La dictadura Ortega Murillo aprobó recientemente la Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo, con la falsa justificación de razones de seguridad y defensa de la soberanía. Pero la realidad es que la vigilancia y protección, mediante el accionar policial y los dispositivos de defensa no tienen ninguna restricción legal en el territorio de la nación, porque el Ejército y la Policía pueden cumplir perfectamente con sus obligaciones constitucionales, independientemente del régimen de propiedad existente en la zona afectada.

La Ley 1258 nacionaliza unos 18,735 kilómetros cuadrados del territorio nacional, área que se determina multiplicando la extensión de las fronteras norte y sur por los quince kilómetros contemplados en la nueva norma, que considera esa zona de propiedad estatal, sin disponer indemnización sobre las mejoras, cultivos y otras inversiones realizadas, por sus legítimos dueños, a lo largo de muchos años.

La nueva disposición implica la confiscación de la propiedad privada, comunal y cooperativa en el 14.15 % del territorio nacional. Además, fortalece el modelo de propiedad estatal que avanza desde 2007, cuando Daniel Ortega retomó el poder, y ahora a través de leyes y procedimientos diferentes a los que aplicó durante su primer mandato de los años 80, pero que cumplen el mismo objetivo, reducir la propiedad privada e incrementar la estatal, para favorecer el control y la corrupción.

Mediante leyes como la 690, Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras; 620, Ley General de Aguas Nacionales; y 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los Ortega Murillo venían reduciendo el área del territorio nacional que puede ser privada o comunal, afectando con ellas los derechos de inversionistas nacionales y extranjeros; y disminuyendo drásticamente junto con otras leyes, el área susceptible de dominio privado o comunal.

En detrimento del sector privado

Todo esto, con el ánimo de construir progresivamente un régimen de propiedad estatal; y sin pagar los costos políticos que provocaron las confiscaciones individuales y masivas, posteriores a la revolución de 1979.

Este modelo de propiedad estatal, va en detrimento del rol protagónico del sector privado, de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y de la seguridad jurídica. Además, atenta contra la inversión privada nacional e internacional, violenta los derechos adquiridos, afecta a poblaciones enteras, importantes actividades productivas, y tradiciones y formas de vida de numerosas poblaciones indígenas.

El desconocimiento de la propiedad comunal implica la expropiación forzosa de tierras indígenas de las etnias miskita, mayangna y otras, asentadas a lo largo de los ríos Coco y San Juan. Esto, sigue estimulando el desplazamiento forzado de más de quince mil indígenas que hasta ahora, se han exiliado principalmente en  Costa Rica. País al que llegan huyendo de la violencia de los colonos que les roban sus tierras, el acoso de oficiales del Ejército y las consecuencias de la entrega de concesiones forestales y mineras a empresas chinas.

Para algunos analistas, la nueva ley se suma al entreguismo vendepatria de la dictadura Ortega Murillo frente al imperialismo chino, a quien le está otorgando enormes espacios para que establezcan enclaves de explotación de recursos naturales; pues con ella eliminan los obstáculos que podrían surgir, de parte de los propietarios afectados.

Nuevo atropello de la dictadura

Sin embargo, la recién aprobada Constitución establece en el artículo 161 la creación de regímenes especiales de desarrollo, lo que hace pensar que no se requiere de esta ley para favorecer los intereses chinos.

Por tanto, considerando los antecedentes podría deducirse que el régimen de propiedad impuesto, obedece a un proyecto piloto que, en base a la experiencia, podría hacerse extensivo al resto de la nación, donde terminarían de aplicar el modelo de propiedad estatal.

Sí bien este modelo permitiría a los anteriores propietarios usufructuar por mera tolerancia o mediante concesiones, las propiedades que eran de su dominio, le facilita a la dictadura Ortega Murillo, apoderarse de ellas en cualquier momento, si conviene a sus intereses, o privarlos de su uso si no se someten a las políticas de la dictadura.

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), rechaza este nuevo atropello de la dictadura Ortega Murillo, que al aprobar la Ley 1258 comete un nuevo abuso que afectará la vida de miles de nicaragüenses, y en especial a poblaciones indígenas.

Además, expresa su respaldo a todas las expresiones de resistencia cívica de los afectados; y el compromiso de que un futuro Gobierno democrático, revocará esta y todas las leyes represivas y restrictivas de derechos que implementan los Ortega Murillo; y determinará la responsabilidad correspondiente de quienes se beneficiaron de ellas en detrimento de los derechos de los nicaragüenses.

La otra cara que nos muestra el arancel

En el mundo de la vieja y retrógrada izquierda, la dictadura Ortega Murillo se presenta como una administración que garantiza prosperidad y seguridad a sus ciudadanos. Sus funcionarios asisten a los principales eventos que desarrollan las dictaduras del mundo, países con los que comparten su falta de compromiso democrático; y en los no alineados tratan de contar una versión alterna de la historia, enseñando un país “soberano”, próspero y seguro.

La dictadura se vende en el mundo occidental que tanto odia, pero necesita, contratando espacios en las principales revistas especializadas; y asiste a ferias turísticas en países democráticos que suele atacar. Paga para realizar en Nicaragua eventos deportivos continentales, en los que promueven pan y circo; y contrata a artistas que brindan conciertos sin importar la crisis del país. Esto es parte de una estrategia con la que buscan mejorar su imagen, empañada por los crímenes cometidos y la destrucción de la democracia.

De la misma manera, aunque ya abandonó la mayoría de los organismos de Naciones Unidas, sigue siendo parte del Sistema y aún no sale de espacios donde puede obtener beneficios, aunque sólo sean propagandísticos.

Un papel importante en esta estrategia es la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las agencias calificadoras de riesgo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Con el FMI sacan provecho de la relación que lograron desarrollar con el equipo que atiende a Nicaragua, y este ignora la destrucción del Estado de derecho y las violaciones a los derechos humanos. También, acepta las estadísticas que le presentan, sin importar que economistas independientes argumentan la falta de veracidad de esos números. Por ser una de las relaciones más provechosas que mantienen, al equipo del FMI le otorgan un lugar privilegiado.

La CDN espera cambios 

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), espera que ahora que el FMI está buscando un nuevo asesor jurídico para su división de Gobernanza y Anticorrupción —instancia que se centra en la corrupción, anticorrupción y el Estado de derecho— la relación con Nicaragua cambie, y que esos esfuerzos no queden sólo en papel.

Algo similar ocurre con las agencias calificadoras de riesgo debido al impacto mediático favorable que representan. Por tanto, no sería extraño que el Banco Central de Nicaragua (BCN), tenga contratos de servicio con ellas, para asegurarle al país una mejor exposición.

Otro caso muy particular es con el BCIE, uno de los últimos eslabones que les queda con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) que, hasta antes del 2018, garantizaron el crecimiento económico del país.

Incluso, la importancia del BCIE es una de las razones que explica la pasividad de los Ortega Murillo en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), donde ha sufrido revés tras revés en su intento por imponer a un secretario general, derecho que les correspondía por el mecanismo de rotación del que gozan sus integrantes, que también gozan del privilegio de pertenecer al banco.

De otra forma, seguramente ya habrían abandonado el SICA como lo hicieron en otros organismos donde no consiguieron lo que querían; pero del BCIE siguen recibiendo financiamiento, que cada vez es más escaso y caro.

El arancel del 18 % 

Todo esto muestra que los Ortega Murillo no escatiman esfuerzos para vender una realidad alterna en espacios donde todavía pueden hacerlo. Sin embargo, la reciente entrada en vigor del arancel del 18 % para las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos nos muestra la otra cara de la moneda.

Mucho se ha escrito sobre las implicaciones de esta medida en relación al posible cierre de empresas, pérdida de empleos, deterioro de la competitividad y otros. Sin embargo, un hecho que no deja duda al respecto es que la dictadura no tuvo ninguna posibilidad de incidir en esta decisión. Pues ya no existe la relación que tuvieron con el Gobierno americano y que en su momento les permitió beneficiarse política y económicamente.

Esto sumado a otras decisiones recientes, entre las que destaca que las confiscaciones a nacionales y extranjeros son nuevamente una realidad; y el cambio en las reglas del juego para empresas e inversiones, que eliminó toda certidumbre jurídica, sólo aumenta las amenazas y los riesgos para esa relación.

Todo esto deja ahora a la economía nicaragüense en una situación similar a la que enfrenta durante el paso de los ciclones, es decir, expuesta a un fenómeno que no puede controlar, y sólo le queda esperar que la tormenta no se convierta en huracán.

La relación es similar con los países democráticos de la región, la Unión Europea, el SICA, las IFI, organismos de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas, lo que evidencia que a pesar de los esfuerzos que la dictadura Ortega Murillo hace para limpiar su sucia imagen, estos son inútiles en los espacios donde más los necesita.