Dos asesinatos políticos en menos de una semana. Dos familias más con sus vidas destrozadas por la dictadura Ortega Murillo. Este nuevo actuar, tal como lo expresamos desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), en un pronunciamiento público divulgado cuando entregaron el cadáver del preso político Carlos Cárdenas Zepeda, sólo tres días después que devolvieron el del también opositor Mauricio Alonso Petri, “constituye una nueva modalidad represiva, desprovista del más mínimo sentimiento de piedad” y “es una clara muestra de degradación moral de quienes la dirigen y de sus leales”.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas presentó su más reciente reporte el 1 de septiembre. Incluye a 73 personas reconocidas como reos políticos, 59 hombres y 14 mujeres; 23 de ellos son adultos mayores. Cabe mencionar que no incluye a muchas personas que están detenidas, pero por temor a represalias de la dictadura sus familias piden no contabilizarlas.

Un dato muy preocupante es que del total, 33 están bajo el estatus de desaparecidos. Desde que las fuerzas represivas los secuestraron no los han presentado, ni permitido que sus familiares los vean, algunos ya tienen más de un año bajo esa condición.

Organismos de derechos humanos y de la sociedad civil consideran estas desapariciones forzadas, el rostro más cruel de la represión y la prisión política en Nicaragua. Porque reflejan el sufrimiento de los presos y el de sus familias, que no saben si siguen vivos. Ahora la incertidumbre creció, porque no sólo torturan a los presos políticos, también los asesinan.

Esquema represivo se agudiza 

Además de los dos asesinatos, recientemente conocimos el testimonio de Rosa Ruiz, que denuncia valientemente que su hijo, el médico Yerri Gustavo Estrada Ruiz secuestrado el 13 de agosto, es torturado brutalmente.

Por ello, desde la CDN hacemos un llamado urgente para que se preserve y respete la vida de los más de 73 presos políticos; que entreguen una fe de vida de cada uno de los 33 desaparecidos; y para que dejen de torturarlos y cumplan con la obligación legal de darles un trato digno a ellos y a sus familias.

En adición a este actuar brutal en las cárceles, la dictadura continúa con su modelo autoritario y represivo, cerrando espacios democráticos y tomando el control absoluto de las instituciones.

El Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024, divulgado en agosto por el Departamento de Estado de Estados Unidos, concluyó que la situación de los derechos humanos en Nicaragua empeoró durante el 2024.

Además, detalla una serie de problemas significativos entre los que se incluyen “informes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegales; desapariciones; tortura, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; arrestos y detenciones arbitrarios; represión transnacional contra individuos en otros países; serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa, que incluye violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o enjuiciamientos injustificados de periodistas, censura, y serias restricciones a la libertad en internet; restricciones a la libertad religiosa; trata de personas, incluido el trabajo forzado; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil”.

Modelo represivo contra las Iglesias

También señala que las autoridades no investigaron ni procesaron estas acciones, y tampoco tomaron medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos en contra de los derechos humanos.

Para ejemplificar la magnitud de algunas de estas violaciones en relación con la libertad de prensa detalla que, desde el inicio de la crisis 276 periodistas se exiliaron y 56 medios de comunicación cerraron; y la única información que existe en el país es la oficial. Para la Red Centroamericana de Periodistas (RCP), Nicaragua es el país más crítico de la región para la prensa.

En materia religiosa, a finales de agosto se conoció la séptima edición del estudio Nicaragua: Una Iglesia perseguida, que resume un total de 1,010 ataques directos a las Iglesias; la expulsión de 302 líderes religiosos, incluidos cuatro obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN); el robo de al menos 36 propiedades incluidas Radio María y unas 16,563 prohibiciones de actividades.

Todos los días hay más familias que sufren porque asesinaron, apresaron, desaparecieron o torturaron a un familiar; o porque lo maltrataron, lo obligaron a exiliarse, le impidieron salir o ingresar al país o le confiscaron sus bienes.

Por todo esto, en la CDN nos esforzamos todos los días para denunciar, presionar y exigir la rendición de cuentas por estos crímenes que no deben quedar impunes. Exhortamos a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo, a impulsar acciones decisivas que alivien el dolor de los nicaragüenses y permitan rescatar la justicia, la democracia y la libertad de nuestro país.

La sucesión dinástica de los Ortega Murillo, enredada en su maraña autoritaria

La Constitución vigente en Nicaragua desde febrero de 2025, introdujo una figura inédita en Latinoamérica: la copresidencia. Según el artículo 121 de la llamada Constitución “chamuca”, la “Presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta, que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto”. Con esta fórmula pretendían consolidar jurídicamente el modelo de poder compartido entre Daniel Ortega y Rosario Murillo y, al mismo tiempo, sentar las bases para una sucesión dinástica en la que, a falta de Daniel Ortega, el poder permanezca en manos de la familia.

Esta innovación sería el blindaje definitivo del régimen. Buscaron legalidad a través de un procedimiento inconstitucional e ilegítimo, pero la figura carece de legitimidad. Ortega y Murillo no fueron electos bajo las nuevas reglas, su periodo pretende derivarse de las elecciones de 2021.

Como resultado de ese proceso electoral, calificado nacional e internacionalmente como una farsa electoral antidemocrática, Ortega asumió como presidente y Murillo como vicepresidenta, para un periodo que concluye en 2026.

En consecuencia, al ejercer como copresidentes, ambos incurren en una usurpación del cargo. La norma que diseñaron para perpetuarse en el poder se convirtió en la prueba más contundente de su ilegitimidad, porque incumplen la condición sine qua non del citado artículo 121.

La contradicción entre lo que establece la Constitución y la forma en que Ortega y Murillo ejercen el poder, tiene consecuencias profundas para su proyecto dinástico. Intenta inútilmente mudar la naturaleza de sus cargos; y es más grave para Murillo que fue proclamada como vicepresidenta, con funciones muy limitadas.

Sucesión incumpliría otros requisitos

El artículo 124 de la nueva Constitución establece que, en caso de ausencia definitiva de uno de los copresidentes, el otro concluirá el mandato. Esta disposición sólo tendría sentido si ambos hubieran sido electos bajo las nuevas reglas.

En ausencia de ese requisito, cualquier intento de Murillo de prolongar su poder tras la eventual desaparición de Ortega carecería de sustento legal. La sucesión que debería ser “automática” quedaría jurídicamente cuestionada y debilitaría el andamiaje diseñado para asegurar la sucesión dinástica. Más aún porque al intentar alcanzar un imposible jurídico, Murillo renunció a su anterior condición de vicepresidenta.

La usurpación de la copresidencia, también exacerba tensiones dentro del círculo de poder donde ya existen rivalidades y purgas, y abre espacio a disputas internas. Lo que debería ser una transición ordenada se está convirtiendo en un terreno de incertidumbre donde, en ausencia de un marco institucional claro y legítimo, cada facción reclama poder.

Las luchas internas se agudizarían por cuanto el artículo 126 CN no concede a los vicepresidentes la facultad de suceder a los copresidentes, únicamente admite que tendrán las funciones administrativas que ellos les deleguen; y si ambos copresidentes mueren antes de concluir el periodo habrá que celebrar nuevas elecciones. Para no debilitar su poder, hasta la fecha Murillo se ha negado a nombrar vicepresidentes, fortaleciendo su modelo totalitario y centralizado.

Sucesión dinástica empantanada

El proyecto dinástico enfrenta un obstáculo mayor, el descrédito absoluto ante la ciudadanía, que no ve en la sucesión familiar la continuidad de un liderazgo fuerte, sino la prolongación de una crisis sin salida; y la repetición de un modelo dinástico igual al de los Somoza, que provoca el rechazo de gran parte de la nación.

La usurpación de las copresidencias refuerza el aislamiento internacional de la dictadura. Ortega y Murillo actúan bajo una figura constitucional que no les corresponde. Su ilegitimidad de origen y de ejercicio, y la violación a sus propias disposiciones constitucionales, fruto de su chapucería jurídica, es un terreno propicio para su cuestionamiento.

El modelo de copresidencia en lugar de blindar al régimen, reveló su vulnerabilidad estructural. Al apropiarse de un cargo que no obtuvieron mediante sufragio, Ortega y Murillo minaron la base legal de su proyecto, aún más al pretender ampliar su periodo hasta 2027, con una disposición que no existe en el texto refundido oficial, sólo la incluyeron en el artículo 14 de la reforma aprobada. Pero que, aun salvando esta inconsistencia, no es aplicable ya que los copresidentes no son cargos electos por el voto popular, por tanto, son improrrogables.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la paradoja es evidente, lo que debería ser la coronación de su proyecto totalitario se transformó en su punto más débil. La usurpación de la copresidencia no fortalece la continuidad del poder dinástico, al contrario, lo convierte en un proyecto frágil, jurídicamente insostenible y políticamente aislado; por tanto, llama al desconocimiento de los Ortega Murillo como gobernantes de Nicaragua.