El aislamiento diplomático autoimpuesto por el régimen Ortega Murillo frente a la comunidad democrática, y el retiro y ofensiva desarrollada contra organismos y agencias internacionales busca en primer lugar, cerrar las puertas a todo intento de incidir o tratar de influenciar contra su deriva totalitaria; y en segundo, evitar testigos incómodos que tomen nota directa para denunciar sus abusos.

La ruptura con siete instituciones multilaterales del sistema de Naciones Unidas; el  retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA); de la Corte Centroamericana de Justicia, que es parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); y la parálisis que provocaron al obligar al secretario general del SICA de origen nicaragüense a renunciar, bajo su política de que si no lo controlan no permiten que funcione, son decisiones que contribuyen a mantener el escudo totalitario frente a la presión diplomática.

El régimen no desea que se repitan los intentos de diálogo y negociación, como los de mayo de 2018 y febrero de 2019, con la Alianza Cívica bajo la mediación, primero de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), y luego, de Estados Unidos, la OEA y del Vaticano, cuando firmó acuerdos que nunca cumplió. Tampoco retomó el modelo de diálogo-consenso con el sector privado, mecanismo que eliminó de su nueva Constitución.

Rechazan la mediación

El agotamiento de la diplomacia se refleja, en el rechazo de mediaciones como las intentadas en diferentes ocasiones por la secretaría general de la OEA y por el Consejo Permanente que conformaron Grupos de países con los que la dictadura se negó a conversar. También, por la decisión de no participar en foros multilaterales y la negativa de recibir a misiones internacionales como las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras comisiones de especialistas de la ONU.

La barrera al ejercicio diplomático también incluyó la expulsión o impedimento de ingreso de agencias humanitarias, como la Cruz Roja Internacional; la ruptura de relaciones diplomáticas con Países Bajos y el Vaticano; y la declaración de personas non gratas con la que constantemente amenaza a los diplomáticos acreditados en Managua que se atrevan a emitir cualquier crítica.

Dejar de lado una conducta de buenas relaciones con los países democráticos y alinearse de forma beligerante con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba, ha llevado a la dictadura a incurrir en actos hostiles o desestabilizadores.

Entre ellos, el ejercicio de guerra híbrida contra los Estados Unidos mediante la promoción de la migración irregular por vía terrestre usando como puente el Aeropuerto Internacional de Managua; el desarrollo de la violencia transfronteriza contra los opositores, especialmente en Costa Rica, violando su soberanía; y las campañas de desinformación y propaganda contra las democracias, que contribuyen con las estructuras de desestabilización de Rusia, China e Irán.

No abandonar por completo la diplomacia

La comunidad internacional ya constató que los Ortega Murillo no están dispuestos a resolver, por medios pacíficos, la crisis interna y los conflictos que ha generado. Eso provocó que la OEA no incluyera la situación de Nicaragua en la agenda de la 55 Asamblea General, a pesar de que continúan vigentes las resoluciones, anteriormente aprobadas, que mandatan dar seguimiento a la crisis a pesar de la salida del país del organismo.

El desacato de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y resoluciones de organismos multilaterales competentes en esta materia, confirman lo inútil de cualquier acercamiento de buena voluntad.

La dictadura se siente segura y protegida por sus alianzas estratégicas con potencias extracontinentales y está dispuesta a involucrarse en los juegos de poder de esas naciones que, al tener a los Ortega Murillo a su servicio, han ampliado su influencia y control en el continente. Por esa seguridad, le dieron la espalda a los valores éticos y a las normas del derecho internacional, calculando ilusamente que la práctica del poder con sus aliados frente a las democracias, les permitirá consolidarse e incluso contribuir a la derrota de las mismas.

Agotada la diplomacia, la “realpolitik” sólo puede conducir a quienes se sienten amenazados por la política exterior de los Ortega Murillo, a medidas coercitivas o excepcionales. Sin embargo, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), considera que la diplomacia no debe abandonarse por completo, sino reconfigurarse junto a otras medidas efectivas que protejan a los nicaragüenses frente a una dictadura criminal y salvaguarden la paz en la región, ya que la diplomacia sin un nivel apropiado de presión ya demostró que es inefectiva.

El verdadero muro de contención es contra la inversión

A raíz de la decisión de la administración Trump de terminar las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nicaragua en 2025, quedó claro que, el supuesto muro de contención que la dictadura Ortega Murillo propagandeaba como logro de política internacional en materia de seguridad, en realidad no existía.

Desde que el régimen rompió con la comunidad democrática internacional y se cubrió bajo la sombra de las principales dictaduras del mundo, desechó las relaciones donde no obtiene ningún beneficio, o el costo de seguir es mayor que el beneficio. Ese es el caso de todos los espacios de donde se retiró, o inició los procesos para hacerlo.

Al mismo tiempo que se alejaba de los espacios democráticos, impulsaba el tráfico de drogas y la migración irregular, como parte de las actividades que ahora prioriza junto a otras dictaduras y grupos delincuenciales.

Pero no sólo se ha alejado de espacios democráticos e impulsado actividades ilegales. Para tener control total de la sociedad, paralelamente desmantela los del campo económico, a través de cambios en el marco legal en que operan las empresas privadas que no son suyas o de sus allegados.

Desde 2018 desarrolla un proceso sistemático de destrucción en el campo económico, que se incrementa de manera progresiva. Inició con las tomas de tierra en 2018 y continuó en 2019 con una reforma tributaria que impactó negativamente, principalmente entre las pequeñas y medianas empresas; muchas de ellas cerraron y las que sobrevivieron pagan impuestos de extorsión.

Empresas no pueden defenderse

Las empresas que han subsistido, no han contado con un marco legal para defenderse de las decisiones que les imponen las autoridades tributarias, aduaneras, municipales o de cualquier otro ámbito.

A partir del 2023 cerraron todas las asociaciones empresariales y les confiscaron sus bienes. Esto generó una denuncia contra la dictadora Ortega Murillo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el incumplimiento de cuatro convenios relacionados a la libertad sindical; el derecho a la sindicación y negociación colectiva; la discriminación en el empleo; y la consulta tripartita. Proceso que culminó con la creación y conformación de una Comisión de Encuesta, por segunda vez en la historia del país y bajo el mismo gobernante.

Además, el objetivo de la reforma constitucional vigente desde febrero y las leyes económico-financieras aprobadas recientemente, es concentrar el poder del Estado sobre lo económico, mediante la eliminación de los compromisos estatales promovidos por el sector privado y la construcción de un marco jurídico represivo (y ya no de hecho), que mantiene a empresas y empresarios completamente subordinados, indefensos y en manos del Estado.

La nueva ley de inversión extranjera y su reglamento controlan a las empresas nacionales y extranjeras. En el caso de las inversiones nuevas tendrán que ser aprobadas por el hijo de los co-dictadores; y las extranjeras existentes, para seguir en el país están obligadas a firmar un contrato de inversión con el Estado, independientemente de que les parezca o no su contenido.

Ningún empresario independiente, ni empresa nacional o extranjera tiene seguridad en Nicaragua. Su existencia, certidumbre o rentabilidad no está determinada por su eficiencia, competencia o productividad, sino por lo que decida la familia Ortega Murillo, que puede cambiar su opinión en el momento en que lo deseen.

Empresas están en indefensión 

Un ejemplo de hasta dónde llega la indefensión de los inversionistas quedó en evidencia hace pocos días, con la aprobación de un préstamo que la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel), recibirá de una empresa china para entrar al negocio de la telefonía móvil; negocio en el que la dictadura será competidor desleal para las compañías Tigo y Claro. Además, autorizó el uso de la infraestructura de estas empresas y de las compañías privadas de torres para que Enatrel coloque sus antenas sin tener que invertir, como deben hacerlo las empresas privadas.

Este proceso contra el sector privado ha provocado que, prácticamente en los últimos años no haya inversión privada nueva, ni nacional ni extranjera. Lo que se observa es la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras que están en el país, en parte porque no les autorizan distribuirlas.

A esto hay que agregar que recientemente, la dictadura que se caracteriza por manipular sus estadísticas a vista y paciencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), redujo los montos de inversión extranjera que había anunciado en 2021, 2022 y 2023. Adicionalmente, este año no ha presentado cifras de la inversión extranjera que ha llegado al país.

Por todo lo anterior en la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), consideramos que el verdadero muro de contención que la dictadura construyó en los últimos años es contra la inversión y no contra el tráfico de drogas; y que el gran perdedor es el pueblo nicaragüense que,  a pesar de lo que digan en sus informes el FMI y las Agencias Calificadoras de Riesgo, que complacientemente callan estas realidades, ve como se pierden las esperanzas de un futuro con crecimiento económico y generación de empleo.