¿Hasta dónde llegará la dictadura en contra de las Iglesias en Nicaragua?
En los últimos días, el caso de Nicaragua volvió a ser noticia internacional por una nueva ola represiva en contra de la religión, expresada a través de encarcelamientos y destierro de sacerdotes al Vaticano, y la cancelación jurídica de asociaciones católicas y evangélicas.
Las principales agencias de noticias del mundo y portales católicos, incluidos los de la Santa Sede publicaron los más recientes ataques perpetrados por el régimen Ortega Murillo.
Lo que no es nuevo, es el ataque contra la religión y la libertad de culto indistintamente de que la Iglesia sea católica, evangélica o morava. A todas las atacan sin piedad.
En la primera etapa del sandinismo en los 80, la Iglesia sufrió los ataques de la revolución a través de encarcelamientos, acusaciones públicas y destierro de sacerdotes, y desplazamiento de comunidades, entre otros.
En esta segunda etapa que empezó en 2007, Daniel Ortega primero quiso tener una relación menos frontal. A pesar de esto, a través de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), la jerarquía católica mantuvo una posición pública consecuente con la situación del pueblo nicaragüense y sus demandas por el deterioro de la institucionalidad democrática.
A raíz de la crisis sociopolítica de 2018 y del papel que los obispos jugaron en el primer Diálogo Nacional, protegiendo las demandas y la vida de miles de ciudadanos que protestaron, Ortega retomó su hostilidad contra el catolicismo y lo ha llevado a niveles inimaginables, a tal grado que los acontecimientos actuales nunca se habían registrado en la historia del país.
Ahora la tónica es: líderes religiosos y laicos presos, incomunicados o desterrados; el representante del papa expulsado; asociaciones religiosas canceladas; medios de comunicación religiosos cerrados y confiscados; celebraciones masivas fuera de los templos prohibidas; bienes muebles e inmuebles expropiados; presencia policial en las actividades limitando la libertad de culto; y líderes religiosos bajo permanente vigilancia, amenazas y chantajes.
División y represión son las dos caras de la moneda que el régimen acuña desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018. Unos pocos líderes católicos y evangélicos, operan bajo sus directrices; el resto, la mayoría enfrenta una represión dramática.
El dilema es, guardar silencio para proteger a los que siguen en el país, o alzar la voz en nombre de los perseguidos, sabiendo que habrá consecuencias. Es decir, los que no se venden tienen que callarse o pagar las consecuencias. No hay espacio de maniobra, son rehenes de la dictadura igual que el resto del pueblo nicaragüense.
Como resultado de lo anterior, la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), designó a la dictadura Ortega Murillo dentro de la categoría de Países de Especial Preocupación, lo que significa que comete violaciones sistemáticas, continuas y atroces contra el derecho a la libertad de religión o creencia. Ahora Nicaragua está junto a China, Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte y otros, en la lista de los 17 países que violan la libertad religiosa.
La libertad religiosa fue desmantelada igual que la de expresión, la de organización, la de asociación y la autonomía universitaria. Esto sucedió ante los ojos de la comunidad internacional sin mayor costo para los violadores.
En este contexto cabe preguntar: ¿Hasta dónde llegará la violación sistemática de los Ortega Murillo contra las Iglesias y las libertades, incluida la religiosa? ¿Hasta dónde permitirá la comunidad internacional que lleguen? Esto parte de entender que el de Nicaragua no es un régimen democrático, sino una dictadura y como tal deben tratarla.
Como sugiere el informe de la USCIRF, para ejercer la presión necesaria para frenar estos abusos, se debe hacer un esfuerzo conjunto entre países y organizaciones, acompañado de sanciones sobre personas y agencias gubernamentales violadoras de estos derechos.
En la Concertación Democrática Nicaragüense-CDN, estamos conscientes que ya no es momento de comunicados, pero el silencio tampoco es la solución, porque en el largo plazo, el costo será mayor. Latinoamérica está en riesgo si permiten que las dictaduras de Nicaragua y Venezuela se sigan consolidando. Es hora de que la comunidad internacional actúe para preservar no solo la libertad religiosa sino la democracia en toda la región.