Una buena legislación, requiere una efectiva implementación
El 16 de abril el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos presentó la iniciativa denominada: Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua (S.1881), trabajada de manera conjunta por los senadores Marco Rubio del partido Republicano y Timothy Kaine del partido Demócrata.
Tras el estallido de la crisis política nicaragüense del 2018, el Congreso estadounidense aprobó, ese mismo año la Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua, conocida como Nica Act; y tres años después, con apoyo de ambos partidos se aprobó la Ley de Reforzamiento de Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer.
Es importante destacar que la iniciativa presentada en abril, demuestra que en el Congreso se mantiene el respaldo bipartidista para seguir ejerciendo presión sobre la situación en Nicaragua, y para hacer pagar al régimen autoritario de los Ortega Murillo por los crímenes y abusos perpetrados contra los actores políticos democráticos, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones religiosas, los medios de comunicación y las instituciones académicas en Nicaragua y otros sectores de la sociedad.
La iniciativa propone el respaldo permanente al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hasta que se logre una solución a la crisis sociopolítica, que incluya el compromiso de realizar elecciones libres y observadas; el cese de la violencia; investigaciones independientes de los asesinatos cometidos durante las protestas; y la restauración de la ciudadanía y los derechos políticos y civiles, a los nicaragüenses despojados de estos, entre ellos los 222 excarcelados políticos que fueron expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero del 2023 y al grupo de 94 despojados de su nacionalidad el 15 de febrero del 2023.
Cabe destacar que a pesar de que este es un año electoral en Estados Unidos y que el mundo enfrenta dos conflictos bélicos de gran envergadura: Rusia-Ucrania e Israel-Hamas, la crisis de Nicaragua sigue presente y se mantiene en la agenda del Congreso estadounidense.
En las condiciones políticas actuales, esto es sumamente importante porque la crisis de Nicaragua ya no debe ser solo vista como un problema de orden interno, en un pequeño país del tercer mundo en el que se violan los derechos humanos constantemente y la democracia fue desmantelada; sino como un problema de seguridad incluso para Estados Unidos y el resto de Centroamérica.
Actualmente Estados Unidos y la región enfrentan una crisis migratoria sin precedentes, promovida por Daniel Ortega que eliminó el requisito de visa de ingreso a Nicaragua a los ciudadanos de Cuba, Haití, India y otros países de Asia y África, que además cuenta con el apoyo de los Gobiernos de Cuba y Venezuela. Esto ha provocado la llegada a suelo nicaragüense, por vía aérea de miles de migrantes que luego retoman, por tierra, su tránsito hacia Estados Unidos. El ingreso de miles de migrantes irregulares, está provocando una crisis de gran envergadura, con ramificaciones no solo socioeconómicas sino también en el ámbito de la seguridad interna para los estadounidenses.
Además, la entrega política-económica de Nicaragua con Rusia y China que se está concretando de manera acelerada, y que ha llevado a Ortega a expresar su apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania provocó que, en la iniciativa de ley, en la sección de la ampliación de las sanciones dirigidas, se incluyera este tema como uno de los nuevos motivos para sancionar.
En esa misma línea, podemos mencionar la fallida acusación de Nicaragua contra Alemania en la Corte Internacional de Justicia; el interés desmedido de Ortega de que Rusia y China sean parte del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN); y la entrega de más de 200 mil hectáreas de concesión minera a empresas chinas, entre muchos ejemplos recientes.
De ahí la importancia de esta iniciativa que extenderá la vigencia de la Nica Act hasta el 2030 y conjugará. tanto la Nica Act como la Ley Renacer, en esta nueva legislación que, además pretende darle más herramientas al Gobierno de Estados Unidos para golpear los pilares económicos que sostienen a la dictadura Ortega Murillo. Las presiones no estarán enfocadas únicamente en el sector minero, sino en cualquier otro que determinen las autoridades. Además, se contemplan estrategias diplomáticas dirigidas a restringir el financiamiento que recibe Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una revisión exhaustiva de la participación de Nicaragua en Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (conocido como DR-CAFTA).
Es importante destacar que esta iniciativa sugiere establecer esfuerzos diplomáticos conjuntos con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, así como con la Santa Sede, la Cruz Roja Internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la diáspora nicaragüense tanto en Estados Unidos como en Costa Rica.
Pero aún no podemos cantar victoria, quedan dos tareas pendientes. La primera es asegurar que la iniciativa continue su camino a través del Senado y la Cámara de Representantes para que luego llegue al presidente Joe Biden para que la firme y promulgue.
Desde la Concertación Democrática Nicaragüense CDN-Monteverde, enfocaremos nuestros esfuerzos para que esto ocurra en los próximos meses. La segunda y más importante tarea, es mantener vivo el mensaje de que una buena legislación sin una efectiva implementación no produce los resultados deseados. Por tanto, está en manos de la administración estadounidense, hacer que la voluntad de los legisladores de ambos partidos plasmada en esta legislación sea una realidad.