y el Estado de derecho y la Costa Caribe de Nicaragua no quedó fuera de esta destrucción. La Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, fue totalmente anulada en su contenido. La participación ciudadana y las formas de gobierno comunitario fueron sustituidas por funcionarios nombrados por la pareja dictatorial.

La autonomía regional, basada en el uso y costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes ya no existe. Por tanto, están violentando el derecho de estas comunidades a autogobernarse.

Además, las concesiones mineras que le han entregado a empresas chinas, y que ya abarcan el 5 por ciento del territorio nacional, junto a la invasión de reservas biológicas por parte de colonos y otras violaciones, ocurren con la cooperación de las instituciones estatales que están supuestas a preservar la autonomía de la región.

Dieron la espalda a los pueblos indígenas

Estos abusos pusieron fin a décadas de esfuerzos realizados en pro de la autonomía que requirieron que el Estado invirtiera cantidades ingentes de recursos en diversas actividades; entre ellas la regularización de los derechos ancestrales de propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Todos esos avances desaparecieron por la entrega de concesiones para la explotación de recursos naturales y por la creciente invasión de colonos, que al establecerse en la zona, desconocen el derecho a la propiedad comunitaria, que era acorde a la forma de vida de los pobladores estas comunidades; privándolos de su derecho al uso de la tierra y de los recursos naturales, que son vitales para su sustento y desarrollo.

La dictadura Ortega Murillo eliminó los derechos que la Constitución y las leyes locales otorgaban a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Además, incumple compromisos internacionales adquiridos, porque en 2010 ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en 2008 reconoció la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Documentos que le otorgan a estas comunidades el derecho a decidir sobre sus formas de vida y manejo de sus recursos; y obligan a los Estados a coordinar con ellas, acciones conjuntas que garanticen el respeto a sus derechos y a su integridad.

Sin embargo, los Ortega Murillo ignoran estas obligaciones y mediante la imposición de su modelo dictatorial, priorizan la satisfacción de sus intereses, que son ajenos a los de estas comunidades.

Restituir derechos a las comunidades indígenas 

Mediante la centralización del poder, la rendición de culto a la personalidad que promueven, y la lealtad y sumisión absoluta que exigen de sus colaboradores, impiden que los habitantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participen en la autogestión de sus comunidades. Estas y otras prácticas también evitan que conserven su cultura y costumbres ancestrales, que son parte inalienable de ellos.

El modelo represivo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes se personificó en algunos de sus líderes, que elevaban sus voces contra estas injusticias, entre ellos los diputados Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, el primero en condición de desaparición forzada desde hace más de dos años, y la segunda encarcelada desde octubre de 2023.

También se ensañaron contra más de una decena de guardabosques y líderes comunitarios, que desde hace varios años están encarcelados, por el simple hecho de defender sus comunidades de la depredación de los colonos que las invaden y de los especuladores de tierras.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) es imperativo que tras el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, se restituyan los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y que las demandas de estas comunidades sean atendidas por gobiernos regionales autónomos que trabajen en coordinación con el Gobierno central.

También, que se restituyan los títulos de propiedad comunitaria que se emitieron en décadas pasadas y se rescindan todas las concesiones para explotar recursos naturales, que no hayan contado con una verdadera consulta y aprobación popular.

La CDN mantiene su compromiso con la defensa de los derechos y la libertad de los líderes arbitrariamente detenidos; y está segura que con la restitución de sus derechos, se hará realidad el anhelo de una Nicaragua justa, democrática y multicultural.

Las excusas de las purgas

Las purgas son consustanciales a los regímenes autoritarios y ocurren principalmente por la necesidad de los dictadores de mantener e incrementar el control absoluto del Estado y de la sociedad. Se dan en medio de la inseguridad política que les provoca saber que fueron impuestos, y no electos por la voluntad popular. Esto los lleva en la mayoría de los casos, a situaciones de auténtica paranoia.

La sucesión de los tiranos genera al final de sus vidas, cruentas purgas entre los que aspiran a sucederlos, y está ocurriendo mientras los Ortega Murillo impulsan una sucesión dinástica al estilo de Corea del Norte. La transición hacia la sucesión en primer lugar, a favor de Rosario Murillo y posteriormente de uno de sus hijos, requirió una minuciosa preparación legislativa para acomodar al Estado y sus instituciones a favor de la dinastía, acompañada de las consiguientes purgas para eliminar rivales, reales o supuestos.

Las purgas se incrementarán en la medida en que se acerque la muerte de Ortega, y para asegurar el control de los herederos, se agudizarán cuando opere la transición. Las realizarán combinando propaganda con actos de sumisión, imponiendo el terror, realizando procesos judiciales amañados, y eliminando física o políticamente a posibles adversarios, e incluso militantes apáticos que usarán como víctimas de procesos ejemplificantes.

Aunque parezcan irracionales, las purgas impulsadas por Rosario Murillo persiguen una función política determinada: consolidar su poder y el de sus hijos, imponer el miedo y eliminar toda posible disidencia o resistencia para asegurar obediencia ciega.

Purgas contra corruptos

La campaña “Todos contra la corrupción” y el mandato de Ortega de identificar a los traidores, completaron el marco para acelerar y justificar las purgas, a pesar de la ausencia de voluntad para imponer transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública; y sin importar que el país no enfrenta un conflicto armado internacional que permita aplicar el artículo 409 del Código Penal, referido a la traición a la patria.

En Nicaragua impera un modelo de corrupción institucionalizada y jerarquizada, que mantiene al país en uno de los últimos lugares del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Por tanto, la justificación de las purgas cae en el vacío y evidencia que su propósito es únicamente castigar a los corruptos que ya no gozan de la bendición oficial de los tiranos, porque se convirtieron en disidentes o sospechosos.

La corrupción de los purgados, antes tolerada o propiciada, se convirtió en la llamada “corrupción no autorizada”, que los Ortega Murillo ven como un reto a su poder centralizado; y a su derecho exclusivo de apropiarse de los bienes del Estado y compartirlo con quien ellos elijan.

Las purgas son parte de la visión del Estado y del rol que se autoasignan dictadores como Ortega y Murillo, que se consideran soberanos, únicos representantes de la patria e intérpretes de los intereses nacionales y, en consecuencia, con derecho para disponer sobre vidas y bienes, y privatizar el Presupuesto General de la República para premiar la lealtad hacia ellos.

Traición a la patria o a ellos

Los Ortega Murillo cofunden su persona con la representación de la patria; y el culto a su personalidad que promueven, los hace considerarse la expresión misma de la nación. Por ello, se arrogan el derecho de castigar el antagonismo, la disidencia, el desacato, la falta de fidelidad y de sumisión absoluta, calificándolas como traición a la patria.

Los hechos por los que persiguen penalmente, a opositores y a purgados, no se subsumen en el delito de traición establecido en el artículo 409 del Código Penal, ya que persiguen conductas atípicas, que únicamente ofenden el propósito de los dictadores de permanecer indefinidamente en el poder, imponiendo el control social mediante el terror.

Es un contrasentido castigar a los purgados por prácticas corruptas, mientras la Contraloría General de la República propicia la impunidad de la corrupción autorizada, consignando en la mayoría de sus dictámenes que no hay merito para establecer ningún tipo de responsabilidad, aunque reconozca prácticas inapropiadas. Esto corrobora que la falsa campaña sólo persigue purgar a antiguos colaboradores, aliados y testaferros que perdieron el afecto de los dictadores.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la ausencia de Estado de derecho y garantías del debido proceso que afectaron a miles de opositores inocentes, se revirtieron contra seguidores de la dictadura que ahora son castigados, no por la corrupción y crímenes de lesa humanidad que cometieron bajo la dirección de sus actuales verdugos, sino porque los están usando como ejemplo para imponer el terror y asegurar la continuidad de la dinastía.