Los co-dictadores Murillo Ortega eliminaron el domingo 8 de febrero, el libre visado para los ciudadanos cubanos. Es importante señalar que esta restricción no es un acto responsable de política migratoria: es la confesión tardía de una práctica criminal sostenida por el régimen dictatorial de Nicaragua durante estos últimos años.
Bajo el disfraz de “solidaridad”, se promovió como un arma contra Estados Unidos, el tránsito irregular de cientos de miles de ciudadanos cubanos, convirtiendo a Nicaragua en una ruta del tráfico humano, lo cual constituye un crimen internacional.
Esta política se mantuvo mientras fue rentable política y económicamente. Solo ahora se intenta maquillar la realidad, cuando la administración del presidente Trump ha endurecido sus posiciones frente a las dictaduras de nuestro hemisferio y cuando el endurecimiento del control fronterizo en Estados Unidos ha hecho más riesgoso el cruce hacia el norte.
Adicionalmente este nuevo contexto migratorio está resultando en que miles de cubanos que continuaban llegando a Nicaragua hasta hoy, se vean obligados a permanecer en el país ante el peligro de seguir avanzando al norte.
No se trata de un giro ético: es una maniobra oportunista para encubrir un negocio que ya no funciona
como antes.
Más grave aún: mientras se limita selectivamente el ingreso de cubanos, se mantiene el libre visado para ciudadanos de múltiples países, incluidos aquellos donde operan grupos terroristas o que son señalados internacionalmente como promotores del terrorismo.
Esta política irresponsable y criminal expone a Nicaragua y a la región a riesgos de seguridad inaceptables. Testimonios y reportes indican que estas personas continúan su ruta hacia el norte, utilizando el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino como un verdadero “hub” del tráfico ilegal de migrantes en las Américas, tal como han registrado las autoridades de migración de Honduras.
Denunciamos con firmeza que el régimen sandinista ha convertido a Nicaragua en una plataforma para el tráfico de personas, en abierta violación del orden jurídico nacional , del derecho internacional y de los principios mínimos de protección a los derechos humanos. Esta práctica criminal no solo degrada al Estado, sino que pone en riesgo la seguridad regional y utiliza el sufrimiento humano como moneda de cambio político.