El más reciente informe presentado por el Estado de la Región, afirma que actualmente Centroamérica se encuentra en la situación política más grave y peligrosa desde que finalizaron los conflictos armados internos de finales del siglo XX. El Volumen II, del Séptimo Informe Estado de la Región, analiza los regímenes y la cultura política en Centroamérica y República Dominicana durante los últimos dos años y arriba a cuatro grandes conclusiones.
La primera es que en la Centroamérica actual es posible encontrar diversos tipos de sistemas políticos que van desde democracia liberal hasta autocracias y regímenes híbridos. La segunda, es que esta variedad política es parte de una tendencia de profundización en la regresión democrática, que tiene en Nicaragua y El Salvador los casos más severos y preocupantes.
El tercer gran hallazgo es que, al comparar la situación con una perspectiva de largo plazo, varios países están cerca o tienen niveles similares a las épocas de inestabilidad y conflicto del siglo pasado. El último, se refiere a la ambivalencia de los ciudadanos respecto a la democracia, lo cual no significa que tengan una abierta preferencia por el autoritarismo.
Estas conclusiones son valiosas para poner en perspectiva la influencia de la deriva dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo en esta tendencia centroamericana. En efecto, los líderes autoritarios de la región han observado con mucha atención lo que sucede en Nicaragua y al menos en cinco países es posible observar patrones similares.
La concentración del poder
Uno de los más destacados es la concentración de poder en la figura presidencial y el afán de sostenerse en los cargos. Como es bien conocido por los nicaragüenses, desde que regresó a la presidencia en 2007, Daniel Ortega creó las condiciones para perpetuarse en el poder y asegurar la continuidad de su proyecto político autoritario a través de su familia, comenzó con su esposa y cómplice, Rosario Murillo, ahora auto nombrada copresidenta de una dictadura bicéfala. Nayib Bukele en El Salvador y el clan Castro Zelaya, en Honduras han dado muestras de seguir esos mismos pasos continuistas y nepóticos.
Otra tendencia similar es el debilitamiento y subordinación de los otros poderes estatales a la Presidencia. En Nicaragua, la imposición de una nueva Constitución por la dictadura Ortega Murillo rompió la independencia y autonomía de los demás poderes y los convirtió en órganos subordinados a la Presidencia, alterando el necesario contrabalance de las democracias modernas. El presidente salvadoreño también logró subordinar a su favor al Parlamento y al Poder Judicial; mientras que en el resto de la región se han presentado fuertes tensiones entre los Ejecutivos y otros poderes estatales.
El uso de la fuerza y la subordinación de las instituciones militares para sostener a los regímenes autocráticos es otra tendencia presente. Los Ortega Murillo impusieron un estado policial sobre la sociedad nicaragüense, siembran el terror y persiguen dentro del país y más allá de las fronteras a quienes consideran opositores.
En El Salvador, Bukele optó por el populismo punitivo que consiste en la imposición prolongada del Estado de excepción y el uso de las fuerzas militares y policiales para frenar la inseguridad y violencia. Los resultados de su modelo le ha generado altos niveles de apoyo de la población, pero han provocado graves y masivas violaciones de derechos. Situaciones similares, pero a menor escala se presentan en Honduras y Guatemala donde han adoptado el esquema del Estado de excepción en ciertas localidades.
Flagrantes violaciones a los derechos
Otro aspecto crítico en la región se refiere a las restricciones y flagrantes violaciones de derechos humanos y ciudadanos en prácticamente todos los países. Durante los últimos años se generalizó la vigilancia y persecución contra defensores de derechos humanos, la prensa independiente y organizaciones sociales, entre otras.
En Nicaragua, los organismos internacionales de derechos humanos han calificado la situación como crímenes de lesa humanidad, mientras que en El Salvador, Honduras y Guatemala hay casos de detenciones arbitrarias. El desplazamiento forzado, el exilio y la apatridia, se convirtieron en consecuencias funestas de la persecución al menos en cuatro países de la región.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), coincide con el informe Estado de la Región, sobre la necesidad de atención especial que merece el escenario político de la región centroamericana. Aunque cada país tiene condiciones específicas, todos están expuestos a la mala influencia que la dictadura de Nicaragua ejerce sobre la situación, con la reproducción de patrones autoritarios que alcanzan a instancias como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), con el impase en la Secretaría General del organismo.
Además, la CDN reitera el llamado a la comunidad internacional a prestar atención para prevenir que los autoritarismos se afiancen definitivamente en Centroamérica y particularmente en Nicaragua.
La desnacionalización como medida represiva
La desnacionalización es uno de los mecanismos más extremos y arbitrarios del aparato represivo de la dictadura Ortega Murillo. Lo usa junto al destierro forzado o como una forma de persecución transnacional para amedrentar, intentar silenciar y deslegitimar a quienes sostienen posiciones críticas o desempeñan algún rol en la labor de denuncia de las violaciones masivas y reiteradas de los derechos humanos.
Desde 2020 el régimen Ortega Murillo se preparaba para privar de la nacionalidad a los opositores. Aprobó la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que amplía el concepto de “traidor a la patria” y abre el camino para el despojo de la nacionalidad sin el debido proceso.
En 2023 aprobó la Ley 1145, Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad. En noviembre de 2024 la Ley 1228, Ley de Reforma y adiciones a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, y de adición a la Ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua, con esta pretendió legalizar las negativas de ingreso al país, destierro y desnacionalizaciones que ya realizaban arbitrariamente y para cancelar la nacionalidad nicaragüense adquirida.
Después de aprobar legislación que contradecía la Constitución vigente en ese momento, el 9 de febrero de 2023 aprobó en primera legislatura, una reforma al artículo 21 que establece la pérdida de la nacionalidad a los supuestos traidores a la patria, consolidando un modelo represivo al mejor estilo de Hitler, Stalin y Mussolini.
No requiere comprobar traición
En el artículo 24 de la Constitución de 2025, conocida popularmente como “Constitución chamuca”, reiteraron la pérdida de la nacionalidad para los supuestos traidores a la patria. Ampliaron el concepto y ahora no requiere que esta traición se compruebe durante una guerra o conflicto armado, ahora basta ser opositor.
Este año, el 16 de mayo aprobaron en primera legislatura, una reforma a los artículos 23 y 25 de la recién estrenada Constitución, que establece la pérdida de la nacionalidad a quienes adquieren la de otro país y agregaron una nueva causa para la privación de esta.
Esta última reforma provocó reacción de parte de los miles de nicaragüenses que residen, dentro y fuera del país, y se han visto obligados a optar a una segunda nacionalidad para insertarse, con algún nivel de dignidad en las naciones donde han emigrado, huyendo de las condiciones políticas o económicas de Nicaragua.
En respuesta a esta reacción el régimen inició una campaña oficiosa y oficial, con la que pretende resaltar el principio de irretroactividad de la ley, obviando que sus actuaciones en esta materia siempre fueron en forma retroactiva. Así ocurrió con los 222 ex reos políticos desterrados a Estados Unidos y los 94 opositores exiliados. Todos fueron afectados de forma expresa sin que la reforma constitucional estuviera vigente.
En los últimos años actuó igual contra los miles de ciudadanos a los que les ha impedido retornar al país o negado la emisión del pasaporte, convirtiéndolos en apátridas de facto sin base legal alguna.
No respetan la irretroactividad
La aplicación retroactiva de la Constitución, aprobada sin consulta ciudadana, es una práctica reiterada, usada incluso para que los copresidentes Ortega y Murillo, permanezcan en el poder un año más. También para transformar a la vicepresidenta Murillo en copresidenta, sin necesidad de realizar elecciones.
La campaña sobre la irretroactividad de la reciente reforma constitucional, carece de credibilidad porque su historial la contradice. Se considera una pausa táctica mientras baja el nivel de descontento, pero sin duda la usarán contra los nicaragüenses que tengan otra nacionalidad y el régimen los considere una amenaza.
Un país que en el último medio siglo provocó la migración masiva de sus ciudadanos y alrededor de una cuarta parte de su población vive en el extranjero, cuando castiga a quién forzó a salir, comete una doble injusticia e incurre en otra grave violación a los derechos humanos. Por cuanto el cambio de nacionalidad es un acto libre y protegido que no debe ser sancionado, más cuando es una forma para superar la discriminación, exclusión e incluso xenofobia en los países que los han recibido.
El derecho internacional establece que los migrantes deben ser protegidos contra cualquier forma de coerción por parte de su país de origen y que tienen derecho a integrarse en el país receptor y adquirir la nacionalidad si le fuere posible.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la política de desnacionalización es una gravísima violación a los derechos humanos, que debe ser impugnada internacionalmente con el apoyo de la diáspora nicaragüense que en su conjunto se ve amenazada por una creciente política represiva transnacional.