Excelentísimos señores ministros de Relaciones Exteriores:
- Carlos Ramiro Martínez, de la República de Guatemala
- Juana Alexandra Hill Tinoco, República de El Salvador
- Eduardo Enrique Reina García, República de Honduras
- Arnoldo André Tinoco, República de Costa Rica
- Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, República de Panamá
- Francis William Fonseca, Belice
- Roberto Álvarez, República Dominicana
Nos dirigimos nuevamente a ustedes para expresar nuestra satisfacción y agradecimiento por la defensa de los principios rectores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que la mayoría de los miembros del Consejo de ministros de Relaciones Exteriores plantearon en su comunicación del 28 de noviembre, para rechazar la terna de candidatos que presentó Nicaragua para la Secretaría General.
Lamentablemente la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua no se circunscribe a presentar candidatos carentes de idoneidad por falta de compromisos con los propósitos del SICA, la reciente aprobación de la nueva Constitución Política marca un punto crítico de inflexión en la vida nacional e impacto regional e internacional.
El Estado de Nicaragua adoptó un nuevo modelo constitucional autoritario, sin precedentes en la región porque derogó la separación de los poderes del Estado y destruyó los contrapesos esenciales para un sistema democrático. Ahora, los Ortega Murillo asumen la función de coordinadores supremos de los órganos judicial, legislativo y electoral y se constituyen en un poder único y absoluto sin olvidar la destrucción de la autonomía municipal y regional subordinada a ambos co dictadores.
Con la nueva Constitución Nicaragua deja de ser un Estado social de derecho para convertirse en un Estado dícese revolucionario; y al eliminar buena parte de las garantías constitucionales, contraviniendo la mayoría de las declaraciones y tratados en materia de derechos humanos, viola el principio de no regresión en materia de derechos humanos, pilar fundamental del derecho internacional.
Anula el pluralismo político e instaura un nuevo cuerpo de seguridad, con amplias facultades que operará bajo un esquema de militarización de la seguridad pública, subordinando completamente el orden civil a intereses partidistas.
Además, concede facultades absolutas a la diarquía que se asegura la sucesión dinástica; incluso, en el ámbito de la libertad de expresión y prensa, restringe la información crítica independiente a través de medios digitales. La nueva Constitución pasa a ser una herramienta más en el arsenal represivo utilizado para silenciar cualquier voz crítica.
Con la aprobación en primera legislatura de la nueva Constitución disfrazada como una reforma parcial, el régimen Ortega Murillo se auto excluyó del SICA, al repudiar de forma ostensible los principios democráticos fundamentales del Protocolo de Tegucigalpa, que en su artículo 3 establece entre los propósitos del Sistema: “la consolidación de la democracia, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la promoción de un régimen amplio de libertades”.
El artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa detalla los principios fundamentales que deben cumplir los países miembros del SICA, entre los que destaca el respeto a los derechos humanos y el compromiso con la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad, en un todo armonioso e indivisible que orienta la actuación de los países y la buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo abstenerse, conforme establece el artículo 6, de adoptar medidas unilaterales, como la nueva Constitución, que ponen en peligro la consecución de los propósitos y el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema.
Al limitar y restringir derechos fundamentales la nueva Constitución de Nicaragua, vulnera las bases democráticas que deben regir en los Estados miembros, y enarbola un régimen autoritario que viola tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
Este deliberado desconocimiento, incumplimiento y vulneración a dichos tratados, afecta el ámbito regional y representa un desafío para el derecho internacional, al contravenir normas y principios esenciales del sistema interamericano y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Asimismo, la decisión de Nicaragua de denunciar la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA), refuerza su desacato a los principios del sistema interamericano, demostrando su espíritu totalitario y repudio a los estándares internacionales en materia de democracia y derechos humanos, a los que está obligado según el inciso “i” del artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa.
Las medidas unilaterales adoptadas por el régimen Ortega Murillo no solo ponen en peligro los objetivos del SICA, sino que constituyen una deliberada, consciente y flagrante violación, del Protocolo de Tegucigalpa y del Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, provocando para todos los efectos, una abrogación tácita de ambos tratados, ya que la nueva Constitución erige un nuevo modelo incompatible con las aspiraciones de los centroamericanos, recogidas en el marco de regulación de la integración regional.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), alienta a los señores ministros de Relaciones Exteriores a continuar profundizando la custodia de los valores, propósitos y principios fundamentales que permitieron a los centroamericanos superar, mediante el Proceso de Esquipulas, la grave crisis que en el pasado afectó a la región con consecuencias funestas y que corresponde a todos evitar que se repita mediante la consolidación de dictaduras criminales que atentan contra la paz y la estabilidad regional.
Sin más a que hacer referencia, agradecemos su atención