El régimen Ortega Murillo ha rechazado el escrutinio de los organismos internacionales responsables de la protección de los derechos humanos pretendiendo encubrir las sistemáticas y masivas violaciones que ha dirigido, olvidando que la dignidad humana está en la mira del derecho internacional y que las naciones tienen una responsabilidad colectiva de velar por el respeto a los derechos del ser humano y de asegurar que quienes cometen crímenes de lesa humanidad no queden impunes.

Pretendiendo evadir su responsabilidad expulsó del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH). Se niega a aceptar las visitas y a cooperar con los expertos de estas instituciones y de la Comisión Contra la Tortura de la ONU. Además, se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar de desvincularse de sus obligaciones frente a este organismo.

Para garantizar la impunidad de los autores, cómplices y encubridores de los más atroces crímenes, desde hace varios años y de forma progresiva desacata las recomendaciones, resoluciones y sentencias de los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos, impidiéndoles que brinden protección a las víctimas y negándoles a ellas el acceso a la justicia.

Estos esfuerzos contrastan con el compromiso de no dejar impune las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que deriva del principio de la solidaridad jurídica entre los Estados y se ejerce, con la obligación de cooperar con la prevención y sanción de estos crímenes mediante la jurisdicción universal, que permite juzgar sin importar el lugar donde se hayan cometido, ni la nacionalidad de sus actores o víctimas.

Para consolidar la absoluta impunidad los Ortega Murillo construyeron un sistema interno con efectos externos, que al dotarlos de las siguientes medidas evita la aplicación de la justicia:

1. Aprobaron una amplia e incondicional ley de amnistía.
2. Acabaron con la independencia del Poder Judicial y lo convirtieron en una herramienta más de represión sin jueces imparciales e independientes.
3. Para evitar la aplicación de la justicia internacional se niegan a ratificar el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI).
4. Para escapar de juicios en el extranjero basados en la justicia universal, prohibieron constitucionalmente la extradición de nacionales.
5. Para impedir que avancen las denuncias de las víctimas aseguraron el monopolio de la acción penal y el control y sumisión total de la Policía.
6. Al ser las cabezas del Estado los principales responsables, ejercen un control absoluto de las instituciones y aseguran que ningún funcionario cumpla con su obligación de investigar o procesar.
7. Reformaron la Constitución para garantizar la reelección indefinida y la sucesión familiar y convirtieron la permanencia en el poder en el principal escudo contra la justicia.

En su propósito de trasgredir sus obligaciones internacionales, de manera consciente y desafiante y actuando como un Estado forajido, los Ortega Murillo no se conforman con asegurar su impunidad y la de sus subordinados, también convirtieron al país en un refugio para extranjeros autores de terrorismo como el italiano Alessio Casimirri y para funcionarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Asía, acusados de corrupción, transformando a Nicaragua en el paraíso de la impunidad para propios y ajenos. A estos personajes les brindaron asilo y para protegerlos de la extradición les otorgaron la nacionalidad, violentando así la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, que obliga a los países a colaborar en la lucha contra este tipo de delitos.

Desde los juicios de Núremberg la comunidad internacional sostiene que el fracaso de la persecución de los crímenes graves, es considerado tan malo e incluso peor que el propio delito, por cuanto la impunidad se convierte en un incentivo para continuar cometiendo ilícitos que ofenden a las víctimas y a la humanidad en su conjunto.

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) solicita a la comunidad internacional tener presente que la lucha contra la impunidad exige una respuesta decidida y coordinada que permita juzgar y sancionar a los responsables, más aún cuando pretenden autoprotegerse en su propia nación. Cuando un país se niega a investigar y sancionar los crímenes graves contra el derecho internacional, es responsabilidad del resto de los Estados, como parte de sus obligaciones internacionales permitir a las víctimas acceder a sus tribunales a través de la jurisdicción universal.

Una visión limitada y cortoplacista de la realidad

Hace pocos días el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un nuevo préstamo para el régimen Ortega Murillo y la agencia S&P Global Ratings elevó la calificación de la deuda de Nicaragua de B a B+ con Perspectiva Estable. Además, estamos a las puertas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haga la revisión del Artículo IV para el 2024. 

Cabe destacar que el informe final del Artículo IV de 2023 presentado en enero de este año por el equipo liderado por Alina Carare, fue como una versión moderna del cuento Alicia en el país de las maravillas, que como en la famosa novela del género del Sinsentido de Charles Lutwidge, nos presenta una visión alejada y hasta se podría decir fantasiosa de la realidad nicaragüense.

Fue lamentable que esa declaración enunciara que “podría haber sorpresas positivas”, porque el crecimiento real del PIB podría ser superior al calculado debido, entre otras razones, “a una entrada de remesas más fuerte de lo previsto”.

El crecimiento de las remesas se fundamenta en el sacrificio de las familias y no en el buen actuar del régimen. En seis años han salido más de 800 mil nicaragüenses que equivalen aproximadamente al 12 por ciento de la población. Entre 2010 y 2017 migraron alrededor de 47 mil nicaragüenses, por lo que el total que migró desde 2018 es 18 veces mayor que el de los siete años anteriores. De hecho, en los últimos seis años salió 40 por ciento más de la población que en toda la historia del país.

¿Cómo se puede celebrar el crecimiento económico a costa de un mayor dolor para las familias que tienen que separarse? ¿Cómo se puede vender esto de manera positiva y ocultar la demolición del Estado de derecho? ¿Por qué el FMI, el BCIE o las agencias calificadoras de riesgo ignoran esta realidad?

Los miembros de la misión del FMI saben que, si el flujo de remesas se hubiera mantenido en el nivel previo a la crisis de 2018, las cifras de crecimiento económico serían negativas. Entonces deben ser responsables en la forma en que presentan la información. 

Ellos también conocen la otra cara de la moneda que sus informes no reflejan. Saben que contrario a lo que ocurre con la macroeconomía, la democracia, el Estado de derecho, la libertad religiosa y la libertad de prensa, se han deteriorado tanto que mantienen a Nicaragua con los peores indicadores a nivel global.

Por ejemplo, el reporte Libertad en el Mundo 2024 presentado por Freedom House que suma los principales hallazgos del 2023 en materia de derechos políticos y libertades cívicas, muestra que Nicaragua fue uno de los 17 países con el mayor deterioro en estos temas; y que en los últimos diez años fue el país con el mayor retroceso en el mundo en derechos políticos y libertades civiles, y por este deterioro, junto a Venezuela y Cuba son calificados como los tres países sin libertad en América Latina y el Caribe.

El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) o Índice WJP que mide el grado práctico del imperio de la ley y su importancia fundacional en el devenir de los países, dice que desde 2017 en Nicaragua se ha deteriorado año tras año. Por eso ocupa el lugar 137 en una lista de 142 países a los que les miden ocho aspectos del imperio de la ley. Una de esas mediciones es la limitación de los poderes del Gobierno y en ella Nicaragua ocupa el lugar 141 de 142 y en justicia civil el lugar 140 entre 142 países. 

En materia de libertad religiosa, recientemente la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), presentó su reporte La persecución y opresión de los cristianos en el mundo 2022-2024, en el que Nicaragua entró en la lista de 18 países donde los religiosos y creyentes sufren debido al autoritarismo del Estado y los ataques de extremistas.

El reciente reporte del Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024 elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), colocó a Nicaragua en el puesto 163 de 180 países. En 2017, previo al inicio de la crisis social, Nicaragua ocupaba el lugar 92 entre 180 países.

Todos estos y otros indicadores, impulsan a la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) a alzar la voz para decir basta. Es hora de que las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y las agencias calificadoras de riesgo dejen de reflejar una visión limitada y cortoplacista de la realidad nicaragüense y que asuman su compromiso con la democracia y los derechos humanos, ya que solo así podremos hablar de un futuro con verdaderas sorpresas agradables y perspectivas estables.