Lo que actualmente denominamos Concertación Democrática Nicaragüense CDN-Monteverde, se conoció inicialmente como grupo Monteverde, en alusión al lugar de Costa Rica donde, en 2021, se realizaron los primeros encuentros. Somos la prolongación de una iniciativa que, primero construyó confianza entre un grupo de nicaragüenses creyentes en la democracia.

Pero a partir de enero del 2024, después de dos años de negociación y consenso, nos transformamos en un actor de concertación política, integrado por organismos diversos, tanto de tipo político como social e individuos que participan a título personal. Nos conformamos para liderar una estrategia política con acción en varias áreas primordiales. Esta concertación aspira a aglutinar a la mayor cantidad posible de actores cívicos, para que juntos consolidemos una coalición política diversa incluyente de las principales voces prodemocráticas de Nicaragua.

Líneas de acción de Monteverde

La CDN trabaja en la consolidación de una alternativa política que defina la ruta pacífica para salir del régimen Ortega-Murillo, y el tránsito hacia la restauración de la democracia, apegados a los principios y procedimientos democráticos y apoyados en la pluralidad inclusiva, la tolerancia, la igualdad, el respeto al Estado de derecho y las libertades civiles y políticas. Paralelamente fortalecemos nuestra función de interlocutores ante la comunidad internacional.

La definición de esa ruta pacifica nos permitirá salir de la dictadura Ortega-Murillo y es la prioridad de la CDN, ya que esa es la única forma de poner fin a la represión totalitaria que impera en Nicaragua. Esta situación que desde 2018 a la fecha ha provocado decenas de asesinatos, encarcelamientos, el mayor exilio registrado en la historia de Nicaragua, la desnacionalización de más de trescientos dirigentes políticos, sociales, periodistas y sacerdotes, y un sin número de violaciones a los derechos humanos. La represión traspasa las fronteras nicaragüenses en busca de sus víctimas, a las que se les niegan documentos de identidad, ingresar a su país, les cierran cuentas bancarias o les impiden tenerlas.

De esta represión totalitaria no han escapado las autoridades religiosas ya que más de doscientos sacerdotes y monjas católicas, entre ellos los obispos, Rolando Álvarez e Isidoro Mora, han sido desterrados, la mayoría de ellos después de meses o años de encarcelamiento injustificado. También acechan a la Iglesia Evangélica y atacan a sus pastores. Recientemente trece miembros del ministerio evangélico Puerta de la Montaña, fueron condenados por supuestos delitos de lavado de dinero y crimen organizado.

Mientras tanto, la corrupción impera a costa del pueblo, el régimen endeuda al país para beneficiar a una élite excluyente y aprovecha las remesas para facilitar la represión y extorsión.

En el campo económico la situación también es dramática, actualmente los niveles de pobreza, informalidad laboral, desempleo y desigualdad, se han incrementado y convertido en una causa más que impulsa la migración masiva de los nicaragüenses. Entre 2018 y 2023, en al menos tres países, el número de nicaragüenses acogidos como refugiados o asilados políticos asciende a 346,000. Adicionalmente las autoridades estadounidenses reportan que entre 2018 y febrero de este año 423,052 nicaragüenses cruzaron irregularmente la frontera de ese país.

Toda esta realidad justifica nuestra lucha por una transición hacia la democracia. Para alcanzar estas metas, impulsamos un modelo de concertación que facilite la ampliación de las alianzas y capacidades, y fortalecer un espacio de resistencia pacífica, que ofrezca soluciones a la crisis actual y alternativas futuras para la Nicaragua post Ortega.

Como parte de esta estrategia hemos formado grupos de trabajo que están conectados con las redes de apoyo en el interior del país, y a la vez, impulsan acciones de incidencia a nivel internacional para generar presión externa en contra del régimen.

Somos un espacio plural en busca de una Nicaragua donde alcancemos y podamos prosperar todos.

La Nicaragua de los Ortega Murillo

El mayor éxodo de la historia:

Como resultado de la crisis política, entre 2018 y 2023 unos 346,000 nicaragüenses, fueron acogidos en al menos tres países como refugiados o asilados políticos. Además, entre 2018 y febrero de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, detuvo a 423,052 connacionales que cruzaron irregularmente la frontera de ese país. En total, alrededor del 14% de la población abandonó el país lo que constituye el mayor éxodo registrado en nuestra historia.

Sin libertad de asociación:

Según la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), entre diciembre de 2018 y noviembre de 2023 cancelaron la personería jurídica a 3,390 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de casi 5 mil que existían. Los cierres no han cesado y entre las afectadas se cuenta hasta la Cruz Roja. Estos cierres implican la pérdida de unos 250 millones de dólares anuales en ayudas, que esas ONG traladaban a la población más necesitada.

Sin democracia:

La personería de todos los partidos políticos que nunca se aliaron al oficialismo fueron canceladas. Los principales lideres opositores fueron encarcelados en el 2021 y casi dos años después los desterraron, desnacionalizaron y confiscaron sus bienes. No existe libertad de expresión, no permiten ningún tipo de actividad política independiente. No hay elecciones libres y a la fecha hay más de 100 presos políticos.

Sin libertad de prensa:

Más de 50 medios decomunicación independientes entre ellos, periódicos, canales de televisión y estaciones de radio fueron cerrados, y a 16 de ellos les confiscaron sus bienes. 246 periodistas tuvieron que exiliarse preservar su libertad y continuar informando.  Nicaragua se convirtió en el único país del mundo que no tiene periódicos impresos ni periodismo independiente dentro del país.

Persecución religiosa

Más de 200 lideres católicos, monjas y sacerdotes, han sido expulsados del país, afectando el funcionamiento de las 322 parroquias del país. Decenas de sacerdotes estuvieron presos, entre ellos dos de los nueve obispos de la jerarquía católica. Cancelaron más de 380 organizaciones religiosas, entre evangélicas y católicas, confiscaron sus bienes y expulsaron a muchos de sus integrantes. Actualmente es prohibido oficiar misas, realizar procesiones católicas o cultos evangélicos fuera de los templos.

Sin organizaciones gremiales:

Cerraron y confiscaron los bienes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal organización empresarial junto a las 20 cámaras que lo integraban. Encarcelaron a tres de sus directivos por casi dos años, luego los desterraron, desnacionalizaron y confiscaron. Desde entonces continúan cerrando asociaciones departamentales y municipales. Además, las empresas locales y extranjeras. sufren de extorsión fiscal sin posibilidad de defenderse.

Sin autonomía universitaria

En los últimos tres años cerraron y confiscaron los bienes de 38centros privados de estudios superiores. Los casos más conocidos son el de la Universidad Centroamericana (UCA), de los Jesuitas y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Cientos de profesores quedaron desempleados y más de 37,000 estudiantes con sus carreras truncadas y con solo dos opciones: retomarlas en una de las once universidades estatales o subvencionadas, donde predomina el adoctrinamiento político, o sumarse al éxodo migratorio en busca de oportunidades.

Sin autonomía en la Costa Caribe:

Como parte del control del Estado sobre los habitantes de las comunidades de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, cerraron más de cien organizaciones indígenas y afrodescendientes, entre ellas el partido Yatama, principal agrupación de esa zona del país y desde noviembre de 2023 mantienen secuestrados a sus directivos.