CDN: Estados Unidos debe reconsiderar la evaluación de seguridad de Nicaragua

La Concertación Democrática Nicaragüense CDN, expresa su profunda preocupación y sorpresa por la reciente evaluación de seguridad de Estados Unidos que al describir las condiciones en Nicaragua como “estables” y con “buen nivel de vida” canceló a los nicaragüenses el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).

La CDN considera que la evaluación hecha pública este lunes por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pasó por alto la creciente represión estatal y transnacional, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen sandinista, los cuales han sido documentado por múltiples organismos internacionales y países, incluido Estados Unidos.

Recuerda que en su reciente visita a Costa Rica el secretario de Estado Marco Rubio expresó que el régimen sandinista constituye un “enemigo de la humanidad”, pues no es secreta la cercanía de la dictadura Ortega Murillo con los regímenes de Irán, Rusia y Corea del Norte.

Además, solicitó mantener la alerta de viaje en nivel 3: “reconsiderar viajar”, emitida por el Departamento de Estado, citando amenazas a la seguridad personal, ausencia de Estado de derecho y acoso oficial a extranjeros; y evitar utilizar la designación de “buen nivel de vida” hasta que una misión independiente verifique las condiciones reales. Caracterizar a Nicaragua como segura podría socavar la credibilidad de Estados Unidos y los estándares internacionales de derechos humanos, aseguraron. 

Instamos al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado a revisar esta evaluación a la luz de los abusos documentados y creíbles. “Restablecer la precisión honrará los valores democráticos y protegerá a quienes continúan pagando el precio más alto por decir la verdad al poder”, señala la CDN.

Además, la CDN expresa su solidaridad con los aproximadamente tres mil nicaragüenses que resultaron afectados por la cancelación del TPS, a partir del 5 de julio. Las personas que gozaban de este estatus tendrán que abandonar Estados Unidos a más tardar durante los próximos sesenta días.