El 7 de junio la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem, anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses y hondureños protegidos por este programa desde 1999.
Cabe hacer un paréntesis para señalar que, desde su implementación cinco administraciones lo mantuvieron: tres demócratas y dos republicanas, la de George W. Bush y el primer mandato de Donald Trump, cuando inició la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde el 2018.
No fue sorpresa el fin de este programa porque desde la campaña electoral, Trump dejó claro que una de sus prioridades en materia de política exterior sería aumentar las deportaciones y reducir la migración.
De hecho, previo a esta decisión, se implementaron otras acciones para lograr estos objetivos, entre ellas suspender el programa de libertad condicional humanitaria, redadas y deportaciones masivas, imponer un impuesto a las remesas y reducir el ingreso de migrantes a través de la frontera. Sin embargo, lo que sorprende es la justificación del DHS para no renovar el TPS.
Como señala una nota de prensa emitida por la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), Noem describe las condiciones de Nicaragua como “estables” y con un “buen nivel de vida” para justificar la cancelación del programa, ignorando o queriendo pasar por alto la creciente represión estatal y transnacional, la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, cometidos por la dictadura Ortega Murillo —una de las dos peores de la historia de Latinoamérica—, que han sido documentados por múltiples organismos internacionales y países, incluido Estados Unidos.
Dictadura enemiga de la humanidad
Ese país que según el DHS tiene un progreso significativo tras recuperarse del desastre provocado por los huracanes, y donde ahora crece el turismo, ecoturismo, la agricultura y es líder en energías renovables, es el mismo que Marco Rubio en su primer viaje como secretario de Estado describió como enemigo.
En declaraciones brindadas en San José, Costa Rica, Rubio dijo: “en mi opinión esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria en el hemisferio. La han creado porque son países donde su sistema no funciona”.
Llama poderosamente la atención que en su justificación el DHS usa el reporte sobre el Clima de Inversión de 2024, elaborado por el departamento de Estado que en una parte señala que Nicaragua continúa mostrando fundamentos macroeconómicos estables, incluido un récord de 5 mil millones de dólares en reservas internacionales, una carga de deuda sostenible y un sector bancario bien capitalizado.
Pero ignora la parte que advierte que “los inversionistas deben ser extremadamente cautelosos”, porque “Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúan suspendiendo los derechos civiles garantizados por la Constitución, deteniendo a presos políticos, confiscando propiedades privadas y violando el Estado de derecho, lo que crea un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos reputacionales y regulación arbitraria”.
Además, en abril, en el marco del séptimo aniversario del inicio de la crisis sociopolítica, el secretario Rubio a través de sus redes sociales expresó: “como dije durante mi primera visita a nuestra región, el régimen nicaragüense es un enemigo de la humanidad. La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad estadounidense por parte de un régimen que instrumentaliza la inmigración y posiciona a Nicaragua como un centro para inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera”.
Fortalecieron alianzas
De hecho, ellos siguen utilizando la migración como arma política contra la seguridad de Estados Unidos. Mantienen su política de libre visado que implementaron desde 2022 para todos los países enemigos de Estados Unidos y siguen ampliando ese beneficio.
También fortalecieron una alianza estratégica con China y Rusia que incluye temas de seguridad para Estados Unidos en lo militar y tecnológico; y promueven en Centroamérica, una mayor presencia de ambas naciones en el campo político y económico.
Asimismo, Nicaragua continúa compartiendo la posición en contra de Estados Unidos de las dictaduras enemigas de ese país, que incluye entre otras a China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Venezuela y Cuba.
Finalmente, la dictadura nicaragüense sigue siendo actor relevante en el narcotráfico que tiene, igual que el tráfico de personas, un componente ideológico para debilitar a Estados Unidos agudizando las crisis existentes. La Nicaragua que el DHS describe como un destino turístico mundial, es el mismo país al que recientemente el Departamento de Estado les pidió a sus ciudadanos reconsiderar viajar.
Por todo esto, desde la CDN instamos al DHS y al Departamento de Estado a revisar la evaluación sobre Nicaragua y en la medida de lo posible, como lo solicitó el congresista Mario Diaz-Balart, a la administración Trump a reconsiderar su decisión de poner fin al TPS para los nicaragüenses, ya que no existen condiciones seguras para que regresen a su país.
La democracia: en lista de espera en la OEA
Con cada cambio de secretario general en la Organización de Estados Americanos (OEA), se vive un proceso de transición a la espera de que el nuevo funcionario pueda definir y trabajar una nueva agenda, priorizando los temas de la misma. Según diplomáticos con larga experiencia en la organización, la primera Asamblea General bajo un nuevo secretario no se caracteriza por incorporar temas controvertidos o arrastrar asuntos debatidos previamente.
La agenda de la 55 Asamblea General, realizada recientemente en Antigua y Barbuda, como era de esperarse, no incorporó la falta de democracia en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Las particularidades de la sucesión del secretario general, operan en un contexto de debilitamiento del multilateralismo, en que los organismos internacionales están perdiendo efectividad frente a los regímenes totalitarios.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) igual que la OEA lucen ineficientes e ineficaces para detener las violaciones al derecho internacional y los atropellos de las dictaduras frente a los compromisos democráticos y los derechos humanos, y se muestran incapaces de subsanar la impunidad de este tipo de regímenes.
La debilidad del multilateralismo dejó de lado las normas del derecho internacional y volvió obsoleto el sistema construido por la comunidad internacional desde que terminó la segunda guerra mundial.
En América y el mundo, el consenso democrático se está reduciendo, algunos analistas consideran que el siglo XXI es el del autoritarismo. La soberanía de los Estados y no la democracia y los derechos humanos, son el eje rector de las relaciones internacionales a las que no escapa nuestra región.
Manipulan concepto de soberanía
Un concepto manipulado de soberanía se usa como escudo para justificar las más graves agresiones contra los pueblos, que son sus legítimos poseedores, para negarles los derechos conquistados a lo largo de la historia; y tiranos que no fueron electos por el voto popular, se apropian de la soberanía para convertir a los ciudadanos en esclavos modernos.
No es posible que, bajo el falso argumento del respeto al principio de la libre autodeterminación, independencia y soberanía de poblaciones como la nicaragüense, venezolana y cubana, que no gozan del derecho a expresarse y menos del de definir su futuro, los organismos multilaterales consientan a los dictadores que niegan el ejercicio de la soberanía popular, la comisión de graves crímenes contra los ciudadanos.
La OEA, a diferencia de la ONU establece en la Carta Democrática el compromiso colectivo de promover y defender “el derecho de los pueblos de América a la democracia”, que está por encima del derecho de los Gobiernos.
Esto es un reconocimiento a la soberanía popular, que le da a la población el carácter de sujeto del derecho internacional cuando la democracia le es arrebatada. La evolución positiva inició, al permitir la denuncia individual ante los organismos especializados en materia de derechos humanos; y ahora la Carta Democrática permite que la población, a través de organizaciones de la sociedad civil, defienda su derecho a la democracia ante los órganos políticos de la OEA.
La OEA tiene responsabilidades
Los nicaragüenses estamos claros de que el cambio de regímenes no es una función propia de la OEA, ya que carece de mecanismos para lograrlo. Pero tanto la organización como su secretario general están comprometidos a contribuir a la constante deslegitimación de las dictaduras.
Esta es una responsabilidad que no pueden ignorar. Por disposición de la Carta Democrática están obligados a acompañar en la restauración de la democracia, a los pueblos que sufren las violaciones de sus derechos más elementales. Deben hacerlo incluso, mediante la aplicación de medidas coercitivas, superando el falso paradigma de que las sanciones perjudican al pueblo, cuando la peor sanción que este enfrenta, es estar sometido a una cruel dictadura que, para prolongar el sufrimiento, se aprovecha de la inoperancia de las organizaciones internacionales.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), reconoce la labor de la pequeña delegación de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense presente en la Asamblea General celebrada en Saint John, que le recordó a las delegaciones su obligación frente a la grave situación que viven los nicaragüenses, y obtuvo el compromiso de reactivar el Grupo Voluntario, creado por el Consejo Permanente para impulsar iniciativas en favor del pueblo de Nicaragua.
Además, llama a los Estados miembros de la OEA que participan en el Grupo Voluntario, a apoyar mecanismos que permitan llevar al régimen Ortega Murillo ante la justicia internacional; y al secretario general Albert Ramdin a que, una vez superada la transición, ejerza el liderazgo que le corresponde como principal funcionario de una organización comprometida con la democracia y los derechos humanos.