La reciente aprobación de lo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denomina “reforma parcial” constituye una flagrante violación al marco jurídico establecido en la Constitución anterior y la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esta supuesta reforma parcial, que en realidad es total, fue aprobada sin respetar los procedimientos previstos para una reforma de este tipo, lo que la convierte en un acto inconstitucional y jurídicamente nulo.

De acuerdo con la Constitución y la Ley 606, cualquier reforma debe seguir un procedimiento estricto que garantice transparencia, respeto al principio de legalidad y participación democrática. Específicamente, requiere una iniciativa formulada por el Ejecutivo o el Legislativo, acompañada de un proceso de deliberación y discusión en la Asamblea Nacional, que incluya un período de consulta y revisión. Esta no siguió este procedimiento y lo que aprobaron, por el número de artículos afectados y por el cambio de modelo de organización del Estado, implica la elaboración de una “nueva Constitución”.

Esta omisión constituye una grave violación a los principios fundamentales del derecho constitucional, por tanto, carece de efectos jurídicos válidos. En consecuencia, es nula desde su origen y no debería tener ningún efecto en el ordenamiento jurídico de Nicaragua.

Los vicios en el proceso de aprobación de esta reforma profundizan su ilegitimidad e invalidan jurídicamente las modificaciones introducidas en el texto y el modelo de poder que intenta consolidar. Por tanto, la reforma no tiene respaldo constitucional legítimo ni el de la soberanía popular. En consecuencia, el régimen continúa actuando fuera del marco legal, consolidando un sistema autoritario y centralizado.

Agrava la usurpación del poder

Asimismo, esta reforma inconstitucional agrava la usurpación del poder por parte de Ortega y Murillo, aniquila la estabilidad del orden legal y la confianza en las instituciones. Extender el mandato y transformar a Murillo de vicepresidenta a copresidenta, es igualmente ilegal; arrastra y profundiza la ilegitimidad de origen de la reelección de Ortega en 2011 que contravino una prohibición constitucional.

Por otro lado, la entrada en vigor de esta “nueva Constitución” implica la adopción de un modelo totalitario que elimina los principios del Estado de derecho. Con su aprobación en segunda legislatura, intentan oficializar un sistema político que despoja a las instituciones democráticas de su autonomía, concentra el poder en la figura de la “Presidencia”, sin los contrapesos necesarios de los Estados democráticos para el ejercicio legítimo del poder.

Además, la implementación de reformas secundarias y aprobación de leyes y reglamentos complementarios, para ajustar el marco normativo a esta “nueva Constitución”, es un intento de crear apariencia de legalidad. A través de estos “ajustes”, el régimen pretende maquillar la consolidación de un modelo represivo y autoritario para perpetuarse en el poder.

La “nueva Constitución” implica la concentración del poder, vulnera gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos y las obligaciones de Nicaragua frente al derecho internacional. 

Sienta las bases de una dinastía

Al convertir los poderes del Estado en órganos coordinados por los copresidentes, sin oportunidades reales de recurrir frente a las arbitrariedades, eliminan las garantías constitucionales que protegen las libertades y derechos individuales, y sientan las bases de un régimen dinástico y represivo sin precedentes en la historia constitucional del país. Esto profundiza la crisis institucional y demuestra el desprecio del régimen por el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de la población.

En consecuencia, la lucha por la restauración del Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos sigue siendo imperativa. Este acto de usurpación del poder, amparado en una nueva Constitución, no debe aceptarse como legítimo. La resistencia frente a este cambio es esencial para recuperar la soberanía y la dignidad del pueblo.

Los nicaragüenses debemos hacer causa común con venezolanos y cubanos, para enfrentar a los usurpadores del poder que constituyen un grupo mafioso que se auto respalda. La historia tarde o temprano juzgará la traición a la patria y la imposición de sistemas que carecen de legitimidad.

Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), es inútil que los codictadores resalten en los principios fundamentales de su Constitución la seguridad y la paz, ya que la mayor amenaza a la estabilidad está dada por su usurpación del poder. Además, es contradictorio que la “nueva Constitución” califique de traidor a la patria a todo aquel que exprese su compromiso con la democracia y la libertad, obviando que la verdadera traición, es atribuirse ilegítimamente la representación del soberano, negándole a este su derecho a elegir a través del voto.

Lo que no dijo el sector textil americano

Hace pocos días concluyó la etapa de recepción de testimonios escritos y orales, en la Investigación de los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, derechos humanos y el Estado de derecho, que realiza la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), amparada en la Sección 301, de la Ley de Comercio de 1974.

Dentro de los 150 comentarios escritos que recibió, ocho son de empresas y organizaciones de la industria textil estadounidense con presencia en Nicaragua, dos son confidenciales y el resto públicos.

Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), aclaramos algunos detalles que omitieron estas organizaciones y empresas en sus testimonios públicos.

En primer lugar, ellas muestran preocupación por los empleos que genera la industria textil y de confección y por la estabilidad de ellos, lo cual es loable. Pero estos no son los únicos empleos del país. Hay otras ocho actividades con afiliados activos en la Seguridad Social y juntas las nueve representan el empleo formal. En nuestro caso la preocupación es por los empleos de todos los sectores, no solo de uno.

Estadísticas anulan argumentos

Si vemos la foto completa, a noviembre de 2024 los reportes oficiales reflejan que en los últimos seis años el empleo de la industria manufacturera creció 6 % que equivale a unos 10 mil empleos, pero esta es la única actividad que muestra un leve crecimiento. En el mismo periodo el empleo formal total cayó más de 12 %, se perdieron 107 mil empleos.

En sus testimonios tampoco mencionaron que la Nicaragua de antes de 2018 es muy distinta a la actual. Según las estadísticas entre 2011 y 2017 la industria manufacturera creció 21 %, casi tres veces más que en los últimos seis años. Son 30 mil empleos versus 10 mil. Además, entre 2011 y 2017 el empleo formal total creció 58 % comparado con el 12 % de los últimos seis años. Eso implica que se crearon 336 mil empleos formales versus los 107 mil que se perdieron en el último periodo.

Las estadísticas contradicen otro de los argumentos de estos testimonios que asegura que el trabajo que genera el sector reduce las presiones migratorias. La realidad es que la crisis de derechos humanos que se registra desde 2018, redujo el empleo formal y provocó la mayor crisis migratoria de la historia. El sector no pudo frenar el éxodo del capital humano; se calcula que alrededor del 12 % de la población, que equivale a unos 900 mil nicaragüenses migró y estas empresas conocen esta realidad.

Nicaragua enfrenta una crisis política que se agrava cada día y desvanece las expectativas positivas. Sin embargo, parece que a estas organizaciones y empresas no les importa el costo que tenga que pagar el país mientras ellas sigan vendiendo sus productos y obteniendo ganancias. 

Ignoraron otras denuncias 

En sus testimonios también ignoraron la queja que presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los delegados de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), por el incumplimiento por parte de Nicaragua de los Convenios 87, 98, 111 y 144. Estas violaciones incluyen entre otras, el cierre de todas las organizaciones empresariales y el irrespeto de los derechos laborales.

Una de las gremiales cerradas es la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (ANITEC), entidad de la que estas organizaciones y empresas se beneficiaron por muchos años y ahora en lugar de exigir su restablecimiento, usan su cierre para justificar que es mejor no hacer nada y alegar que si la USTR impone castigos, estos reforzarían el control de Daniel Ortega sobre el poder y empeorarían las violaciones a los derechos humanos y laborales y al Estado de derecho.

En esa misma línea argumentan que imponer algún castigo, beneficiaría a los países asiáticos que compiten con ellos en el mercado. Pero no mencionan que China ya llegó a Nicaragua y hace competencia desleal a las empresas de su sector, tal como lo denunció ante la USTR la empresa Milliken & Company.

Además, la nueva Constitución que aprobó Ortega contempla la creación de regímenes especiales de desarrollo, que es la figura que China usa para apropiarse de los países a los que llega.

Por último, desde la CDN no podemos dejar de advertir que un país sin: talento humano, seguridad jurídica, principios democráticos, derechos y libertades, no atrae la inversión y el capital necesarios para crecer, y esto tarde o temprano, afectará irremediablemente las relaciones comerciales, la generación de empleo y el desarrollo de los mercados entre Nicaragua y Estados Unidos.