Las recientes declaraciones de Daniel Ortega, anunciando que en Nicaragua no habrá más elecciones, constituyen una ruptura abierta con los principios democráticos que sustentan el sistema interamericano y representan una ruptura institucional que resulta incompatible con los principios fundamentales del derecho internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No se trata de un gesto político interno, sino de la decisión explícita de abolir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y de consolidar, un régimen autoritario, permanente y dinástico, incompatible con los principios de la democracia representativa y el derecho internacional. mediante la formalización de un régimen autocrático que desconoce la soberanía popular como fundamento esencial del orden democrático.
Con esta postura, el régimen desconoce obligaciones jurídicas asumidas por Nicaragua en el hemisferio occidental, incluyendo la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática Interamericana y los compromisos esenciales que vinculan a todos los Estados del continente en materia de democracia representativa, separación de poderes, pluralismo político y respeto a los derechos humanos. En particular, esta decisión contraviene los principios consagrados en los artículos 2 y 3 de la Carta de la OEA; los artículos 1, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana; y los artículos 13, 15, 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen y protegen las libertades fundamentales, la participación política y el derecho de los pueblos a vivir en democracia.
En consecuencia, corresponde a los órganos competentes del Sistema Interamericano activar los mecanismos jurídicos y diplomáticos previstos para responder a una ruptura del orden democrático. Demandamos el restablecimiento de las libertades fundamentales, el regreso seguro de los desterrados y desnacionalizados, la libertad de todos los presos políticos y la restitución de derechos a los profesionales del derecho y de la salud el cese de la represión y del destierro arbitrario, así como el restablecimiento del orden constitucional.
La oposición democrática nicaragüense reafirma que la única salida legítima y sostenible para la crisis nacional es la restauración del orden constitucional mediante elecciones libres, competitivas, transparentes y con observación internacional independiente, acompañadas de plenas garantías para todos los actores políticos. Sin este proceso, no habrá estabilidad institucional, seguridad regional ni condiciones para el desarrollo.
Las elecciones libres no son una prerrogativa del gobernante de turno; son un derecho fundamental del soberano que es el pueblo nicaragüense y no el tirano. Constituyen además un derecho humano inalienable y un pilar esencial del Derecho Internacional Público. Esto es un requisito indispensable para la pertenencia de Nicaragua a la comunidad democrática del hemisferio.
Por ello, hacemos un llamado urgente a los gobiernos de las Américas, en particular a los Estados miembros de la OEA y a las cancillerías latinoamericanas al Consejo Permanente de la OEA y a su Secretaría General, para que activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a esta ruptura del orden democrático. La OEA cuenta con instrumentos claros para responder a situaciones de esta naturaleza, y su aplicación rigurosa es esencial para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales.
Solicitamos que los Estados democráticos y los órganos competentes de la OEA adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, y mantengan el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes. La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta firme, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional. La normalización de una dictadura permanente en Nicaragua tendría efectos directos
sobre la estabilidad política, la gobernabilidad y la seguridad del continente. Asimismo, profundizaría el exilio de miles de nicaragüenses, generaría nuevas olas migratorias, sentaría un precedente negativo para la región y debilitaría el compromiso hemisférico con la defensa de la democracia y el Estado de derecho. Por ello, esta crisis constituye un asunto de legítimo interés hemisférico y no un problema exclusivamente interno.
Exhortamos a los gobiernos democráticos del hemisferio, a la OEA, al sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general a no reconocer ni legitimar la abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes. Defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas. Nuestra lucha no se
limita a denunciar una dictadura; busca construir una Nicaragua democrática, con instituciones legítimas, Estado de derecho, separación de poderes, respeto irrestricto a los derechos humanos y elecciones libres que permitan a todos los nicaragüenses decidir su futuro en paz, libertad y dignidad.
Suscriben a continuación diversas organizaciones políticas y civiles nicaragüenses en el exilio:
- Concertación Democrática Nicaragüense (CDN)
- Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN)
- Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND)
- Avanza Nicaragua
- Mesa Todos Somos Nicaragua
- Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE)
- UNAMOS
- Unidad Nacional
