La gran mentira del canal interoceánico en Nicaragua

En Nicaragua, la construcción de un canal interoceánico que una el Mar Caribe y el océano Pacífico, es un mito de la política y el desarrollo que el país arrastra desde el siglo XIX. Distintos gobiernos han anunciado su construcción vendiendo la ilusión de que ese canal sacará a los nicaragüenses de la pobreza; sin embargo, hasta ahora ninguno de esos proyectos anunciados con bombos y platillos, se ha materializado.

El más reciente intento se hizo en junio de 2013, cuando la dictadura encabezada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo utilizó el control que tienen sobre la Asamblea Nacional para aprobar la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre comercio e Infraestructuras Asociadas, que le otorgaba al oscuro empresario chino Wang Jing, la concesión por cien años para construir la vía acuática y otros proyectos anexos.

Tal como revelaron numerosos estudios realizados por especialistas, incluida la Academia de Ciencias de Nicaragua, los términos de la concesión y la construcción del canal en lugar de representar un hito en el desarrollo y bienestar para la población, estaba pensada para asegurar el enriquecimiento de la familia dictatorial y su círculo de poder con un inmenso despojo de valiosas propiedades y recursos naturales, a miles de nicaragüenses.

La onerosa entrega de la soberanía nacional desató el rechazo ciudadano y numerosas protestas a través de distintas organizaciones, entre ellas las de los habitantes de la ruta del canal, que durante años movilizaron a miles de campesinos anti canal, que perderán sus tierras si algún día la obra se concreta.

La gran apuesta con China

Trece años después de ese acto contra la patria, la dictadura volvió a utilizar el Poder Legislativo. En esta ocasión, para dejar sin efecto la Ley 840, pero también para reformar la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua a la que le hizo leves cambios, para instalar al frente a la Autoridad de El Gran Canal a nuevos subordinados.

Estos cambios que podrían considerarse como una victoria de las demandas ciudadanas anti canal, en realidad están motivados por los intereses del clan Ortega-Murillo y de China, uno de sus aliados políticos más recientes.

En esa nueva alianza que el régimen dictatorial se ha apresurado a consolidar a cualquier costo, está ofreciendo a Nicaragua en bandeja para ser usada como una plataforma de los intereses del gigante asiático en Centroamérica. Las señales que sugieren la intervención china en este nuevo intento canalero, no tardaron en manifestarse. El primero en mandarlas fue el mayor general en retiro, Oscar Mojica Obregón, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), que insinuó que China podría ser el nuevo inversionista del megaproyecto. Otra señal fue el reciente otorgamiento de la personería jurídica a la Asociación Pro-Unificación Pacífica de China en Nicaragua (APUPCN).

Para los Ortega-Murillo cambiar a Wang Jing por China no hace mayor diferencia ya que el trasfondo de ese fallido intento de megaproyecto es garantizar su enriquecimiento personal. Pero tomando en cuenta que, en países de otros continentes, como los de África Subsahariana e incluso de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, la depredación de los recursos naturales y del medioambiente por parte de los chinos tiene consecuencias devastadoras, para Nicaragua esta posibilidad representa una amenaza a su soberanía y también a su desarrollo futuro porque tampoco asegura el empleo para la fuerza de trabajo nicaragüense, tal como ha ocurrido en numerosos proyectos chinos donde emplean solamente a sus propios trabajadores.

La dictadura Ortega Murillo pretende vender nuevamente este proyecto tal como lo hizo en 2013 y como lo ha hecho con otros megaproyectos. La ciudadanía sabe que es otro engaño, porque como en otras ocasiones, se trata de una promesa incumplida forrada ahora con el muy llamativo pero endeble, papelillo chino. Es entregar el poder absoluto a China sobre una amplia franja del territorio nicaragüense; un riesgo que trasciende al resto de países de Centroamérica, e incluso a Estados Unidos por la confrontación entre potencias y por las amenazas a su seguridad.